Proyecto de simplificar trámites busca impactar de forma positiva a los 24 territorios y 8 pueblos indígenas de Costa Rica.

Eliminar el exceso de requisitos y trámites administrativos a las personas usuarias indígenas en los diversos procesos judiciales, es el trabajo que se busca con la revisión de todas las circulares internas emitidas por el Poder Judicial referente a la prestación de los servicios judiciales.

La prioridad será la construcción de una circular que agilice lo referente a las ayudas económicas y administración de cajas chicas, que se destinan a esta población cuando así lo requieren.

Esta iniciativa cuenta con el visto bueno de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de la Acceso a la Justicia y se desarrolla en forma coordinada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, la Contraloría de Servicios, cuya jerarquía asume el cargo de Oficial de Simplificación de Trámites del Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva y representantes de la Defensa Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, entre otros.

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez informó que la actividad se realiza gracias al apoyo del Consejo Superior del Poder Judicial que autorizó la iniciativa de plantear propuestas de simplificación de trámites dispuestos en las circulares relacionadas con poblaciones indígenas y construirlas en forma articulada con dichos pueblos a fin de plantearlas a la Corte Plena y el Consejo Superior, como tomadores de decisiones, previo visto bueno de la Comisión de Acceso a la Justicia y el apoyo técnico operativo de la Unidad de Acceso a la Justicia.

Para el Contralor de Servicios del Poder Judicial y Oficial de Simplificación de Trámites, Erick Alfaro Romero, este trabajo resulta particularmente importante porque involucra activamente a las personas indígenas, quienes han compartido sus experiencias y sus emociones al enfrentar los trámites judiciales. Y se ha recabado información valiosa sobre cómo se desarrollan, en la práctica, los servicios, lo que permite presentar una serie de acciones de mejora.

La tarea prioritaria e inicial es elaborar una propuesta de circular integral de ayudas económicas y administración de cajas chicas o ajustar las existentes, que impacte de forma positiva los 24 territorios y 8 pueblos indígenas de Costa Rica, considerando sus costumbres y características propias.

Dentro de las gestiones realizadas por la Subcomisión de Acceso a la Justicia en este tema se tomó el acuerdo, mediante sesión virtual, de recomendar “…a la Dirección Ejecutiva incluir en la nueva circular que se emita, valorar la posibilidad de dar ayudas económicas también a las personas que asistan a las audiencias judiciales en territorios indígenas, considerando los costos de éstas para trasladarse a la sede donde se realiza ésta, así como las grandes extensiones de los territorios indígenas. Lo anterior, en forma coherente con el lineamiento institucional de que las audiencias judiciales se realicen en territorios indígenas”, puntualiza el acuerdo.

Las propuestas de modificación para agilizar y simplificar los trámites, contemplan el concertar posiciones con las personas indígenas y sus representantes, especialmente las beneficiarias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, en cumplimiento de las Circulares emitidas por Corte Plena N° 188-19 donde se aprueban los 20 Ejes de Acción y la 32-2021, referida a la socialización con la población judicial del contenido de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH y los compromisos del Poder Judicial como parte del Estado. De igual forma, contempla las directrices de la OCDE de simplificación de trámites y los altos estándares internacionales vinculados con derechos humanos de la población indígena, desarrollados con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el marco de la construcción de la Política Indígena del Poder Judicial y los ODS de la Agenda 2030, puntualizó la Magistrada Vargas.