Magistrado Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

Conforme a los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia, me honra rendirle a la ciudadanía mi Tercer Informe de Labores correspondiente a la gestión del Poder Judicial durante el 2020, el cual fue un año particular y de enormes dificultades a nivel global y para la sociedad costarricense, agudizado, además, por la emergencia sanitaria del COVID-19.

No ha sido fácil ejercer la Presidencia de la Corte, sometido a circunstancias que están fuera de nuestro control. En estas circunstancias se requiere paciencia, tolerancia y flexibilidad. Desde el ámbito judicial hemos tratado de afrontar las adversidades con responsabilidad, mucha serenidad, y por supuesto, la apertura hacia la innovación, la adaptación y uso de la tecnología, tal y como demandan las circunstancias. Destaco la valiosa participación de los magistrados y magistradas, porque la gestión de la Presidencia se mueve entre un liderazgo acotado y un contexto de autogestión, desde la cúpula del gobierno judicial.

Hemos enfrentado situaciones adversas y participado de importantes debates en que afloran variados enfoques, pero esa controversia, nos fortalece, porque la democracia, en cualquier nivel, se nutre de la riqueza de la controversia. Es la única forma de hacer efectiva la democracia en el seno de la Corte Plena. No puedo ignorar, por otra parte, que debemos reflexionar sobre los cambios que requerimos en la organización judicial, para que, sin perder la participación igualitaria, podamos resolver con mayor celeridad y eficacia.

En nuestra historia, estamos próximos a celebrar dos fechas de trascendental importancia: el bicentenario de nuestra independencia y el 195 aniversario de la creación del Poder Judicial.

El 15 de septiembre de 2021, conmemoramos el “Bicentenario de la Independencia de Costa Rica”. ¡Qué fecha más importante en el surgimiento de nuestra vida democrática! Tras la independencia, los y las costarricenses se organizaron políticamente y constituyeron un gobierno propio, dando origen a nuestra vida republicana.

Se inició nuestra vida republicana con el “Pacto de Concordia”, considerado el primer documento constitucional de Costa Rica. Claro, que no entraremos en el análisis político sobre la vigencia efectiva de pacto fundamental. Empero, fue un gran paso, definir un pacto de derechos y deberes. Pasarían muchos años para que esa Constitución no sólo sea una aspiración, sino que tenga un espacio de discusión que valore su vigencia y que controle los poderes formales.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente dispuso la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tan importantes para la democracia y el equilibrio de poderes. Esa trilogía de poderes que no debe ser una formalidad, es una división que debe convertirse en vivencia real, especialmente para el poder jurisdiccional.

En la rama judicial, el poder residiría en una Corte Suprema de Justicia que se elegiría popularmente. Sin embargo, no es hasta el 25 de enero de 1825, con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, cuando la idea de creación de un Poder Judicial se concreta constitucionalmente, al establecerse, en el artículo 87 de esa constitución, las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia.

El 1° de octubre de 1826, se instaló solemnemente la primera Corte Suprema de Justicia que funcionó en sus inicios con recursos muy limitados, incluso en varias oportunidades, llegó a desaparecer por falta de integrantes. Así ha pasado en muchas ocasiones, es posible que el poder de los jueces y juezas sea débil, casi inexistente; esa es una amenaza constante sobre la democracia y la vigencia de la Constitución.

El Poder Judicial, cuyo 195 aniversario estamos por conmemorar, ha logrado superar esas y otras adversidades, convirtiéndose en un pilar de nuestro Estado Constitucional de Derecho y régimen democrático. Pero ese desarrollo institucional, no ha sido fácil, tal como se aprecia en las discusiones de la constituyente del cuarenta y nueve.

En nuestra historia reciente tuvimos que enfrentar una situación particularmente difícil. Desde marzo de 2020 cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 en el país, el Poder Ejecutivo emitió el decreto que declaró el Estado de emergencia y el Poder Judicial adoptó una serie de medidas con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, así como tutelar la vida y la salud de nuestras personas funcionarias y usuarias.

El Poder Judicial respondió oportunamente a los retos impuestos por los efectos de la pandemia, evitando la parálisis en la prestación del servicio público de justicia.

Las dificultades fueron muchas y los nuevos retos son muy grandes, pero la profesionalidad y el compromiso de nuestro personal judicial son garantía para superar los nuevos desafíos. Su actuación nos demuestra que no hay, ni habrá situación de excepcionalidad, que nos paralice o que impida cumplir nuestras obligaciones constitucionales.

Agradezco a mis compañeros magistradas y magistrados, la forma en que hemos enfrentado este momento tan difícil de nuestra historia, a la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, a las personas integrantes del Consejo Superior, a doña Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, a don Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial, a doña Diana Montero Montero, ex Jefa de la Defensa Pública, a don Juan Carlos Pérez Murillo, actual Jefe de la Defensa Pública, así como a las distintas direcciones del sector administrativo. Hemos demostrado que en el sector público, sí existe compromiso y vocación de servicio.

Quiero reconocer los esfuerzos realizados por la “Comisión de Emergencia”, que ha estado en constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Salud a fin de cumplir con los lineamientos establecidos, realizando las recomendaciones pertinentes.

Ha existido mística y responsabilidad de quienes forman parte de los despachos y las oficinas judiciales en todo el territorio nacional, para mantener la continuidad del servicio en medio de esta emergencia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de tres personas funcionarias judiciales por COVID-19 en el 2020. Les damos nuestro más sentido pésame a sus familiares, así como a todas aquellas personas funcionarias judiciales que han perdido a un ser querido en este difícil período.

También agradezco el esfuerzo realizado por el personal judicial en cuidarse y proteger a sus familias, tal y como se evidencia en el dato estadístico, pues a diciembre del 2020, del total de la planilla de la institución que ascendía a casi 13 000 personas funcionarias, solo un 2% se contagió de COVID-19 en el ejercicio de sus funciones; es decir, 260 personas funcionarias.

La crisis sanitaria que enfrenta el país potenció aún más el uso de la tecnología en este Poder de la República. Se pudo hacer muy bien, porque desde hace varios años, la utilización del recurso informático ha sido un referente en el desarrollo de nuestra institución.

Nuevas formas de trabajo se pusieron en práctica mediante el uso de la tecnología y del teletrabajo, las cuales fueron adoptadas por los órganos superiores y por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones permitiendo garantizar la continuidad del servicio público.

La prioridad ha sido el resguardo de la salud de las personas servidoras judiciales y, por supuesto, de las personas usuarias.

Como consecuencia de las medidas adoptadas, para diciembre de 2020, el total general de personas servidoras judiciales en teletrabajo ascendía a 4 951, de las cuales 2 838 eran mujeres, y 2 113 hombres, existiendo un incremento de un 971,65% en comparación con el 2019. Asimismo, muchos de los servicios fueron brindados de forma presencial respetando las estrictas medidas sanitarias.

Los servicios judiciales digitales tuvieron un importante incremento, al facilitarles los trámites a las personas usuarias sin que tuvieran que trasladarse hasta los distintos despachos de todo el país.

En este sentido, se emitieron más de cuatrocientas mil hojas de delincuencia, se presentaron vía digital más de doscientas treinta mil demandas por medio del Sistema de Gestión en Línea, se tramitaron en forma electrónica más de dos millones de escritos, así como más de un millón de expedientes.

La utilización del Sistema de Depósitos Judiciales permitió inyectar a la economía nacional más de doscientos cuarenta y cinco mil millones de colones, así como más de diecisiete millones de dólares, lo que resultó de gran ayuda para muchas familias.

Además, se registraron más de tres millones de consultas en el buscador Nexus PJ y se tramitaron más de noventa mil claves para poder utilizar el sistema de Gestión en Línea.

La Corte Plena aprobó varios protocolos para la celebración de audiencias orales virtuales en las materias civil, laboral, penal, penal juvenil, familia, violencia doméstica, pensiones alimentarias, contencioso administrativo, agrario, cobro judicial, resolución alterna de conflictos y justicia restaurativa, tránsito y en materia disciplinaria, los cuales permitieron darles continuidad a los procesos judiciales.

La implementación rápida de la virtualidad a través de las audiencias orales, consistió en una innovación para no paralizar el servicio de administración de justicia, producto de la pandemia y así cumplir con los protocolos para prevenir el contagio del virus.

En cuanto a la percepción de las personas usuarias sobre los servicios brindados durante la emergencia nacional, la Contraloría de Servicios del Poder Judicial hizo una encuesta de los servicios brindados entre los meses de marzo y agosto de 2020.

El estudio abarcó a 861 personas usuarias de los servicios judiciales, de las cuales 687 realizaron trámites de manera presencial; 318 no presencial; y 65 personas participaron en audiencias virtuales. Entre los principales hallazgos se destacó que el servicio presencial recibió́ una calificación favorable del 82%, donde Guanacaste y Limón alcanzaron el mayor porcentaje con un 89%, y la provincia de San José con un 70%.

En cuanto a los servicios no presenciales, el Sistema de Gestión en Línea es el de mayor demanda y refleja un porcentaje de satisfacción del 87%. Además, las personas usuarias consultadas señalaron la efectividad de las audiencias virtuales en un 88%.

Considero que el uso de las herramientas tecnológicas seguras es una vía ineludible para fortalecer y modernizar al Poder Judicial. En este campo, enfrentamos una paradoja, en una época de limitaciones presupuestarias, es necesaria la inversión económica para la sostenibilidad de los sistemas informáticos como respuesta a la crisis.

Quiero resaltar otros logros importantes del Poder Judicial en el 2020. El informe completo se encuentra a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la institución.

Resalto como un dato muy positivo que, por segundo año consecutivo, el Poder Judicial alcanzó el primer lugar en el Índice de Transparencia Institucional al obtener una evaluación de 98,95 puntos de 253 instituciones públicas a las que se evaluaron sus sitios web.

Este proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica reconoce los importantes esfuerzos que ha realizado la institución en relación con el acceso a la información pública, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas.

Agradezco los esfuerzos realizados en esta temática por la Comisión de Transparencia liderada por la señora Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y a todo su equipo técnico.

Tenemos un ineludible compromiso en temas de transparencia y justicia abierta, lo cual incluso es reconocido como una política institucional. La transparencia es una condición de la democracia, es una pretensión ambiciosa, que siempre plantea retos por alcanzar, como, por ejemplo, lograr mayor transparencia en los datos tributarios de todos los ciudadanos y ciudadanas, no sólo las y los funcionarios públicos. Como la democracia, la transparencia nunca obtiene logros definitivos, siempre hay espacios que mantienen una inconveniente opacidad.

En este sentido, en el Tercer Estado de la Justicia se indicó:

“… el proceso de vinculación con la sociedad partiendo de los enfoques de un Estado abierto es novedoso, a tal punto que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que el Poder Judicial costarricense se encuentra entre los más avanzados a nivel mundial en transparencia, rendición de cuentas y participación”.

Dentro de los esfuerzos institucionales que reafirman nuestro compromiso con una justicia abierta, destaco la creación del “Observatorio Judicial”, el cual es una herramienta tecnológica amigable, de fácil manejo y de acceso público que presenta información de manera transparente, oportuna e integral sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial y su servicio a la ciudadanía. Es otra ruta para acercar más al ciudadano y ciudadana al quehacer judicial.

A través de esta plataforma virtual que estamos presentando el día de hoy, se muestran los datos en formato abierto, accesible a toda persona que desee enterarse de la labor que realizan los distintos despachos judiciales. En particular se muestran datos estadísticos, presupuestarios, demográficos, así como indicadores judiciales.

Con el Observatorio Judicial, se alcanza el objetivo de poner a disposición una base de datos con los más elevados estándares de transparencia y rendición de cuentas, la cual permite informar del quehacer institucional judicial.

Quien desee ingresar a la plataforma virtual del Observatorio Judicial encontrará información sobre la cantidad de asuntos a cargo de la oficina judicial de su elección, los datos estadísticos de casos ingresados y terminados, la duración promedio en la tramitación de los casos, la cantidad de personas funcionarias asignadas a cada despacho judicial, entre otros aspectos relevantes.

El Observatorio Judicial es una herramienta activa, que permite la generación de espacios colaborativos que involucran a la ciudadanía, promoviendo la participación de las personas interesadas en plantear mejoras. Esta plataforma aprovecha al máximo el uso de la tecnología y cumple el valor de transparencia activa.

Para la población judicial, el Observatorio es muestra del compromiso de mantener actualizada, desde las distintas oficinas, la información que se pone a disposición a través de esta herramienta digital.

También sirve para mejorar la toma de decisiones en cuanto a la distribución de los recursos a lo interno de la institución. Aporta importantes beneficios a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas.

De esta forma cumplimos con uno de los retos planteados por el Tercer Estado de la Justicia en relación con la existencia de estadísticas judiciales y la posibilidad de producir micro datos confiables y oportunos. Estos son los primeros pasos en esa dirección.

Al cumplir con los ejes de transparencia, participación y colaboración, fue posible la vinculación del Observatorio Judicial dentro del IV Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2021, como compromiso de Justicia Abierta.

Esta incorporación permitió proyectarlo como una iniciativa pionera a nivel internacional. Es por ello, que la Alianza por un Gobierno Abierto (OGP) seleccionó al “Sistema Observatorio Judicial para monitoreo de la gestión judicial” como un proyecto destacado en el ámbito de la justicia para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, reconocimiento realizado entre 31 proyectos de 16 países diferentes.

En su construcción, se han identificado varias etapas. En la etapa inicial se pondrá a disposición la información del ámbito jurisdiccional, administrativo y del Ministerio Público. Posteriormente, se pretende incorporar al Organismo de Investigación Judicial y paulatinamente, la información estadística y los datos publicables de las demás oficinas judiciales.

A partir de hoy, el sitio web del Observatorio Judicial está disponible para ser consultado por el personal judicial, quien, por espacio de tres meses, tendrá la posibilidad de familiarizarse con esta nueva herramienta tecnológica, y si es necesario, podrá depurar la información y fortalecer la conciencia sobre la responsabilidad de mantener la base de datos actualizada, con el fin de que se mejore la calidad de los datos que se muestran.

En una etapa posterior, se pondrá la plataforma a disposición de la sociedad civil, al Colegio de Abogados y Abogadas, a la academia, a la prensa y a toda aquella persona que lo quiera consultar. Esto permitirá estrechar lazos de comunicación y abrir un canal que permita conocer con mayor claridad, cuál información es considerada valiosa para la ciudadanía.

Quiero ahora reafirmar nuestra preocupación por la situación fiscal del país. La institución ha realizado esfuerzos importantes por cumplir con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635.

El Poder Judicial se ajustó al cumplimiento de lo establecido en los temas de dedicación exclusiva, prohibición, evaluación del desempeño, la creación de nuevos componentes salariales como reserva de ley, topes salariales, regla fiscal y pago de IVA por compras. El presupuesto del 2020 decreció en un 0.2%, y no se registraron plazas nuevas en cumpliendo con la regla fiscal. No es que sobraran los recursos, pero las limitaciones fiscales, lo imponen, porque esta reducción en el presupuesto, provoca, sin duda alguna, un deterioro del servicio.

Nunca se ha dejado de cumplir con las directrices de contención del gasto que nos remite el Ministerio de Hacienda. Nos hemos ajustado a las medidas de contención solicitadas para los presupuestos del 2020 y del 2021.

El plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de aproximadamente diez mil millones de colones, lo que significa un 3.3% menos con relación al 2020, con total apego al límite establecido en la regla fiscal. El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida.

Otro de los logros se relaciona con la efectiva administración de los recursos públicos asignados al Poder Judicial, lo que permitió alcanzar un 97,76 % de ejecución presupuestaria y se evidencia al igual que, en los años anteriores, un uso eficiente de los fondos públicos. Esto, se logra a pesar de la rigidez normativa introducida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020.

Por otra parte, se implementó la evaluación del desempeño que no se realizaba en la institución desde el 2003, aunque el control disciplinario, el cumplimiento de metas y de cuotas de trabajo, siempre ha sido una exigencia prioritaria en la institución.

El proceso de evaluación del desempeño se implementó en tres etapas: una primera etapa de sensibilización y formación sobre metodología de evaluación en la que participaron más de trescientas personas; una segunda etapa fue de planeación y la tercera etapa de ejecución.

Esto permitió aplicar, desde el segundo semestre del 2020, la evaluación del desempeño a todo el personal judicial.

Por otra parte, se ha dado continuidad a las acciones institucionales para prevenir la corrupción a través de la aprobación de la Política Institucional Anticorrupción, la entrada en vigor del Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial y de una serie de acciones realizadas por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial. Como reto pendiente, se debe tener una mejor respuesta en la lucha y sanción penal de la corrupción, tal y como lo advierte el Tercer Estado de la Justicia. Los hallazgos en esta materia, requieren una respuesta de la Fiscalía y del sistema judicial, porque respecto de las cifras doradas de la delincuencia, enfrentamos serias limitaciones, tal como lo señala el Tercer Informe de la Justicia. Es importante reducir el sesgo estructural del sistema punitivo, que tiene relativa eficacia frente a la delincuencia común, pero serias deficiencias cuando debe investigar y enjuiciar el delito no convencional.

Hay una voluntad firme de la Corte Plena, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial por investigar todas aquellas denuncias en las que se cuestione a personas funcionarias judiciales en posibles actos de corrupción, siempre respetando las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa. Esa intención requiere recursos humanos y económicos.

Tales esfuerzos se ven recompensados en la segunda edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020 para Latinoamérica realizado por el Grupo de Trabajo Anticorrupción de la Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA´s) y Control Risk, en donde obtuvimos el tercer lugar en el ranking de países de la región con mayor capacidad para combatir la corrupción. Pero esta posición, si bien es un respiro, no podemos ignorar los inquietantes indicadores que contiene el Tercer Informe sobre el Estado de la Justicia respecto a la persecución de la corrupción.

En cuanto a la implementación de las medidas para fortalecer y modernizar al Poder Judicial que fueron aprobadas en el 2017 como resultado de la crisis que enfrentamos y que, desde el inicio de mi gestión como presidente, me comprometí a impulsar, se reporta un avance del 68,18% en la ejecución del proyecto, resaltando que de la totalidad de las propuestas que fueron presentadas a la Corte Plena, se aprobaron quince.

Quiero resaltar que este propósito no se ha postergado. Sin embargo, las circunstancias de la pandemia que vivimos no nos han permitido avanzar como quisiéramos. Además, enfrentamos limitaciones, de carácter estructural, que impiden una discusión más fluida en la Corte. Quedan pendientes temas trascendentales sobre los cuales existen diferentes visiones. No obstante, es importante que se debata sin temores y que prevalezca la voluntad de lo que decidan la mayoría de los magistrados y las magistradas.

Dos temas son trascendentales: la elección y ratificación de magistrados y la reforma administrativa del sistema judicial. En el primero, no es fácil juzgar las acciones del parlamento, que, al fin y al cabo, es quien nos elige. Este es un ejercicio complicado, pero estoy seguro que la habilidad y la inteligencia de los compañeros y compañeras de Corte, permitirán que la discusión adquiera un nivel que supere las susceptibilidades. Sobre el segundo tema, los diagnósticos abundan desde hace varias décadas, la estructura administrativa de la Corte, a partir de Corte Plena, requiere una reforma profunda, porque la reforma de los noventas, se quedó a medio camino. Ya hemos naufragado en el pasado, porque el modelo vigente desde el siglo diecinueve, tiene profundas raíces.

En cuanto a la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019- 2024 aprobado por la Corte Plena en diciembre de 2018, la institución alcanzó en el 2020 un cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del 96,71%. Un logro destacable, muy importante.

El tema estratégico con mayor grado de cumplimiento fue el de Planificación Institucional con un 99,56%, seguido por Optimización e Innovación de los Servicios Judiciales con un 99,32%, Confianza y Probidad en la Justicia con un 97,43%; Gestión de Personal con un 96,24% y, por último, el tema de Resolución Oportuna de Conflictos con un 93,28%. Estos porcentajes evidencian que en el sector público no todo es improvisación e ineficiencia.

Uno de los retos que seguimos enfrentando es la mora judicial. Es un tema sobre el que no se puede quitar el dedo del renglón. La alta litigiosidad evidencia la confianza de la ciudadanía en resolver sus conflictos o problemas de acuerdo con los mecanismos judiciales que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Pero tenemos disfunciones estructurales en los modelos procesales que requieren un abordaje inteligente y oportuno.

En relación con el circulante de casos en el 2020, ingresaron 539 492 nuevos casos, de los cuales 182 493 correspondían a la materia de cobro judicial. Por su parte, sin considerar la materia cobratoria, ingresaron 410 999 casos y se lograron terminar 34 491 expedientes más de los que ingresaron en el año; es decir, un total de 445 490 casos, lo que significa un aumento en la productividad y que las acciones realizadas por la institución han permitido dar continuidad a la prestación de los servicios, gracias a la implementación de nuevas tecnologías, al aumento de la capacidad operativa y al enfrentamiento a las adversidades atípicas que se han presentado, tal y como ocurre con las limitaciones presupuestarias y la pandemia.

Respecto a la labor que realizan las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, quiero resaltar los buenos indicadores que obtuvieron en la resolución de casos terminados, lo que representó una disminución importante en el circulante, empero, se requiere una evaluación integral de los procedimientos, para mejorar los indicadores sobre los plazos de duración de los procesos.

En el tema de infraestructura, destaco la construcción del edificio anexo E del Poder Judicial, el cual se ubica al costado norte del edificio de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en etapa constructiva. En ese edificio cuya construcción se espera que esté finalizada para el próximo mes de septiembre, se encontrarán los despachos de las materias civil, laboral y justicia restaurativa. Con ello se dejarán de alquilar tres edificios que le generarán un ahorro a la institución de 1 200 millones de colones por año.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de construcción de un Complejo Judicial en Buenos Aires de Puntarenas. Recientemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo para llevar a cabo los estudios de factibilidad.

La construcción de este complejo judicial tiene como objetivo mejorar la atención concentrada y la accesibilidad de los servicios judiciales para la población de la zona sur del país mediante la construcción de un complejo judicial en Buenos Aires de Puntarenas, que reúna todas las condiciones para el buen servicio y que permita, además, brindar los servicios de las áreas de Patología y Medicina Legal.

Se estima que este proyecto beneficiará por año a más de 52 mil personas que habitan en la región brunca, incluyendo a grupos vulnerables como lo son personas adultas mayores, mujeres, poblaciones indígenas que actualmente deben desplazarse por diferentes medios para acceder a servicios judiciales hasta el centro del cantón de Buenos Aires o hasta San Joaquín de Flores en Heredia, cuando requieren peritajes o servicios de medicatura forense; también a personas con discapacidad y en condición de extrema pobreza, entre otros.

En cuanto al acceso a la justicia de grupos vulnerables se aprobó el Plan de Trabajo Nacional: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas, así como la circular 103-2020 denominada Lineamientos establecidos en el plan de trabajo: abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas.

Pese a los esfuerzos que la institución ha realizado para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los pueblos indígenas existen retos pendientes como impulsar la creación de una jurisdicción especializada. En el abordaje de este tema quiero reconocer la labor realizada por la Coordinadora de la Subcomisión de Pueblos Indígenas, la magistrada Damaris Vargas Vásquez.

En el país existe una serie de conflictos sociales relacionados con los pueblos indígenas que ameritan una respuesta coordinada y efectiva entre los distintos poderes e instituciones estatales. Se enfrentan dos cosmovisiones, deudas históricas sin saldar, por eso es un tema tan delicado y complejo.

El Poder Judicial, pilar de nuestra democracia, está próximo a cumplir su 195 aniversario y tiene importantes retos.

La independencia judicial es un principio fundamental de la democracia que asegura la separación de poderes y la existencia de un Estado Constitucional de Derecho, tal y como lo han indicado en forma reiterada las Cortes y los Tribunales Constitucionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una serie de resoluciones contra Hungría y Polonia, reafirmó que este era un principio estructural de la integración europea. La independencia de la jurisdicción, siempre está en construcción, siempre requiere garantías efectivas.

Esto evidencia la actualidad de esta temática en el ámbito de las democracias de América Latina y Europa, y cómo la independencia judicial se encuentra constantemente amenazada, por lo que debe ser fortalecida constantemente.

La independencia judicial es débil, requiere un reconocimiento normativo y sociocultural bien definido; de lo contrario, el Poder Judicial se convierte en un poder de segundo orden, tal como lo era hasta la década del cuarenta del siglo pasado. Es imperativo contar con un entramado normativo y una cultura política de todas las personas actoras políticas responsables que permitan alcanzar una independencia efectiva de la judicatura y de la fiscalía, lo que requiere en nuestro ordenamiento jurídico un Ministerio Público independiente, que ejerza sus poderes con prudencia y objetividad, así como una policía de investigación profesional que auxilie a juezas, jueces, fiscales y fiscalas.

Me uno a las preocupaciones del relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (ONU) en su nota del 27 de octubre de 2020, en relación con el Proyecto de Ley sobre Empleo Público, el cual debe respetar el principio de separación de poderes, así como la autonomía e independencia del Poder Judicial, reconocidos en nuestra Constitución y en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Este también fue un tema polémico en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya solución sigue pendiente. Ahora se imponen otras visiones, que, aunque cargadas de buenas intenciones, pueden lesionar la independencia de uno de los poderes fundamentales en la trilogía clásica del Estado de Derecho. La polémica subsiste y los efectos los podremos analizar hasta dentro de cinco o diez años.

No estoy en desacuerdo que se ordene el tema de la desigualdad de las remuneraciones en el Estado, ni en contra del salario global. Mi preocupación como ustedes bien lo saben, se encuentra referida al respeto de la independencia judicial y a que órganos externos al Poder Judicial emitan directrices de cómo debemos desarrollar una política salarial. Las interrogantes también incluyen otros temas, como el control disciplinario y la evaluación del desempeño.

Me inquieta cómo se van a valorar aspectos tales como la especialización y la experiencia, así como la competitividad de los salarios que la institución pueda ofrecer para mantener y atraer su recurso humano.

En la sentencia número 2018-19511 que resolvió la consulta legislativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Sala Constitucional indicó que la autonomía del Poder Judicial le permitía cambiar su escala salarial o variar los salarios base.

Esa autonomía en materia de empleo y salarios del sistema judicial, se integran a en la independencia judicial, principio fundamental del Estado Constitucional y Social de Derecho.

Debo insistir que, en nuestra arquitectura constitucional, otro de los principales retos proviene de la forma en que se elige a los magistrados y a las magistradas, designados políticamente, con todas sus características: discrecionalidad absoluta. El acto de elección de magistrados y magistradas por parte del Poder Legislativo es una manifestación de voluntad política sin fundamentación. Ya sobre esta deficiencia hablaba el Presidente de la Corte de 1949, el Lic. Gerardo Guzmán Quirós.

Tal y como advierte el Tercer Informe del Estado de la Justicia, el sistema de nombramientos de magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa sigue siendo un “dominio reservado” con un procedimiento opaco.

En el procedimiento de nombramiento de los magistrados y las magistradas, deben prevalecer criterios objetivos y de trasparencia a fin de que se nombre a las mejores personas juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.

Reitero la necesidad de retomar el tema de las “reformas orgánicas” que fue impulsado en anteriores presidencias de la Corte Suprema de Justicia. Hay reformas en la estructura administrativa de la Corte que deben promoverse reduciendo en particular las funciones administrativas de la Corte Plena para que su actuación sea más eficiente y célere. Esta es una variación estructural que hace tiempo se propuso, al comprobar que la estructura organizativa de la Corte es muy antigua, vertical y con poderes concentrados e ineficientes, tal y como se ha evidenciado en los Informes del Estado de la Justicia. A partir de visiones diversas, los magistrados y magistradas debemos abordar este tema, quizás se imponga una reforma mínima o tal vez podamos convenir en una reforma más amplia, más ambiciosa.

La modernización real y profunda de la institución y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en uno de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad en el sistema de gobierno y gestión del servicio de Administración de Justicia. Tiene que existir un desprendimiento de parte de los magistrados y las magistradas, un desapego hacia el modelo tradicional.

Continuamos con las preocupaciones que se nos asignen nuevas competencias sin contar con el contenido presupuestario para su implementación, lo que nos obligó a pedir la vacatio de la entrada en vigor de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, Ley N.º 9841, así como del nuevo Código Procesal Agrario, Ley N.º 9609 y del Código Procesal de Familia, Ley N.º 9747.

Insto a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se valore que la normativa por aprobar en relación con nuestras competencias, cuente con el contenido presupuestario para su implementación.

El 2020 fue un año en el cual se conmemoraron fechas importantes en la institución, tales como el 40 Aniversario de la Sala de Casación Penal, el 35 Aniversario de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y el 25 Aniversario de la creación de las Administraciones Regionales. Expreso mi reconocimiento al esfuerzo y mística de las magistradas y los magistrados, a la Dirección Ejecutiva y sus equipos técnicos y de apoyo.

Mi sincera felicitación en esta ocasión a la Sra. Diana Sofía Arguedas Mata, auxiliar administrativa de la Regional de Turrialba a quien se le otorgó el Premio “Miguel Blanco Quirós”, al buen servidor judicial por su honradez, mística y dedicación en sus labores, y a la máster Kattia Morales Navarro, directora de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, a quien se le reconoció su buen desempeño profesional y trayectoria con el Premio “Luis Paulino Mora Mora”. Estas felicitaciones se hacen extensivas a sus familias y seres queridos. Estos reconocimientos nos iluminan, nos llenan de esperanza, porque a pesar de todas las dificultades, contamos con muchos servidores que abrazan su compromiso en función de los más altos valores de la Constitución y del servicio judicial.

Aprovecho que en este año estamos próximos a conmemorar dos fechas de gran importancia como el bicentenario de nuestra independencia y el 195 Aniversario del Poder Judicial, recojo el legado de nuestros antepasados y que éste sirva para fortalecer un diálogo constructivo en torno al reforzamiento de nuestra institucionalidad.

El país vive una situación verdaderamente compleja y nuestro papel en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, es trascendental. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares de una democracia saludable y a esa lucha siempre dedicaremos nuestro máximo esfuerzo, sin ignorar que se requiere que la justicia sea pronta y cumplida, el gran reto que siempre tenemos presente, porque la celeridad es una meta que siempre está presente en la demanda de la ciudadanía.

Tenemos una obligación histórica con nosotros mismos y sobre todo con las nuevas generaciones de costarricenses. Podemos ser mejores, podemos fortalecer el Poder Judicial o debilitarlo con nuestros propios actos, pienso que todos y todas somos conscientes de ello y por eso debemos ser autocríticos, huyendo de una complacencia indolente. Debemos articular nuestros mejores esfuerzos junto a los otros poderes del Estado y el resto de la institucionalidad con ese propósito. Hagamos lo que tenemos que hacer siempre con mística y transparencia, pensando en los mejores valores de nuestra nacionalidad. El camino es largo, pero no debemos desistir de este gran propósito.

En medio de tantas angustias, la pandemia, el desempleo, el déficit fiscal, debemos darles un espacio a los sueños, los de ojo abierto, los que viven sin dormir en los brazos de lo inevitable, son esas fantasías que todos debemos construir, con esfuerzo y generosidad. Busqué en las fantasías de los que no han muerto, sólo lo parece, cuando los recordamos, parece que sus voces siguen sonando en el eco de los tiempos; en esa búsqueda, me encuentro a un viejo conocido, que hemos olvidado, pero que no ha muerto, me refiero a José Figueres, ser humano de cumbres y abismos, como todos nosotros.

Quiero compartir esa utopía, que me inspira, que me conmueve, lo expresó el soñador guerrillero, en Santa María de Dota, el primero de abril de 1948, construyendo este paisaje: “… Los economistas de la Segunda República, en colaboración con todos los costarricenses de buena intención, sabrán aplicar los medios para que desaparezca el espectáculo de las grandes mayorías empobrecidas por ineficiencia y el privilegio. Mi propósito era y sigue siendo, que la democracia funcione en Costa Rica, como democracia política, como democracia social y como democracia económica participativa... (…) No me importan las elucubraciones académicas estériles que a veces se emplean para condenar mi pensamiento político. Me importaba, como lo dije en aquel entonces y lo repito ahora, que todos los integrantes de la sociedad humana, nos compenetremos de un nuevo espíritu, elevado y puro. Que estemos dispuestos, cuando alguien impresionado por nuestros esfuerzos por producir abundancia, nos pregunte: ¿Abundancia para quién? Podamos contestarle: No te preocupes en averiguarlo. ¡Abundancia para todos! ...” (Ver “Figueres y la Constituyente del 49”-Oscar Castro Vega-Uned. Costa Rica-2007-p.66-67)

El político de acción nos abre un espacio para una utopía posible, que él abraza, recogiendo a Tolstoi, cuya huella se nota en sus palabras. Los que estamos en la función pública, en la acción política, debemos soñar, hacerlo en serio y con realismo, trascender la lucha pequeña, los poderes transitorios, para inspirar, aunque cueste, recoger este cielo que nos abre un gran político de acción; también pienso que el Poder Judicial y nuestro país, deben pensar en grande, para la democracia, para evitar el autoritarismo y que haya oportunidad para todos y todas. En medio de estas angustias, el horizonte de los sueños desapareció en la bruma de nuestras angustias. Perdonen, me desvié hacia otras fantasías, que son posibles, que debemos asumirlas, día a día, con pequeños pasos, pero sin perder los horizontes lejanos de la justicia, la de todos y todas.

Agradezco sus aportes en este trayecto del tercer año, pidiendo a los compañeros y compañeras judiciales su tolerancia y buena voluntad para este compromiso que debo asumir cada día, requiero su generoso apoyo y su comprensión. Dependo de todos y todas, consciente que nada puedo hacer por mi esfuerzo individual, que requiero de su respaldo, de su buena voluntad. Así lo percibo, por eso puedo seguir y expresarme con la seguridad que lo he hecho hoy. A todos y todas, mi agradecimiento por el privilegio que me han concedido, poder servirles con su concurso y su tolerancia.

Muchas gracias.

Magistrado Fernando Cruz Castro

Presidente

Corte Suprema de Justicia