Dr. Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

A todas las personas que nos acompañan, del Poder Judicial y de otras instituciones públicas, tengan muy buenos días.

Hace un año exactamente, con ocasión de este día, nos encontrábamos reunidas más de 200 personas, en el tercer piso del Edificio de la Corte, sin que nadie se imaginara (me atrevo a decir), el panorama que se avecinaba para nuestro país. Muchas de sus consecuencias, no son evidentes, pero han profundizado la injusticia y la pauperización.

La pandemia ha dejado un panorama mundial, con una de las mayores afectaciones a la economía. Ha profundizado y develado las desigualdades ya existentes, los países del tercer mundo que ya presentaban déficits económicos estructurales, altas tasas de desempleo, altos niveles de trabajo informal, deficiente acceso a la salud y a la educación; han sido los países con mayores perjuicios y a los cuales les costará aún más recuperarse.

Latinoamérica, que desde antes era definida como la “región más desigual del mundo” según el PNUD, ha sido impactada por la pandemia con consecuencias que estarán presentes por décadas. Se trata de un proceso socio económico de profundización de las desigualdades ya existentes, desigualdades que si alguien quería ignorar, la pandemia se encargó de agravarlas. Antes, vivíamos la desigualdad, ahora, es más grave.

La violencia estructural exacerbada por el COVID-19, arremetió contra los países en vías de desarrollo y dentro de estos, ha afectado en mayor grado, a quienes menos tenían.

Sin duda alguna, esto es un tema prioritario en la lucha por la igualdad de género, por cuanto, según la OIT, el 70% de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, a nivel mundial, son mujeres, niños y niñas.

El lema de UNIFEM y de Naciones Unidas para este año, con ocasión del Día Internacional de las Mujeres, es precisamente:

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

De ahí, que el panel de esta mañana denominado:

"La pandemia que cambió al mundo: una mirada desde la violencia doméstica, el trabajo y pensiones alimentarias" tiene como objetivo, reflexionar sobre los obstáculos, retrocesos y retos que la pandemia ha provocado en el ejercicio efectivo de la mitad de nuestra sociedad: las mujeres.

La Secretaria General Iberoamericana llama la atención en cuanto al impacto diferenciado, y desproporcionado, que la covid-19 ha tenido en las mujeres, especialmente en América Latina, donde se prevén caídas superiores al 8 % del producto interno bruto.

Ha señalado que : “ … la desigualdad de género, que es transversal a toda la estructura socioeconómica, se ha visto profundizada y agravada en América Latina.

Antes de la pandemia, las latinoamericanas participaban un 25 % menos en el mercado laboral, ganaban un 17 % menos que sus pares masculinos, tenían una mayor tasa de informalidad, la mitad no estaba afiliada a la seguridad social y al regresar a casa hacían, en promedio, el triple de horas de trabajos domésticos y de cuidado no remunerados que los hombres.”

Se calcula que debido a estas condiciones el año 2020 dejó 118 millones de mujeres en situación de pobreza, 22 % más que el año anterior. Estas tragedias tienen mayor incidencia sobre los más vulnerables.

Según el Programa Estado de la Nación, en su último informe, la pandemia afectó más a las mujeres en el empleo, ya que estas tuvieron que enfrentar mayor cantidad de despidos, respecto de los hombres que tuvieron más posibilidades de continuar empleados mediante la reducción de sus jornadas laborales.

En razón de ello, en nuestro país, se tramitan por año, más de 40,000 pensiones alimentarias, para inicios del año 2019 habían activas 185,689 causas. Sin embargo, el promedio de todas estas pensiones, en nuestro país, es tan solo de 102,169.97 colones al mes; lo cual debe rendir, muchas veces, para dos o tres hijas e hijos. Son cifras que reflejan tristes realidades.

Adicionalmente, en esta coyuntura, a nivel mundial se detectó un incremento en la violencia doméstica contra las mujeres, en razón de que los confinamientos proveyeron del escenario perfecto para que los agresores aislaran a las víctimas y las pudiesen tener más bajo su esfera de dominio; casi imposibilitadas de romper el silencio y demandar ayuda.

Es paradójico, de acuerdo a diversas encuestas de victimización realizadas en el país, y por estudios a nivel mundial, sabemos que la violencia contra las mujeres que es denunciada, constituye solo “la punta del iceberg”; ya que la mayoría es vivida en silencio; de ahí que las estadísticas deben ser interpretadas con suma cautela, especialmente cuando se mantienen igual o cuando bajan; ya que su nivel no es indicador, necesariamente, de una reducción en la violencia.

La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan.

Ante este panorama tan duro, UNIFEM:

“… reconoce los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19, exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.”

Además señala que: “Para defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante la pandemia, se deben integrar las perspectivas de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la respuesta y la recuperación ante una pandemia”.

UNIFEM afirma que la recuperación socioeconómica después de la pandemia sólo será sostenible si sumamos esfuerzos para cerrar las brechas de género.

Nunca debemos ignorar, que el acceso a la justicia es un derecho instrumental para hacer efectivos el resto de derechos de las personas, y aún así, resulta insuficiente.

Acceder a la justicia, es obtener una respuesta judicial efectiva frente a los diferentes actos de violencia. Comprende la obligación de hacer accesibles los recursos judiciales y que estos sean sencillos, rápidos, idóneos e imparciales. de manera no discriminatoria, para reparar estos actos y evitar la impunidad. Es indispensable el acceso a la justicia de jure y de facto. Cada una y cada uno de nosotros debe tener una mirada analítica y de forma sincera y autocrítica, determinar si desde su función contribuye u obstaculiza el cumplimiento de esta obligación. Es un reto muy complejo, porque en los recortes de presupuesto, no se piensa en la justicia enfocada a la tutela de sectores más vulnerables.

En fecha tan importante, no puedo desconocer que en materia de desigualdad por sexo y por género, que hace apenas un lustro, en 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres publicaba la “Recomendación general 22 sobre el acceso de las mujeres a la justicia” como ampliación y focalización de la Convención CEDAW de 1979 – y nótese las cuatro décadas que hay entre un instrumento y el otro – para subrayar la necesidad imperante de que los Estados y sus sistemas de justicia – es decir, nosotras y nosotros – garanticemos el acceso pleno e irrestricto de las mujeres a justicia pronta, cumplida y equitativa pues reconoce que sólo así existirá emancipación real de la opresión masculina y transformación del derecho mismo en vehículo de igualdad. Tenemos muchas materias pendientes, muchas cuentas por saldar, por eso no caben miradas complacientes.

Así, la Recomendación 33 citada – y la cual nos interpela como Estado signatario de la Convención CEDAW – apunta al hecho inaceptable de que en la práctica judicial prevalecen una serie de obstáculos y restricciones para que las mujeres realicen en igualdad su derecho de acceso a la justicia, y que estas barreras incluyen falta de protección efectiva en todas las dimensiones del acceso a la justicia y continuación del contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como estereotipos de sexo y de género, leyes y procedimientos discriminatorios, prácticas y requisitos en materia probatoria, y mecanismos judiciales que aún no son lo suficientemente accesibles y seguros para las mujeres a nivel físico, económico, social y cultural.

De este modo, la recomendación identifica seis componentes para el pleno acceso a la justicia por parte de las mujeres y los establece como esenciales y relacionados entre sí: justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuenta de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas.

Se debe reconocer desde el Poder Judicial de Costa Rica las deudas históricas estructurales con las mujeres de nuestro país y, desde esta Presidencia, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por el derecho de acceso de las mujeres a la justicia como condición esencial para la realización de todos los derechos humanos de las mujeres y como elemento fundamental del Estado de derecho, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. Son objetivos, muy ambiciosos, que sólo se realizan en el contexto de un Estado social, un estado del bienestar, tan venido a menos.

Concluyo este mensaje, reiterando este compromiso con las mujeres de nuestro país y adapto las palabras de la laureada cinta guatemalteca “La llorona” del director Jayro Bustamante y la cual narra con rostro femenino los horrores del genocidio maya durante la dictadura de Ríos Montt para decir que debemos ser valientes al dar esta lucha por la equidad de género – en especial a lo interno de nuestro Poder Judicial – de manera que sepamos corresponder a la valentía y a la fuerza que hoy demuestran las numerosas expresiones de la lucha feminista, pues si nuestras compañeras mujeres hoy logran romper el silencio y vencer el miedo para reclamar sus derechos en voz alta, que no seamos nosotros – el Poder Judicial – quiénes perpetuemos esas omisiones o concepciones opresoras al permanecer instalados en la esfera de la negligencia indiferente

No quisiera concluir sin expresar mi reconocimiento al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, adscrito a la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, que hoy cumple cinco años de labor, por su gran aporte en la visibilización de los diferentes tipos de violencias que enfrentan las mujeres.