Lamentablemente, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen muchos cuando hacen referencia a temas de índole sentimental. Pero hoy, por una cuestión de responsabilidad profesional, por respeto a la dignidad del ser humano, me estoy dando a la tarea de hacer de conocimiento de muchos lectores un tema que ha quedado en el olvido. Me refiero propiamente a un derecho fundamental que brota del denominado bloque de constitucionalidad y tiene su fundamento en los artículos 21, 46, 50 y 73 de la Constitución Política. Es deber del Estado velar por que todas y todos los ciudadanos tengan por lo menos un acceso mínimo al derecho a la salud. Pero muchos de los que formamos parte del conglomerado social, no valoramos grandes privilegios de los que gozamos y esto me ha obligado a bregar un poco e incomodar con una crítica respetuosa, para tutelar de una forma más efectiva el derecho a la salud en esta oportunidad de los ciudadanos que se encuentran recluidos en los distintos Centros de Atención y Supervisión Institucional. Hagamos un simple ejercicio, reflexionando en nuestro día a día. Si necesitamos ir a la farmacia, simplemente caminamos, buscamos un medicamento e inclusive de los que se vende sin receta médica y así, de una forma sencilla, puede tener acceso a una pastilla tan noble como la acetaminofén, la cual nos alivia el dolor. Pero en los Centros Carcelarios de nuestro país la población privada de libertad está padeciendo un síntoma que atenta contra el derecho a la salud. Es un mal que actúa de forma silenciosa y poco a poco va en detrimento de las garantías fundamentales de muchos privados que poseen grandes dolencias. Personas en condición de indiciadas que han perdido su movilidad porque en un año completo no se les ha podido brindar un adecuado tratamiento, medicamentos prescritos que duran hasta 15 días para pasar el filtro de seguridad y el protocolo médico, se están conculcando derechos fundamentales y lo más grave de todo es que pareciera que a nadie le importa. La única esperanza se ha convertido en promover recursos de amparo ante la Sala Constitucional, pero muchas veces, por lo cerrado del sistema y la misma contención extrema, las pruebas pueden hasta fabricarse. La esperanza de poder promover el rescate del respeto de estos derechos fundamentales no es solo responsabilidad de los y las magistradas de la Sala Constitucional, es responsabilidad de todas y todos. A los Jueces y Juezas que están resolviendo los incidentes de enfermedad parece que les importa más el principio de conservación de puesto que tener el coraje y la formación académica para resolver, como se les exige, en un sistema democrático y republicano de derecho como el nuestro. Por 24 años aproximadamente, realicé la función Jurisdiccional con mucha mística para mi país y de las capacitaciones más importantes que recibí, las cuales deberían ser obligatorias para cualquier persona que se decante por gerenciar la administración de justicia de forma responsable, fue una en la Escuela de Estudios Judiciales de los Estados Unidos de América, en donde tuve la oportunidad de observar a los altos jueces aplicar un verdadero derecho, en donde se respetaban las garantías judiciales de forma sacramental. Lamentablemente hoy en día nuestro sistema procesal penal ha ido poco a poco en detrimento aplicando teorías neopunitivistas, orientadas a un sistema represivo vindicativo en donde, a raíz de ello, a quienes se les ha encomendado proteger a los más débiles del proceso prefieren sentarse del lado de la balanza en donde se siente mejor tener el garrote en la mano y conculcar los derechos fundamentales. Considero que estamos en un momento en donde debemos hacer conciencia social, sobre por qué no podemos hacer nuestro aporte para mejorar el acceso al Derecho a la Salud de las personas privadas de libertad. Quiero terminar mi denuncia con la siguiente frase "Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio, está encerrado tras las rejas de los prejuicios y la incapacidad de ver más allá... a los oprimidos y a los opresores se les priva de su humanidad por igual", Nelson Mandela, exprisionero, abogado y ex presidente de Sudáfrica. De ahí de la importancia de que, si a un ser humano se la ha restringido un derecho tan indispensable como lo es la libertad de tránsito, resulta mucho más reprochable entorpecer el acceso a su derecho a la salud, a sus medicinas antidepresivas, a sus citas médicas, a que pueda seguir siendo tratado como persona.

*Exjuez de apelación de sentencia, abogado penalista y Director General de Briglia Abogados

Martes 09 Marzo, 2021

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Dr. Gregorio José Briglia Peralta*