Magistrada Patricia Solano Castro Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia

Para mí, como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esta actividad resulta de suma importancia, por varias razones. Entre ellas, que tengo el honor de celebrar este importante aniversario en mi condición de Presidenta de la Sala de Casación Penal, después de mis más de treinta años de servicio como Juez Penal, que me han permitido conocer el crecimiento de esta jurisdicción y de esta oficina de la cual orgullosamente formo parte.

Creo firmemente que haber nacido en este país es una enorme bendición, y formar parte de un órgano constitucional que puede fortalecer y reconocer en sus decisiones la libertad y democracia que nos identifica en la comunidad internacional, es una fortuna aún mayor.

Antes de los inicios de esta Sala de lo Penal, para la segunda instancia en la materia, se contaba con dos Salas de Apelaciones, cada una de ellas integrada por 3 magistrados. En el año 1969 se creó un tribunal superior penal, no obstante, dicho órgano no se consideró parte de la Corte Suprema de Justicia.

Es en el mes de junio del año 1980 que, con la aprobación de la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, se modificó significativamente la estructura, para conformar una única Sala de Casación Penal y mantener Salas de Apelaciones, fuera de la Corte Suprema de Justicia.

Así, quedó conformada en ese entonces la Corte Suprema de Justicia, con tres Salas de Casación, la penal llamada Tercera, porque fue la última que se creó, quedó conformada por los Magistrados Ulises Valverde Solano, Emilio Villalobos Villalobos, Rafael Benavides Robles, Hugo Porter Murillo y don Armando Saborío Vargas, quien nos distingue con su presencia esta tarde y por ello le externamos nuestro respeto por su gran labor forjando los cimientos de esta Sala.

Para entonces, a esta cámara se le asignó el conocimiento de los recursos de casación y revisión en materia penal, de los delitos de injurias y calumnias previstos en la ley de imprenta, de ciertos conflictos de competencia y de las quejas interpuestas contra los jueces superiores penales. Esta competencia de la Sala tuvo cambios importantes a lo largo de los años y con distintas normativas, hasta llegar a la gran reforma procesal en materia de impugnación que tuvimos con la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia que rige nuestra función.

Con el paso de grandes juristas que crearon los cimientos de nuestra justicia penal actual, los objetivos y metas de esta Sala han ido en evolución, ajustándose a los avances de la complejidad del crimen y de las distintas de comisión de los delitos, que cada vez son más desarrolladas y organizadas, lo que ha conllevado nuevos y mayores retos para la administración de justicia penal.

En esta ocasión, quiero recordar que cualquier concepción que tengamos de justicia, implica otorgar un papel protagónico a las instituciones democráticas, como órganos llamados a forjarla en sus decisiones; así que nuestra responsabilidad es tal, que se nos ha encomendado materializar con nuestro trabajo, el verdadero significado de ser una Nación democrática, libre y soberana, y el efecto de nuestra transparencia y probidad, va más allá de la forma en la que se resuelva un litigio en particular, ya que la manera en que administremos justicia, repercute de forma directa en toda la institucionalidad y en nuestro sistema de derecho.

Por ello, como lideresa de este equipo de trabajo, uno de mis mayores compromisos es velar por que tanto en la gestión de la Sala de Casación Penal, como en toda la jurisdicción, se desarrolle una labor con transparencia, independiente y con eficiencia continua, como primer requerimiento para mejorar el servicio que brindamos.

Es por eso que la calidad de la Justicia debe ser vista como un eje transversal en la organización del Poder Judicial, de la cual forma parte la adaptación del sistema de administración de justicia, no solo a la globalización y avances tecnológicos, sino también al sometimiento al escrutinio público, al acceso a la información, a la adecuada gestión de riesgos y de los conflictos de interés.

Nos encontramos en un momento de innovación, de renovación y de reestructuración de ideas y conceptos que entendíamos correctos o en los cuales no nos enfocábamos y que hoy debemos replantearnos; entre ellos, concientizar que la transparencia de las actuaciones públicas en estos tiempos es invaluable. La modernización de la justicia penal es inminente y debemos adaptarnos también con cambios tecnológicos judiciales, a la realidad de la era de la información y la comunicación.

Los retos son muchos, y en medio de todos estos enfoques, la independencia judicial constituye una garantía indiscutible, pero sobre la cual debemos manejar una concepción adecuada, para que en respaldo de ese principio, no se olvide que el razonamiento del Juez siempre debe ser sometido a valoración, por lo que no conlleva privilegios arbitrarios que permitan al Juzgador no rendir cuentas sobre el sometimiento de sus decisiones al marco normativo.

Tener claros estos conceptos y aplicarlos como corresponde en el quehacer público, implica posiblemente el aspecto primordial para una justicia de calidad como la que buscamos y su aplicación oportuna es parte de la evolución sobre la cual pretendo sensibilizar.

Nuestra función jurisdiccional debe ser reflejo del respeto a estas garantías, ya que las sentencias injustas que no respondan a esos parámetros, infectan a la sociedad y dañan a la democracia, sin importar que sea un solo caso, por lo que el sistema debe mantener un diseño que permita asegurar a la ciudadanía el efectivo disfrute de la garantía constitucional de justicia pronta y cumplida.

Recordemos que la jurisprudencia adquiere un valor insoslayable como complemento de las fuentes del derecho, por lo que nuestra injerencia sobre el funcionamiento de la jurisdicción penal es irrefutable y las resoluciones dictadas en esta instancia, además de una guía deben llevar al mejoramiento de la justicia.

Una función pública íntegra y eficiente, no depende solo de los resultados de los procesos y el rendimiento estadístico de nuestras oficinas, sino principalmente que esta responda a altos estándares de probidad, transparencia y modernización.

La responsabilidad que tenemos como jueces en la actualidad, es aun mayor que la de nuestros antecesores, Costa Rica ha adquirido compromisos internacionales que involucran al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, para promover una sociedad pacífica, inclusiva e igualitaria, para el desarrollo sostenible mundial, lo cual requiere facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, en definitiva, con instituciones eficaces, eficientes y responsables.

¿Y qué retos visualizo para la justicia penal y para esta Sala en los años venideros?

En definitiva, una mejora sustancial en la efectividad y eficiencia de la gestión de la Sala, con una integralidad notoria en la calidad de nuestro trabajo.

La Sala de Casación Penal, cuyo aniversario nos encontramos celebrando, constituye un pilar fundamental en nuestro engranaje constitucional democrático, las decisiones, jurisdiccionales y administrativas, que se toman desde nuestras oficinas, tienen un impacto directo sobre toda la jurisdicción penal y por ende, en el estado de derecho.

Esto, por un lado, por nuestra función nomofiláctica de la jurisprudencia, y por otro, por cuanto, como administradores de justicia del más alto rango, mantenemos una responsabilidad inherente sobre el progreso integral de la sociedad costarricense, y somos los primeros llamados a cumplir este compromiso, para luego poder exigir a los demás jueces de la república, el mismo comportamiento ético.

La emergencia sanitaria que vivimos actualmente por la enfermedad del Covid 19 nos ha obligado a asumir nuevos retos, destacando el verdadero significado de la garantía de acceso a la justicia, no solo desde el punto de vista tecnológico.

La palabra "crisis" proviene del verbo krinein, que significa "romper, decidir", y todas las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad han enfrentado cambios que quebrantan sus esquemas, obligando a la implementación de nuevos ideales, metas y objetivos. Visto desde esa perspectiva, la complejidad de estos momentos de dificultad, pueden convertirse en grandes oportunidades de crecimiento, según nuestro abordaje institucional.

En todo caso, el derecho debe ajustarse a los cambios de la dinámica social, llámese crisis financiera, llámese pandemia o casos mediáticos que atenten contra la confianza institucional. Quienes ejercemos la administración de justicia y a su vez roles de gobierno judicial, debemos en el mismo sentido, ser capaces de adaptarnos con resiliencia a estos cambios, implementando con firmeza todas las medidas que nos exija el bienestar social.

Justamente, abordar estas dificultades depende de un Estado de Derecho robusto y fortalecido en cuanto a las garantías a las que he hecho mención y de acuerdo con la forma en la que respondamos a estas dificultades actuales, reafirmaremos o desacreditaremos nuestra institucionalidad democrática. En este contexto, debemos reflejar nuestra madurez constitucional para sostener el balance entre los poderes de la República y para garantizar a los ciudadanos el acceso a todos los derechos que a nosotros nos corresponde reconocer.

Por ello, en lo que respecta a la gestión de la Sala de Casación Penal, mi prioridad seguirá siendo la mejora en la calidad de la justicia que brindamos, optimizar nuestros recursos y aumentar nuestro rendimiento, en respeto absoluto a las garantías constitucionales sobre las que he enfatizado.

Con ese fin, estamos implementando acciones afirmativas, para que en el contexto post-pandemia, se refleje una mejora sustancial en la administración de justicia penal. El Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, ha logrado avances importantes en el tema de la mora judicial y de la calidad de la justicia, los cuales, se han visto afectados con la pandemia, pero se han desplegado importantes esfuerzos institucionales para mitigar los daños y mantener los resultados.

Con la visión de humanizar la justicia penal y penal juvenil, la Sala ha mantenido un impulso constante para el fortalecimiento de los procesos restaurativos, siendo que la Secretaría de Justicia Restaurativa ha logrado un 96% de satisfacción en los usuarios que han obtenido una resolución alterna de sus conflictos, aportando con ello a la seguridad y paz social.

Por otro lado, desde la Sub Comisión de Delincuencia Organizada, se han realizado importantes esfuerzos con miras a la futura entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, para mejorar especialmente la calidad del recurso humano, así como otras áreas indispensables para la persecución de la Delincuencia Organizada.

También, se encuentra en ejecución con la Dirección de Planificación, el proyecto de reestructuración de procesos internos y manuales de puestos dentro de la Sala Tercera, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y optimizar nuestros recursos para mejorar en todos los sentidos, el servicio que brindamos.

Así que visualizo una Sala de Casación Penal que se continúe caracterizando por su eficiencia, transparencia e integridad, que constituya un baluarte inestimable para la administración de justicia penal, con una mejora continua en cuanto a la efectividad, el rendimiento y la calidad, lo cual se logrará como resultado de la sinergia del trabajo y compromiso conjunto, labor que lideraré con entrega y responsabilidad, irradiando el gran amor y respeto que tengo por el Poder Judicial y por esta Sala.

Muchas gracias.