Dr. Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy.

Es un honor dirigirme a ustedes, en el marco de la firma del Convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad.

Una iniciativa conjunta que viene a reforzar aún más los lazos históricos de cooperación y colaboración entre el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Al reconocer la importancia de ese principio de colaboración que debe regir entre las distintas instituciones que conforman el Estado, como un mecanismo para garantizar un mejor servicio público.

Las circunstancias actuales, derivadas de la emergencia sanitaria por covid-19, implican no solo un mayor esfuerzo personal e institucional, sino también, adaptarnos a la urgente necesidad de implementar los mecanismos tecnológicos como elemento clave para brindar la continuidad a los servicios públicos, garantizar el acceso a la justicia, pero a la vez coadyuvar en la protección de las personas funcionarias a través de medidas como el teletrabajo, con la finalidad de garantizar el distanciamiento social.

El convenio que suscribimos el día de hoy permitirá brindar una alternativa a todas las personas funcionarias y servidoras judiciales, para optar -a título personal- por un servicio de acceso a internet con condiciones favorables, mediante un plan denominado “oferta de teletrabajo”.

Esta alianza procura garantizar una conexión estable a internet, a las personas funcionarias judiciales que les permita cumplir adecuadamente con sus labores mediante la modalidad de teletrabajo.

Pero este tipo de iniciativas permiten a su vez desarrollar varios elementos claves.

El primero de ellos, garantizar el acceso al internet, esto desde la óptica del internet como derecho Humano.

En ese sentido, nuestro país ha sido pionero en América Latina en declarar el acceso al internet como derecho humano, mediante la vía jurisprudencial .

Ese acceso al internet como derecho fundamental también ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial para la libertad de expresión , cuando en el año 2013 señalaba que ese acceso posee una serie de principios orientadores como lo son: el acceso al internet en igualdad de condiciones, el pluralismo informativo, la no discriminación y la privacidad.

Otro de los elementos claves, una vez garantizado el acceso al internet, radica en la utilización de dicha herramienta para adaptar la función publica a los tiempos modernos, donde los Poderes Judiciales y la institucionalidad pública en general, debe tomar partida de los recursos tecnológicos como una forma para optimizar, simplificar y mejorar la experiencia de las personas usuarias frente a los diversos servicios públicos, dejando atrás la vieja burocracia de escritorio, para pasar a tiempos donde las personas puedan realizar diversas gestiones en línea de forma rápida y eficiente.

Decía don Pepe Figueres de su libro cartas a un ciudadano:

“Nuestras instituciones públicas, […] son verdaderas escuelas de formación de personal. Las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad no serán solamente valiosas por la energía eléctrica suministrada, sino también por la cantidad de tecnología que allí se está cultivando.”

Esa forma tan visionaria de entender el aporte de las instituciones públicas, nos permite estar hoy aquí suscribiendo un convenio que contribuirá a adaptarnos aún más a la situación actual por la pandemia, pero a su vez, constituirá una piedra angular para el desarrollo de futuros esfuerzos entre ambas instituciones, aprovechando las ventajas de la tecnología, todo esto en pro de un servicio público de calidad.

Muchas Gracias.