El acuerdo se tomó en la sesión de Corte Plena del pasado 7 de setiembre de 2020.

El aseguramiento del valor del servicio de administración de justicia y de idoneidad y probidad en la función pública son los temas estratégicos en los que se fundamenta la solicitud para la construcción de la “Política Anticorrupción, una propuesta en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 2019-2024”, que aprobó la Corte Plena.

El acuerdo para el desarrollo de esta política institucional dentro del quehacer del Poder Judicial, se tomó en la sesión del pasado 7 de setiembre de 2020.

La construcción de la estrategia institucional anticorrupción está a cargo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro.

“La propuesta desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, constituye un componente fundamental para la continuidad de la materialización del conjunto de acciones afirmativas que el Poder Judicial ha realizado en el marco de la lucha contra el fraude y la penetración de la corrupción dentro de la institución”, destacó la Vicepresidenta de la Corte.

La exposición del documento estuvo a cargo de Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.

“Es una política de interés institucional y social para la integridad e independencia judicial. Se enmarca dentro del compromiso público del deber de probidad como valor del servicio de administración de justicia, transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad en la toma de decisiones que afecta a las personas usuarias y partes interesadas físicas o jurídicas que interactúan con la institución”, puntualizó Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.

Como tema estratégico desarrollará el compromiso marco de lucha contra la corrupción interna de toda su población judicial así como su relación con las diversas partes interesadas. Está basada en la probidad en la justicia, y tendrá como objetivo el fortalecimiento de la confianza y el valor del servicio de la administración de justicia hacia y para la sociedad. Para su cumplimiento se definieron cinco acciones estratégicas en transparencia y rendición de cuentas, probidad y anticorrupción, colaboración interna y externa, comunicación y proyección institucional y participación ciudadana.

Se destaca que la Política Institucional Anticorrupción se alinea a los principios axiológicos, éticos-legales y estratégicos Institucionales 2019-2024 del Poder Judicial, con los acuerdos de Corte Plena que priorizan y declaran de interés institucional la generación de estrategias internas para la lucha contra la penetración de la corrupción dentro de la organización y su divulgación y sensibilización en beneficio de las personas usuarias.

Además, la política institucional se suma al compromiso adquirido por el Poder Judicial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente en el objetivo 16 de Paz, Justicia e instituciones sólidas.