Magistrado de la Sala de Casación Penal, Álvaro Burgos Mata.

Los efectos del Covid-19 en la ejecución de sanciones privativas de libertad en los sistemas de justicia penal juvenil, el acceso a la justicia y reintegración social, así como la no discriminación en el acceso a la justicia de grupos vulnerables, fueron los temas tratados durante la reunión virtual Regional Preparatoria para Centroamericana y el Caribe para el Congreso Mundial de Justicia para niños, niñas y adolescentes.

La actividad pertenece al programa de Acceso a la Justicia de la Fundación Terre des Hommes, que es una iniciativa de un grupo de organizaciones internacionales que realiza eventos sobre justicia para la niñez y mantiene unida una comunidad mundial de profesionales, que tienen como objetivo la implementación efectiva de los derechos de las personas menores de edad, la participación de la niñez en los sistemas de justicia y promover medidas no privativas de la libertad.

En la actividad participó el Dr. Álvaro Burgos Mata, de la Sala de Casación Penal, quien indicó que “la participación del Poder Judicial en este evento es de suma importancia en virtud de que el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), tiene su sede precisamente en el edificio del OIJ en Costa Rica, pero también porque es la primera vez que un magistrado propietario de la Sala Tercera de la Corte participa activamente en calidad de coordinador de la Sub Comisión Penal Juvenil en un evento internacional de tal naturaleza”.

El fin de estos congresos es crear espacios dedicados a la interacción y participación para diferentes países a nivel mundial, de manera que se promueva la justicia para todos los niños y las niñas, además de ser un espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas sobre ejes temáticos relativos a la justicia para menores de edad.

La actividad fue coorganizada por el ILANUD y la Fundación Terre des Hommes con la colaboración de Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica, la Fundación Paniamor y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.