Ante Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos | ||
Magistrada Damaris Vargas y Fiscalía General exponen acciones sobre protección de pueblos indígenas | ||
Comparecencia se dio como parte de las medidas de protección para las poblaciones de Térraba y Bribri de Salitre dictadas por la CIDH | ||
Erick Fernández Masís Periodista
La Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, compareció ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para exponer las acciones realizadas por el Poder Judicial en beneficio de esta población. Dicha comparecencia tuvo lugar el pasado 22 de junio y correspondió al análisis del expediente 21360 que refiere a las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar n° 321-12 del 30 de abril de 2015. Dentro de los temas expuestos por la Magistrada, se señala el alineamiento que existe en la institución entre sus diferentes ámbitos, contando con representantes de cada uno de ellos en la Subcomisión, permitiendo de esta forma una mejor coordinación para el logro de las acciones y objetivos planteados. La Magistrada Vargas destacó que la labor que realizan es basada en la normativa internacional que regula los derechos de las poblaciones indígenas, la cual es supraconstitucional y amplían el rango de protección de los Derechos Humanos, además, se destaca el apego a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Congreso en el año 2018. Por otra parte, en el tema de recuperación de tierras indígenas, la Magistrada recalcó la importancia del trabajo integrado entre las instituciones, logrando acompañamientos con el Poder Ejecutivo, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia y otras instituciones vinculadas con el proceso, en especial, gracias a la concertación con las personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH contra el Estado. Lo anterior, en seguimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena emitida gracias al compromiso asumido por unanimidad por los magistrados y las magistradas, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Acceso a la Justicia que preside el Magistrado Jorge Olaso Álvarez y el equipo de trabajo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. “Estimo que se han logrado objetivos importantes con el apoyo de personas líderes y lideresas indígenas de Salitre y de Térraba, algunas de ellas vinculadas con el acuerdo tomado por Corte Plena, donde se aprobaron las reglas, que exigen procesos como la creación de la Política Indígena del Poder Judicial, la cual está en proceso de construcción en forma concertada con las personas indígenas, la Dirección de Planificación y MIDEPLAN; además, procesos de capacitación desarrollados con personas líderes y lideresas de esa población, sistemas de información que permitan tener una gestión documental institucional para la toma de decisiones y la administración de los riesgos, entre otros temas de relevancia institucional”, indicó Vargas Vásquez. La Magistrada manifestó que “a raíz de estos encuentros periódicos que hemos tenido, nos trasladamos a los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, hemos logrado integrarnos con este equipo de trabajo a manera tal que lo que se está comunicando a la CIDH son todas las acciones que se están desarrollando, las cuales a raíz de las decisiones tomadas por Corte Plena a instancia de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, se hacen a nivel integral desde todos los ámbitos de la institución y con un sistema de información accesible para a las personas indígenas”. Otro elemento expuesto, fue el uso de peritajes culturales en los procesos judiciales en los que participan personas indígenas, con el objetivo de conocer su cosmovisión a fin de tramitar y resolver los conflictos con pertinencia cultural en el marco de los derechos de dicha población. Se resaltó, que desde el año 2008 se solicita que las audiencias se realicen “in situ” en los territorios indígenas, logrando de esta manera un alineamiento de parte de la jerarquía institucional con las directrices que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente están en relación con las medidas cautelares de la Convención, para la protección de los pueblos indígenas. Para tal efecto, tanto Corte Plena como Consejo Superior han emitido lineamientos a considerar durante la atención de la pandemia Covid-19 en los territorios indígenas, según disposiciones del Ministerio de Salud. Se resaltó el involucramiento de la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y el sector Administrativo institucional en la adecuación de sus funciones direccionadas a las personas indígenas usuarias para que respondan a su pertinencia cultural; en especial, la atención que se da en todas las materias a las personas indígenas por parte de la Defensa Pública. En relación con la Judicatura los lineamientos de Corte fueron emitidos basados en los altos estándares definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con absoluto respeto al principio de independencia judicial. Durante el encuentro también participaron Ileana Mora Muñoz, Fiscala Adjunta de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Tatiana García Chaves, Fiscala Adjunta de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Randall Otárola Madrigal, Viceministro de la Presidencia y los diputados y diputadas integrantes de la Comisión. En la comparecencia ante la Asamblea Legislativa las representantes del Ministerio Público reiteraron que la Fiscalía General realiza las acciones necesarias para brindar un abordaje integral en todos los casos y con pertinencia cultural, de acuerdo con sus funciones y actuando bajo el principio de objetividad. |