Magistrada Patricia Solano Castro, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, expuso sobre la “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial: Retos y Oportunidades para la Administración de Justicia”.

La jerarca fue parte de los panelistas del foro internacional “De la declaración de intereses a la era de la gestión del conflicto de interés para la transparencia e independencia judicial”.

La Magistrada Solano Castro señaló la relevancia de una adecuada gestión de los conflictos de intereses en el cargo público y concretamente en el Poder Judicial, donde se evidencia el compromiso serio que mantiene la institución de fortalecer la independencia judicial en la administración de justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción, temas que se potencian en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo entero.

“Sabemos que el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, nos exige la implementación de actuaciones eficaces, íntegras y transparentes en el ejercicio de los puestos públicos, siendo para nuestro caso la función de administrar justicia, lo cual solamente se logra con la implementación de medidas y disposiciones por parte de las autoridades judiciales, siendo que se hace imperativa la congruencia entre nuestra vida privada y función pública, dando ejemplo de lo que significa conducirse bajo los principios de la ética y los valores de la integridad y transparencia”, aseguró la Magistrada Patricia Solano Castro.

Según indicó la Vicepresidenta de la Corte, el régimen de conflictos de interés busca delimitar la actuación judicial, sea jurisdiccional o administrativa, dentro de los parámetros de la ética y la probidad pública. La relevancia de una adecuada gestión de los conflictos de interés en la función pública radica en que constituye una herramienta eficaz para asegurar la imparcialidad y la probidad en el actuar público.

“Para una correcta gestión de los conflictos de interés, es necesario en primer término, identificar cuáles son los rasgos generales de situaciones particulares, que ponen en riesgo la independencia e integridad en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, concientizar sobre ellos y en definitiva, con base en ese conocimiento, elaborar políticas públicas capaces de prevenir, gestionar y sancionar actuaciones contrarias a la ética pública, dentro de las cuales se encuentra incluso, la no intervención por parte de jerarcas institucionales o jefaturas, cuando tienen conocimiento de situaciones riesgosas presentadas en relación con otros funcionarios judiciales”, finalizó.

En el 2019, la Corte Plena aprobó el reglamento denominado “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”, el cual responde también a requerimientos de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, de los cuales forma parte Costa Rica, así como de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley General de Control Interno, entre otras.