Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, me representa un enorme gusto y un honor, participar en la inauguración de proyecto “Fortaleciendo la respuesta Judicial al Crimen Organizado en Costa Rica”.

En los últimos años los fenómenos delictivos han evolucionado de manera considerable, la constante de tales fenómenos son los que se asocian a criminalidad organizada, caracterizada por elementos como: grave daño a la sociedad, distribución de funciones, jerarquías, especialización, violencia física, dominio y expansión territorial, gran fin común de los grupos y otros factores que moldean dichas actividades delincuenciales.

La criminalidad organizada es un fenómeno multifactorial en varios sentidos, tanto en sus causas como en sus tipologías y por supuesto, en sus consecuencias a nivel social y también jurídico, en donde incluso se la caracteriza como un fenómeno “transnacional”.

Nuestro país no está exento de la evolución de éste fenómeno criminal, y en atención a tal realidad, la política criminal instaurada por el Poder Legislativo ha dotado de normativa especializada a los entes preventivos y represivos que intervienen en la lucha contra la delincuencia organizada.

El Poder Judicial es un actor fundamental dentro de un contexto en el que los grupos criminales organizados están multiplicándose y fortaleciéndose gracias a la asunción de estructuras muy similares a las empresas lícitas, en donde existen individuos que tienen el dominio del aparato de poder, pero igualmente en los que hay diversas células –la mayoría de las veces fungibles pero con cierta independencia en sus métodos– que se encargan de materializar los encargos superiores.

Las diversas estrategias que aplican los grupos criminales organizados justifican una especialización en la forma en la que se analizan este tipo de casos y por ende, aquellas personas que trabajarán en una jurisdicción tan especializada como esta, deben contar con todo un instrumental teórico y práctico para llevar a buen puerto su trabajo.

En nuestro ordenamiento jurídico, el Poder Legislativo promulgó Ley No 9481 en la que se creó la “Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada” con competencia en la investigación y juzgamiento de aquellos asuntos que cumplan con los parámetros establecidos en la legislación, respecto al delito perseguido -delitos graves e ilícitos conexos- y, b) la determinación de una organización criminal que se ajuste a los criterios que los clasifican como un “grupo de delincuencia organizada”, según el numeral 9 de la ley.

Además el marco normativo en cuestión creó una Fiscalía, una Defensa Pública y una Sección del Organismo de Investigación Judicial especializados para la atención de los asuntos que se tramitarán ante la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que entrará en funcionamiento a partir del mes de octubre del año 2019.

En este sentido, existe una propuesta impulsada por el Poder Judicial con el apoyo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia tramitada bajo expediente legislativo No. 21.559 que plantea que este tipo de delitos se conozcan en todo el país y solo aquellos con una condición especial de relevancia y peligrosidad resulten convenientes que se tramiten en la jurisdicción especializada ubicada en San José.

Esto no solo favorece el procesamiento de este tipo de delincuencia, sino que evita que se sature la jurisdicción especializada e implica un ahorro considerable de recursos

Para el Poder Judicial uno de los temas medulares de la puesta en funcionamiento de esta jurisdicción, lo representa la necesidad de dotar a todo el personal involucrado en el desarrollo de capacidades y competencias especializadas en materia de delincuencia organizada, pues de ello dependerá su éxito.

En este sentido, el proyecto “Fortaleciendo la respuesta Judicial al Crimen Organizado en Costa Rica surgió de la Subcomisión para la implementación de esa Ley, y reúne las necesidades de capacitación de la Judicatura, el Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. Representa un intenso trabajo que desde el 2017 han realizado los equipos de estos entes y los equipos técnicos del Poder Judicial con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para garantizar el éxito de la jurisdicción especializada.

El proyecto en cuestión tiene como objetivo general “fortalecer las competencias del personal judicial que tomará parte en la implementación de la jurisdicción especializada de crimen organizado, mediante la dotación de herramientas académicas y prácticas para utilizarlas en sus quehaceres diarios y ofrecer un servicio público de calidad; así como una justicia pronta y cumplida”.

La iniciativa en cuestión fue presentada a la Embajada de los Estados Unidos de América (EE. UU.), quien lo sometió a aprobación del Congreso de aquel país, donde finalmente se aprobó y se destinó casi 600 mil dólares para ejecutarlo. Se realizará a través de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) quien fue la adjudicataria y tendrá una duración de año y medio.

Quiero agradecer en nombre del Poder Judicial de Costa Rica, al gobierno de los Estados Unidos representado en la Distinguida Señora Embajadora Sharon Day, porque con su gran apoyo en temas estratégicos como el que hoy nos congrega, nos permite cumplir frente al pueblo de Costa Rica con importantes obligaciones como las de mantener en alto el cumplimiento de los más altos estándares en la persecución y juzgamiento delitos tan complejos como el crimen organizado.

Agradecemos que el Gobierno de los Estados Unidos apoye nuestros esfuerzos en la persecución y juzgamiento de la actividad delictiva en Costa Rica. Por ello, expreso en nombre del Poder Judicial de Costa Rica, nuestro compromiso por aprovechar de la mejor manera todo el apoyo que nos puedan dar en esta lucha incesante por brindar a nuestra ciudadanía un sistema penal efectivo, que pueda responder a las modalidades cada vez más complejas de delincuencia organizada.

Preparando a nuestro personal, permitiría aumentar la capacidad de respuesta operacional ante las modalidades delictivas y además asesorar de una mejor forma a los Tribunales de Justicia y al Ministerio Público, cumpliendo así no solo con la misión institucional, sino que además con la demanda que hace la sociedad internacional y la costarricense de volver a tener un país más seguro donde reine la paz y tranquilidad que por muchos años caracterizó a Costa Rica.

Por otra parte, la inauguración del presente proyecto coincide con la necesidad de prorrogar la entrada en vigor de la normativa en cuestión, pues su diseño y costo actualmente no resultan viables y al día de hoy no se le ha asignado ningún contenido presupuestario a pesar de que la Ley No. 9481 debía entrar en vigor desde el mes de octubre del 2018, lo que obligó a una prórroga y hoy obliga a una segunda prórroga, con la ventaja de que esta última plasmada en el proyecto de ley en cuestión es más viable técnica y financieramente.

Muchas gracias.