El estudio técnico fue elaborado por la dirección jurídica del Poder Judicial

Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena señalaron la incidencia abierta en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, que tiene el proyecto sobre empleo público.

El informe técnico jurídico elaborado por la Dirección Jurídica de la institución se discutió y aprobó este lunes 1 de julio en la sesión ordinaria de Corte.

El criterio judicial sobre la propuesta de ley señala un total de nuevas afectaciones puntuales que se centran exclusivamente en la afectación de la organización y funcionamiento judicial.

Respecto al objetivo de fortalecer la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia de empleo público, se consideró que “…si bien los incisos e) y f) prevén la coordinación con los sub regímenes, el hecho de que el inciso a) disponga la competencia de establecer y dirigir políticas y lineamientos en materia de empleo público para todos los sujetos públicos, incluido el Poder Judicial, implica una afectación a la independencia de este en el tema”.

Corte Plena determinó en su informe que “…el hecho de que el Poder Judicial pierda su independencia absoluta en materia de evaluación de desempeño y su sistema de empleo y esté obligado a coordinar con el Poder Ejecutivo, deviene en afectar su organización y funcionamiento”.

Respecto de la capacitación de la institución, la norma propuesta establece que la coordinación del Ministerio rector no será con los jerarcas del Poder Judicial, sino directamente con la Escuela Judicial y la Dirección de Gestión Humana, desplazando a la Corte como jerarca institucional en este tema.

Se señala que MIDEPLAN tendría competencia para emitir lineamientos generales respecto al perfil y destrezas de los puestos de dirección de la administración pública, que incluirían a los titulares subordinados del Poder Judicial no regulados por ley.

El criterio de Corte determina que la rectoría de MIDEPLAN tendría incidencia también en la potestad reglamentaria del Poder Judicial respecto a la regulación por incentivos por desempeño.
De acuerdo con el informe judicial, se evidencia un desplazamiento de las competencias en la definición general en materia de empleo de órganos del Poder Judicial hacia el Ministerio rector. Se señala que la definición de indicadores para fiscalización, evaluación y control del empleo público se otorga a un Observatorio de Empleo Público, “…con abierto impacto en la independencia de los Poderes y la autonomía de los entes”, puntualiza el criterio de Corte.

Se agrega sobre la asignación de una competencia a la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda para incidir en la regulación salarial del Poder Judicial.

Sobre la propuesta de desvinculación del empleo público a las personas con evaluaciones de desempeño consecutivas e inferiores al 70%, se consideró conveniente analizar la conveniencia de la aplicación de esta norma a las personas juzgadoras, para garantizar la independencia del juez o jueza; pues esta evaluación debería ser particular y no dejarse a una mera calificación porcentual que obvie la naturaleza del cargo.