Dr. Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, me representa un enorme gusto y un honor, participar en tan importante actividad con reconocidos expertos. Se aborda un tema del que se habla desde hace muchos años, pero con poca incidencia práctica.

En el Poder Judicial tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la eficiencia, la transparencia, la probidad, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado y la celeridad de los procesos.

Trabajamos de manera firme y constante para superar la grave crisis que sufrió la institución, para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, lo cual debemos hacer con humildad y con una actitud de autocrítica. No puede ser de otra forma. Por eso motiva el compromiso de tantas personas funcionarias que tienen esa actitud, porque la recuperación de la confianza y la credibilidad es una labor que no admite excepciones por parte de quienes integramos el Poder Judicial.

Cuando en agosto del 2018, tuve el honor de acceder al cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo asumí como un enorme reto, no sólo propio, sino también como el de aquellas personas que procuraban asumir una posición digna, en el difícil trecho del camino que atravesamos y aportar junto a ustedes mi mayor y mejor esfuerzo para, con esa misma voluntad, apoyo y determinación, recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

En este sentido, considero que es fundamental impulsar las medidas necesarias para fortalecer y modernizar la institución, tal y como estas fueron aprobadas por la Corte Plena. Se conformaron diez comisiones, cuyos miembros han trabajado incansablemente con el propósito de fortalecer la Administración de Justicia.

La agenda de estas reformas urgentes debe cumplirse para lograr un mejor Poder Judicial.

Hay reformas en la estructura administrativa de la Corte, que deben promoverse reduciendo en particular, las funciones administrativas de la Corte Plena para que su actuación sea más eficiente y célere. Esta es una variación estructural que hace tiempos se ha propuesto, al comprobar que la estructura organizativa de la Corte es muy antigua, vertical y con poderes concentrados y ineficientes, tal y como se evidenció en el I y II informes del Estado de la Justicia.

Para la estructura administrativa del Poder Judicial del siglo XXI, se requiere la generosidad que inspira el ideal democrático: racionalizar el poder, propiciar mayor participación, evitando los caudillismos reduccionistas en las estructuras.

Esos valores y objetivos inspiraron la labor realizada por el grupo identificado con el “número 8” denominado “Plan para concentrar a Corte en aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales” el cual fue coordinado por el magistrado William Molinari con el valioso apoyo de los magistrados Luis Guillermo Rivas, Fernando Castillo y la Magistrada Irís Rocio Rojas, así como de funcionarios de las diferentes Direcciones de la institución, el Despacho de la Presidencia, el ámbito jurisdiccional y de la Sala Primera, la Secretaría de la Corte, el Consejo Superior, el Estado de la Justicia los gremios y de reconocidos expertos.

La presente Comisión tuvo como objetivo principal “Concentrar en la Corte Plena las potestades de definición y dirección de los lineamientos estratégicos de política y gestión macro del gobierno del Poder Judicial, para disminuir la carga de trabajo de sus integrantes, a fin de procurar más espacio para las labores jurisdiccionales”. También para tener más tiempo para definir políticas judiciales de mediano y largo alcance.

En el estudio que realizó la Comisión se identificaron más de 80 potestades de Corte Plena reguladas en más de 125 normas.

Reducir las funciones de Corte Plena, es un objetivo que requiere una voluntad de disminuir los pequeños y los grandes poderes. Es una voluntad para que el asunto de la Justicia responda mejor a la eficacia, eficiencia, transparencia y democracia, entendida esta como redistribución de poderes, con mayor participación de los actores que hacen posible la definición de los conflictos sometidos al sistema judicial. Debemos partir de un diagnóstico de los órganos de gestión, determinándose:

- Desarticulación organizativa;
- Dispersión de intereses institucionales;
- Gestión reactiva desconectada de las definiciones estratégicas;
- Ausencia de políticas de gestión (macro) de los riesgos que comprometen la consecución de los objetivos institucionales;
- Dificultad y excesiva lentitud en la toma de decisiones;
- Creación de dependencias y comisiones sin la debida justificación técnica y operativa;
- Ausencia de un órgano de consulta sobre aspectos vinculados a la judicatura;
- Falta de empoderamiento de las dependencias técnicas para la toma de decisiones;

Con fundamento en el anterior diagnóstico, la construcción de la propuesta plantea un cambio de paradigma hacia un “modelo corporativo judicial”, el cual tiene como principios rectores:

a) Balance de pesos y contrapesos, tan importante en el Estado de Derecho y aún más significativo en la judicatura, que es la función de los equilibrios y reducción de la arbitrariedad.
b) Principio de legalidad
c) Eficiencia y eficacia. Que no es fácil de concretar en acciones efectivas. 
d) Integración de los puestos en donde exista un perfil de puestos; publicidad de los nombramientos, alternabilidad, representatividad y;
e) Rendición de cuentas. La rendición de cuentas crea una vía de ida y venida, una interacción en la que la rendición de cuentas se fortalece con la opinión de los destinatarios del mensaje.

La propuesta final de la Comisión hacia un modelo de “gobierno corporativo judicial” inspirado en los principios de dirección, gestión, independencia judicial y control. En relación esto último es fundamental que exista un adecuado control de riesgos plantea importantes cambios en la Corte Plena, el Consejo Superior, las Direcciones Administrativas y propone la creación de un Consejo de la Judicatura, entre otras propuestas, que, por limitaciones de tiempo, no puedo abarcar, sin embargo, remito al documento que se encuentra en la página web de “Un mejor Poder Judicial”. Obviamente, es una redefinición que supone mayor democracia, mayor participación y especialidad.

Dejamos atrás el caudillismo que orienta el alma de la estructura judicial vigente.

Así, se proyecta un estrato de gobierno en verdadera función de gobernar, trasladando el gerenciamiento a órganos diseñados para tal finalidad. En este sentido, se propone el abandono de una gestión institucional a partir de modelos y temas de corto alcance, asumiendo una visión estratégica de mediano y largo plazo, que logre articular, en lo inmediato, una nueva cultura de gestión institucional. Esta propuesta tiene como núcleo esencial, dotar de un mejor esquema de gobernanza al Poder Judicial.

En relación a la Corte Plena, la propuesta de modelo de gobierno no plantea cambios en su estructura, ni jerarquía, pues sigue siendo el del nivel superior, sin embargo, pretende concentrar en el órgano de gobierno la definición de los “grandes temas institucionales”, entendiendo por éstos los direccionamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, así como la definición de las políticas globales del sistema que deberán materializar cada uno de los órganos dentro del respectivo ámbito de competencia.

Se pretende trasladar la gestión administración y ejecución de aspectos operativos, a los órganos subordinados. Para ello es fundamental organizar en todo al órgano de gobierno un esquema de agentes profesionalizados, eficientes y balanceados que implementen, programen, midan y rindan cuentas a partir de las líneas estratégicas definidas por la Corte Plena.

Dentro de las funciones que tendrá la Corte Plena se destacan:

a) La definición de las políticas “macro” de buen gobierno corporativo
b) La aprobación presupuestaria
c) Vigilancia y control macro y micro de la gestión institucional
d) En cuanto al nombramiento le corresponderá únicamente la designación de quien ocupara la Presidencia y Vicepresidencia de la Corte, jerarcas de los distintos ámbitos y de las gerencias administrativas, así como la elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo anterior siguiente un concurso abierto y con base en perfiles previamente aprobados.
e) Potestad reglamentaria sobre algunos aspectos taxativos.
f) Potestad disciplinaria únicamente sobre el personal que nombra y sobre los Magistrados propietarios y suplentes. Sin embargo, esta función debe analizarse cuidadosamente, porque es la fuente de ineficiencia en la acción de este órgano colegiado. Debe crearse un tribunal disciplinario de Corte. Es totalmente disfuncional un tribunal de veintidós personas. Esta integración no permite cumplir con los principios de oralidad, inmediación y debido proceso. 

El presente proyecto plantea que se debe eliminar de las funciones de la Corte Plena una serie de competencias que ejerce en la actualidad y que saturan su agenda y que impiden que realice su función:

a) El nombramiento de personal jurisdiccional de casación y tribunales colegiados. Ello será una competencia del Consejo de la Judicatura como veremos más adelante.
b) Potestad disciplinaria, ello es competencia del Tribunal de la Inspección
c) Se elimina una gran cantidad de potestades administrativas que se le son trasladas al Consejo de la Judicatura y al Consejo Superior, como por ejemplo en relación a éste último definir la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo o de disponer cuestiones de organización interna de los tribunales de justicia, entre otros.

El Consejo Superior se modifica en algunos temas sustanciales al punto que tendrá una “desconcentración mínima”. Estará subordinado a la Corte Suprema de Justicia y subordinará una serie de órganos: gerencias institucionales y de dependencias administrativas.

En este sentido, se encargará del gerenciamiento general del sistema de administración de justicia en el área administrativa de los ámbitos: jurisdiccional, Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, para lo cual podrá emitir los reglamentos necesarios en las materias de su competencia.

Le corresponderá conocer y aprobar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial. Además, deberá emitir los lineamientos necesarios para la ejecución del presupuesto conforme a la políticas y definiciones estratégicas de Corte Plena.

Además, será el encargado del gerenciamiento de la labor administrativa y ejecución de la institución, ajustándolo a las definiciones estratégicas determinadas por Corte Plena.

En cuanto a su conformación, con excepción del Presidente de la Corte, los demás integrantes serán nombrados por la Corte Plena conforme a un “perfil competencial” que será definido por Gestión Humana para cada uno de ellos. La duración en el cargo será de 6 años con posibilidad de una reelección no sucesiva. La renovación de los puestos se hará de manera paulatina.

Además, se establecen una serie de requisitos mínimos generales y específicos para cada uno de los integrantes que deben de cumplir para poder participar en el concurso y poder ejercer el cargo.

Dentro de las competencias que le son excluidas se encuentran
- Designar funcionarios que administran justicia
- Ejercer la potestad disciplinaria

Por otra parte, la Presidencia y su Despacho deben ser articuladores de las definiciones de Corte Plena y del Consejo Superior dentro del ámbito de sus competencias.

La presente propuesta plantea la creación del “Consejo de la Judicatura”, el cual será el órgano encargado de todos los aspectos técnicos de la carrera judicial y designación de todo el personal jurisdiccional –excepto integrantes de la Corte- y representativo del ámbito jurisdiccional ordinario.

Será el administrador de la carrera judicial y velará por la idoneidad del personal de las personas seleccionadas en la judicatura. Además, deberá resguardar la independencia de las personas juzgadoras y funcionará como órgano técnico de consulta obligatoria en todos los aspectos vinculados a la función jurisdiccional.

Es un órgano permanente, el cual estará integrado por 6 representantes de la carrera judicial (civil, penal, penal juvenil, tránsito, contravencional, laboral, agrario, ambiental, contencioso administrativo, notarial, familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica y pensiones.

Sus integrantes serán designados mediante un concurso abierto y podrán participar las personas juzgadoras activas y nombradas en propiedad en cada uno de los subsectores del ámbito jurisdiccional con independencia de su grado.

Es importante que Gestión Humana definirá un perfil para poder desempeñar ese puesto y la Gerencia de Tecnología deberá de implementar un sistema electrónico de votación.

El representante del sector jurisdiccional será la persona que obtenga el mayor número de votos y las personas que ocupen el segundo y tercer puesto en la respectiva votación tendrá en cargo de suplentes, en ese mismo orden.

Las personas designadas ocuparán su puesto en la judicatura.

Dentro de los requisitos mínimos destacan
- 15 años de experiencia en la judicatura
- 10 años de experiencia en la materia específica en la fue elegido
- 5 años de experiencia en la gestión administrativa de la institución

Se requiere que sus miembros cuenten con una amplia trayectoria y conocimiento de la institución.

La duración en el cargo será de 4 años con posibilidad de una reelección no sucesiva y cada dos años deberán de reelegirse a 2 de sus integrantes.

Dentro de sus competencias principales destacan:
a) Nombramiento de personas juzgadoras de todas las instancias, mediante deliberaciones privadas y votaciones públicas
b) Integrar los tribunales examinadores de los concursos
c) Nombrar a la persona directora de la Escuela Judicial
d) Definir los lineamientos de capacitación de magistrados, jueces, personal técnico y abogados
e) Aprobar permutas, traslados provisionales o definitivos de los funcionarios que administran justicia, en única instancia

NO tiene potestad disciplinaria sobre el personal jurisdiccional, pues ello es una competencia del Tribunal de la Inspección Judicial. De esta forma se especializan los órganos que administran la carrera y los que se encargan de lo disciplinario.

Por otra parte, el proyecto pretende otorgar mayor capacidad decisoria a las “Gerencias Administrativas” cuyas competencias quedan bien distribuidas y definidas normativamente para evitar duplicidad de funciones. 

Las personas gerentes se nombrarán de manera permanente y bajo un proceso de escogencia objetivo y técnico, en el cual de previo se definirá un perfil. En este sentido existirá las diferentes gerencias:

• Gerencia Ejecutiva
  
• Gerencia de Planificación
  
• Gerencia de Gestión Humana
  
• Gerencia de Tecnología de la Información

Por otra parte, se plantea la creación de una Unidad de Gobierno Corporativo la cual deberá conformarse a partir de la base de la actual Oficina de Control Interno, Transparencia y Anticorrupción. Además, atraerá personal de los funcionarios del Centro de Gestión de la Calidad (CEGECA).

Esta Unidad será un agente asesor de Corte Plena, que emitirá sus reportes y alertas en materia de control interno para los órganos pertinentes a través de la Presidencia de la Corte y de su Despacho. En circunstancias excepciones podrá acudir de mantera directa a Corte Plena o al Consejo Superior.

Dentro de sus competencias destacan:

a) Asesoría, desarrollo, implementación y evaluación de los sistemas de control interno y gestión de riesgos
b) Asegurar el alineamiento de la gestión operativa institucional a las diferentes definiciones estratégicas
c) Gestionar el sistema en general de control interno institucional
d) Emitir recomendaciones y proponer a Corte Plena las recomendaciones necesarias para que el sistema de planificación estratégica maximice su vocación instrumental
e) Capacitación de funciones en temas de gestión de riesgo, control interno y cumplimiento.
f) Asistir a todos los despachos en los ámbitos de desarrollo de procesos y controles para la gestión de riesgos.

La modernización real y profunda de la institución, y en cuenta de su modelo de gobernanza, deviene en unos de los elementos indispensables para fortalecer la independencia judicial y garantizar la calidad, legitimidad, transparencia, eficiencia y credibilidad en el sistema de gobierno y gestión del servicio de administración de justicia. Tiene que haber un desprendimiento de parte de los magistrados, desprendimiento del poder, superar la cultura tan arraigada desde hace más de un siglo. Es una reforma que debe superar el modelo napoleónico vertical, propiciando mayor democracia al interior del sistema judicial, sin perder de vista, la eficiencia y la eficacia del sistema judicial.

Debemos desarmar el modelo vigente, analizar sus deficiencias y reconstruirlo con las herramientas que brinda la participación, la especialización, la transparencia, superando la cultura de la verticalidad y el un activismo individualista que no responde a una visión de largo alcance. La judicatura y su quehacer se fortalece con un afán de reforma prudente, progresiva y generosa. Esto implica renunciar a visiones que nos impiden ver el autoritarismo que pueden esconder, replantearnos la justicia desde otro ángulo, para propiciar una mejor atmósfera para analizar la eficacia, la eficiencia, una mejor atmósfera para aceptar la crítica, para retomar nuestra función fundamental e impedir que la administración eclipse nuestro papel en la promoción de una justicia célere y de mejor calidad. Un mejor gobierno judicial asegura una mejor democracia y asegura la fortaleza de la institucionalidad.

Muchas gracias.