El estudio estuvo a cargo del magistrado instructor, Román Solís Zelaya.

Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena concluyeron que el proyecto legislativo para fortalecer las autoridades en materia de defensa del consumidor y promoción de la competencia sí indice en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

El informe se emite ante la consulta que remitió la Comisión Especial Legislativa que tiene a cargo de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El estudio de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, Román Solís Zelaya.

“…el Proyecto de Ley consultado sí resulta de aplicación directa al Poder Judicial, pues en su redacción actual, le implicará cambios en su estructura y afectación presupuestaria, al establecer en el cardinal 135, un tribunal especializado en la materia (no exclusivo) que analice la legalidad de las actuaciones de la Coprocom y de la Sutel”, detalló el criterio de Corte Plena.

El acuerdo de la Corte señala que existe un vacío en la norma y el texto legislativo, pues no señala la dotación de recursos para la creación del Tribunal, como sí se hace para el funcionamiento de la Copromo.

Por ello recomendaron que “…la Ley regule el particular y ordene la partida presupuestaria correspondiente para la creación y el funcionamiento de este Tribunal, porque de lo contrario, la propuesta implicaría un fuerte impacto en el presupuesto ordinario del Poder Judicial y podría impedir su creación…ese nuevo Tribunal, también requiere la inclusión de los recursos financieros necesarios para su creación y funcionamiento, y con mucha más razón si se trata de un Tribunal especializado, porque ameritará: la creación de nuevas plazas de Jueces especializados; la creación e implementación de regulación interna del Tribunal; capacitaciones; así como el espacio físico necesario para su instauración”.

El informe concluye que “…el Proyecto sometido a estudio, particularmente el ordinal 135, sí afecta la organización y el funcionamiento de este Poder Judicial, motivo por el cual, se rinde el informe negativo. En este sentido, el texto sometido a estudio autoriza a la Corte Suprema de Justicia, para que, cree un “Tribunal especializado, no exclusivo”, que conocerá las gestiones presentadas contra actos o resoluciones de las autoridades de competencia correspondientes”.

También se señaló la necesidad de que se defina “…con mayor precisión cuáles son esas conductas o actos impugnables; ampliarse sus competencias en la materia; debe indicarse claramente que ese Tribunal será parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; pero principalmente, debe establecerse expresamente el origen de los fondos requeridos para la creación y funcionamiento de ese Tribunal, tal y como se hizo para la Coprocom”.

Los magistrados y magistrada de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar.