Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial.

Así se desprende del informe emitido por el órgano contralor a la liquidación presupuestaria 2018 del Poder Judicial, en la auditoría financiera que anualmente realiza a instituciones públicas.

De acuerdo con Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial, esta es una garantía de que la institución judicial gestiona los recursos presupuestarios apegados a las normas legales que rigen esta materia.

Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana.

“Esta auditoría comprende la evaluación de todas las partidas que aparecen en la liquidación presupuestaria y concluye que la información que se presenta en el informe del Poder Judicial presenta cifras de manera razonable y apegadas a la ley de administración financiera y presupuestos públicos. Esto representa un respaldo para la institución, pues evidencia que la tarea en materia presupuestaria se hace de manera correcta, mediante una efectiva ejecución, apegada a la legalidad”,

El estudio de auditoría financiera del ente contralor N°DFOE-PG-0141, del 20 de marzo del presente año, comprendió la evaluación de los saldos de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, de la liquidación presupuestaria del 2018.

La Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez indicó que los resultados muestran la efectividad de las buenas prácticas que se emprenden en los procesos de ejecución del presupuesto.

Fuente: Gráfico de Departamento de Financiero Contable.

“En el caso de la partida de remuneraciones, esta representa el 89,4% del presupuesto del Poder Judicial. Es una institución que lo que brinda son servicios a la ciudadanía en el tema de justicia, la mayor inversión es en salarios. En este proceso, hacemos una coordinación estrecha con las jefaturas del Departamento de Financiero Contable y la Dirección Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos trazados”,

La Contraloría General de la República realiza estos auditorajes a las instituciones públicas cada año, por mandato de ley.

El Poder Judicial contabiliza cuatro auditorías financieras elaboradas por la entidad contralora, cumpliendo con las normas generales de la evaluación.

En el 2018, la ejecución del Presupuesto del Poder Judicial alcanzó el 97,05%.

“1.2 En opinión de la Contraloría General, la partida de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2018, se presenta razonablemente con fundamento en lo establecido en la Ley 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” y su Reglamento, así como con las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda.”, detalla el informe de la Contraloría General de la República.