Dr. Fernando Cruz Castro Presidente, Corte Suprema de Justicia

Como presidente del Poder Judicial y en total apego a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, tengo el gran honor de dirigirme a ustedes, para realizar en sede regional, la apertura de año judicial 2019.

Desde un hermoso lugar como lo es San Ramón. Tierra de grandes personalidades como Lisímaco Chavarría, Emma Gamboa y José Figueres Ferrer, entre otras personas de gran renombre.

Es importante destacar que para el año 1875, Julián Volio Llorente, destacado intelectual y político, se estableció en San Ramón, considerado en ese momento como región de destierro para presos políticos e infractores; don Rafael Lino Paniagua destaca que en el año 1879 se publicó un decreto, que decía que teniendo noticias que en la Villa de San Ramón de Palmares, se había establecido una academia de jurisprudencia, bajo la dirección del destacado intelectual Volio Llorente, se acordaba que todo el que exhibiera certificaciones de competencia libradas por el profesor Volio, sería admitido a toda clase de exámenes y de grado de la Universidad, previos a la licenciatura en leyes. Qué interesante dato histórico, en el siglo XIX en San Ramón ya existía una inquieto círculo que profundizaba en el derecho y no en el gobierno por las armas. Quería mencionar este dato, porque esta es la atmósfera del país, de nuestra historia, la de la ciudad de San Ramón, singular y poética.

Cuando en agosto de 2018, tuve el honor de acceder a este cargo, lo asumí como un enorme reto: El Poder Judicial se encontraba en una extraña paradoja, donde, por un lado, se procuraba abandonar todo aquello que no es conveniente, pero a la vez, el deseo inmenso de luchar por una mejor justicia, pero sobre todo el compromiso por un Poder Judicial más sólido, independiente y transparente.

Este compromiso lo asumí con mis compañeros magistrados y magistradas, así como con la comunidad judicial, todos guiados por los principios de transparencia, participación ciudadana, probidad, celeridad, mística, independencia, asumiendo con optimismo y humildad la tarea que había que realizar. No hay duda, nos debemos a la justicia, a su construcción, con independencia y mística institucional.

Se requiere abandonar cualquier pretensión de ocultar los hechos que perjudican a la institución, asumir la autocrítica que requieren los cambios, para cambiar lo que no es consonante con una justicia transparente, y conservar y ahondar más en tantas cosas positivas que ha tenido el Poder Judicial costarricense. La autocrítica es un ingrediente importante en esta actitud.

Parte de la crisis por la que atravesó la institución, evidenció ante los costarricenses que, sin importar puesto o jerarquía que se ostente, nadie se encuentra por encima de la ley ni de la Constitución. Esa es una aspiración a la que se debe el derecho, pero la realidad muchas veces pretende torcerle el brazo a la igualdad. No es fácil, en nuestra propia entraña se aloja la discriminación y la justificación al trato desigual.

Fue así como, conforme a las reglas del debido proceso y el derecho de defensa, la Corte Plena tramitó seis procesos disciplinarios donde incluso se recomendó la destitución de un magistrado a la Asamblea Legislativa. No fue tarea fácil, porque enjuiciar a personas cercanas, no es fácil. Tampoco lo es hacerlo en una atmósfera crispada por una cultura mediática desbordada, especialmente en las redes sociales. El enjuiciamiento de la multitud puede salpicar la aplicación del juicio justo.

Estos casos aislados en que se produjo desorientación y desviación, no representan la esencia de 12.700 personas funcionarias judiciales que día con día dan lo mejor de sí, en favor de la justicia, en pro de un mejor Poder Judicial, y una mejor Costa Rica. Tantos funcionarios y funcionarias que hacen posible la noble misión que nos propone el ordenamiento. No debemos olvidar que las labores de investigación y enjuiciamiento, son parte de la construcción diaria de la democracia.

Y es por todas esas personas, por el resguardo de los valores que siempre han caracterizado la función judicial, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que no debemos claudicar en este afán, para demostrarle a la ciudadanía costarricense que podemos hacer las cosas bien; se requiere, sin duda alguna, el concurso de todos, inspirados en un espíritu confiado y constructivo. Es un compromiso de todas las personas que laboran en el Poder Judicial, no es un compromiso de los magistrados que integran la Corte Suprema.

Inspirados en los valores que siempre ha caracterizado al sistema judicial, el año 2018 nos permitió avanzar en algunos grandes temas, los cuales se ven reflejados en el informe de labores que se encuentra a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la institución.

Pero el día de hoy -y para no hacer muy extensa mi intervención-deseo referirme de manera muy concisa a algunos puntos que considero de gran trascendencia traer a colación, pasando de los datos generales a los específicos:

Como parte de las acciones enmarcadas dentro del principio de transparencia, es importante mencionar que el Poder Judicial cerró el año 2018 entre las mejores instituciones del país en el índice de transparencia del sector público sólo superado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos, de un total de 254 instituciones evaluadas. Este es un logro de todas los ciudadanos que laboran para el Poder Judicial.

Esa transparencia debe ir aparejada a una correcta lucha contra la corrupción; por esta razón, desde la Presidencia de la Corte se impulsa una serie de proyectos en esa línea que abarcan:

• Un plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción,
• El establecimiento en Costa Rica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
• La reestructuración y la sistematización de los tipos relativos a la corrupción en la función pública
• Así como la reforma del procedimiento penal para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes,
• Y la revisión de los aspectos probatorios en ciberdelincuencia.

En consonancia con estos objetivos, Corte Plena aprobó de forma unánime la propuesta de la Comisión de Transparencia, para crear una sección especializada contra la corrupción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la formalización de una oficina que vele por el cumplimiento y el seguimiento de los diagnósticos del Poder Judicial en esa materia.

Es importante destacar la valiosa labor efectuada por las comisiones de la reforma al régimen disciplinario, los protocolos de conducta para el Poder Judicial, el inicio y procedimiento para un diálogo permanente con la sociedad civil, la reforma a la carrera judicial, la evaluación de desempeño y la carrera de la Defensa Pública que tienen como finalidad lograr un mejor Poder Judicial.

Ya desde una perspectiva propia del funcionamiento institucional, cerramos el 2018 con un 97.05% de ejecución presupuestaria, demostrando un uso eficiente de los recursos, priorizando en la atención del servicio público, infraestructura y equipo. Una buena administración de los recursos.

También fue posible concretar y aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, instrumento que fungirá como una carta de navegación, que nos guiará durante los próximos seis años y que en la práctica permitirá definir los procesos de mejoramiento del quehacer institucional, así como facilitar la toma de decisiones estratégicas, todo esto bajo estándares que permitirán una correcta evaluación y seguimiento de los procesos ahí establecidos.

En el año 2018 retomamos el proyecto de “mejora integral del proceso penal”, el cual tiene como objetivo, reducir los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad, así como incrementar la efectividad de los debates con la participación integral de todos los ámbitos auxiliares.

Este proyecto permitió en 12 tribunales del país, pasar de 2 años a tan solo 6 meses el promedio estimado para el desarrollo de un juicio, el cual es un buen indicador como parte de las acciones para hacerle frente a la mora judicial la cual es una de nuestras mayores preocupaciones.

La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal, al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional, con un total de 15.814 (quince mil ochocientos catorce) casos.

Esto representó una resolución mensual de los tribunales penales de 1.133 casos. Un 23% más que en el 2017, con lo cual al terminar el 2018, el circulante registró una disminución del 29%.

También es digna de resaltar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y la defensa de los derechos reconocidos constitucionalmente.

En el 2018 se interpusieron un total de 20 515 casos, lo que representa la cifra de asuntos entrados más alta en la historia de nuestra jurisdicción constitucional.

La cifra de asuntos terminados fue de 19 960 con lo cual se resolvieron en promedio 54.6 expedientes por día con una duración aproximada de 19 días en la tramitación y la resolución de los recursos de hábeas corpus y, de un mes, en los recursos de amparo.

No cabe duda, que la Sala Constitucional es una conquista política de sociedad costarricense y un símbolo claro de la tutela efectiva de los Derechos Fundamentales dentro del Estado democrático costarricense. Es la pretensión de hacer que la Constitución tenga vigencia en la vida ciudadana.

En estos últimos años, la institución también ha realizado importantes esfuerzos para impulsar las Reformas Procesales en materia civil y laboral.

Lo cual se ve reflejado en acciones tales como el plan de descongestionamiento promovido por la Comisión de la jurisdicción civil, que, en el período de noviembre del 2017 a octubre de 2018, logró fallar:

• En primera instancia un total de 1 177 procesos para un rendimiento del 114.4%.
• En segunda instancia, se resolvieron 501 procesos para un rendimiento del 98.8%
• y, para el período de noviembre de 2017 a octubre del 2018, se lograron fallar 1 355 procesos para un rendimiento del 131.8%.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral evidenció la necesidad para las personas usuarias de una defensa técnica gratuita.

Los datos de la Unidad de Defensa Pública Laboral, reportan más de 78 mil personas atendidas y más de 18 mil procesos laborales fueron interpuestos a favor de aquellas personas que tienen un salario menor de ¢ 852 400 tutelando con ello el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Esta es otra conquista para que la tutela judicial no sea una mera formalidad, una aspiración, sino un derecho con vigencia efectiva. Pasaron muchos años para que la justicia laboral estuviera más cerca de los trabajadores.

Por otro lado, destacan los esfuerzos realizados para la aprobación del Código Procesal Agrario (Ley N.º 9609) así como la Ley de Justicia Restaurativa (Ley n° 9582), las cuales una vez que se ponga en vigencia, veremos sin duda alguna, grandes resultados en estas materias.

Sin embargo, existe una preocupación latente por la morosidad que existe a nivel nacional en relación con el pago de tarjetas de crédito, que esto a su vez se traduce en procesos de cobro ante instancias judiciales.

Durante el 2018, ingresaron al Poder Judicial más de 686 mil casos en todas las materias, de los cuales, un 36%, es decir, 244 mil correspondían a la materia de cobro; cifra que nos debería poner como sociedad a reflexionar sobre los hábitos de consumo, y la necesidad de tomar medidas preventivas en materia de educación financiera.

Ya en cifras del tercer circuito Judicial de Alajuela, para este 2018 destacan el ingreso de 34.638 casos y un total de 24.222 terminados, con un circulante final de 62.078.

Siendo el juzgado de Cobro, contravencional y de menor cuantía el que presenta una mayor cantidad de casos ingresados con un total de 14.285, lo que se traduce en un 41.24% del total de casos entrados para el 2018.

Ahora bien, la labor del Ministerio Público para el año 2018 se traduce en 6.435 casos entrados, donde es importante resaltar la cifra de 6650 casos terminados, quedando únicamente con circulante final para ese año un total de 1824 casos.

Por otro lado, la Defensa Pública en cifras para el 2018 presenta como casos entrados un total de 2.757, y terminados 2.871 con un circulante final de 2.496 casos.

A nivel presupuestario, el Circuito Judicial de San Ramón para el año 2018 contó con un presupuesto de ¢324.168.138, ya para este 2019 logramos generar un incremento total de ¢76.663.636, por lo tanto, para este 2019 se tienen presupuestados ¢400.831.774 para el correcto funcionamiento de este circuito judicial.

Estos recursos se utilizarán principalmente al servicio jurisdiccional, al Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público.

Lo que se traduce entre otros rubros, como el pago de alquileres, el cambio de 2 vehículos y en materia de recurso humano conlleva la creación de 1 plaza ordinaria y 14 extraordinarias para los despachos judiciales para este 2019.

Sabemos que el 2018 generó resultados positivos en distintos temas; sin embargo, estamos claro que nuestro mayor reto a mediano plazo consiste en mejorar los tiempos de resolución de los procesos judiciales.

La mora judicial es un tema que debe ser abordado no como un hecho aislado, sino más bien, mediante la suma de elementos normativos, procedimentales, tecnológicos, económicos y actitudinales. La actividad jurisdiccional no puede perder del horizonte la necesidad de una justicia de calidad y que sea pronta y cumplida.

De igual manera, es necesario realizar una serie de cambios en distintas áreas como por ejemplo la introducción de una carrera fiscal en el Ministerio Público, para lo cual hemos venido trabajando y esto se refleja en el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre del 2018 que se tramita bajo el expediente número 20978.

Aunado a lo anterior, se trabaja en un reglamento de ingreso a la carrera fiscal, con el fin de lograr una mayor horizontalidad de su estructura, para un funcionamiento acorde a las necesidades de la sociedad actual.

Por otro lado, hemos venido impulsando un plan para concentrar en Corte Plena aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales, para lo cual se cuenta con una propuesta que permite redefinir las competencias de la Corte Plena y de otros órganos de administración. Desde hace muchos años se ha señalado esta necesidad, una revisión de la estructura organizativa de la Corte.

En particular, se ha trabajado en la elaboración de un modelo que concentre las funciones de dirección general de la política judicial en la Corte Plena para que así, se excluyan todas aquellas labores operativas cotidianas.

Otro de los puntos que considero medulares para abordar el día de hoy consiste en el tema del Nombramiento de Magistrados y Magistradas.

Este tema constituye uno de los principales objetivos en el afán de reforma que inspiró a la Corte en medio de la crisis, se visualizó la necesidad de analizar, de cara a la sociedad civil, la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar los procesos de selección y nombramiento de las magistradas y magistrados. Es una materia de relevancia constitucional, política y jurídica.

Siempre he considerado que para estos nombramientos deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, para que se nombre -bajo la óptica de paridad de género- a personas, con una amplia trayectoria, una sólida experiencia profesional, una basta formación académica. Que la escogencia sea conforme a criterios transparentes y bien fundados.

Nuestra institución concentra dentro de sus funciones la laboriosa tarea de impartir justicia, la cual se traduce en una gran obligación frente a la sociedad: garantizar justicia imparcial, oportuna, sin discriminación y accesible para todas las y los costarricenses.

Es relevante que la sociedad civil y los actores políticos analicen estos temas, para que haya un equilibrio entre la voluntad que designa a los magistrados y el procedimiento que se aplica en su designación..

Pero esta independencia jamás debe confundirse con el aislamiento. Nuestra Constitución establece en su artículo 9 el principio de la separación de funciones relacionado con los principios de coordinación y unidad del Estado, lo cual implica que el Poder emana de una sola fuente, y este poder, se ejerce siempre en procura de la realización de acciones o funciones públicas en pro del bien común bajo los más altos principios y estándares que caracterizan a los Estados Democráticos. Tantos valores que se cruzan en la búsqueda de la justicia, en su construcción y definición, destaco la dignidad, tal como lo define el himno de San Ramón, Alma Huetar, cuando asume que el lema debe ser la dignidad, expresándola en estas estrofas:

Ramonenses de pie siempre altivos

no debemos jamás implorar

antes firmes cantemos erguidos

nuestro lema será dignidad

(bis) En el alma se sienten las voces

de los viejos abuelos cantar

Ramonenses de todos los tiempos

vuestro lema será dignidad

Esa dignidad que todo lo inunda en nuestro quehacer como personas, en las elevadas aspiraciones, en la defensa de nuestra identidad, tan desteñida por tantos factores.

En esta exposición, debe hacerse un respiro para la poesía, la mensajera de las emociones del alma. Encontré un verso muy sentido de Lisímaco Chavarría, que dice:

Madres dolorosas de senos enjutos,

que estáis aguardando dentro del bohío

de las esperanzas los inciertos frutos.

¡Noche buena triste! Rasgan el vacío

relámpagos rojos con saña de brutos:

¡sobre la pobreza se acurruca el frío!

La pobreza, en el verso, así es, recordar que la aspiración de una sociedad es la justicia social, para que haya igualdad con dignidad, para que no haya pobreza ni marginalidad. Una reflexión sobre la justicia social, es el camino opuesto a la pobreza. No podemos tener justicia en medio de una sociedad que olvide la equidad social, eso nos deslegitima. En algunos espacios de nuestro quehacer, puede haber justicia social, en otros, está más lejos, como en la represión penal. Bueno, no quería dejar de mencionar a un poeta ramonense que con tristeza, describe la desesperanza y la injusticia de la pobreza sin remedio. Para ellos, los discursos, los proyectos, no tienen importancia.

Hoy más que nunca estamos llamados como ciudadanos y ciudadanas, como funcionarios y funcionarias, a trabajar con dignidad, mística y humildad por un mejor Poder Judicial…por la construcción de un estado social de derecho, por una mejor Costa Rica. Es una labor de todas los que trabajan en el Poder Judicial, contar con ustedes, es algo que me inspira y me permite afirmar, que a mi edad, podemos empezar y mantener la construcción de una sociedad más justa, sin temerle al conflicto, a la discusión, porque en la controversia, encontramos el justo medio de lo que podría ser mejor.

Muchas Gracias