Dr. Fernando Cruz Castro Presidente, Corte Suprema de Justicia

Me complace dirigirme a ustedes hoy, con motivo de este importante acto.

Como lo es la presentación de este diagnostico que sin duda alguna será de mucha utilidad a nivel institucional.

Quiero iniciar mis palabras, agradeciendo al Gobierno de los Estados Unidos, el día de hoy representado por la señora Embajadora Sharon Day, por el valioso apoyo que siempre brindan a nuestra institución en los esfuerzos para mejorar los mecanismos efectivos en la lucha contra la corrupción.

Los lazos de amistad y colaboración entre ambos países mediante proyectos de cooperación internacional han permitido generar importantes acciones para fortalecimiento no solo de los procesos sino también de la institucionalidad de nuestro sistema judicial. Siendo el diagnóstico que hoy se expone, un claro ejemplo de ello.

Agradezco también, a doña Nancy y a don Porfirio el liderazgo realizado en este proyecto, y a las personas funcionarias judiciales, que con el valioso apoyo del National center for State Courts, lograron que esto fuera posible.

La lucha contra la corrupción es sin duda alguna una de las prioridades en cada uno de los Estados Democráticos.

Esto se refleja en la búsqueda continua de mecanismos de regulación adecuados, que permitan un accionar de la función pública de manera eficiente y apegada a principios básicos como transparencia y probidad, con un enfoque orientado a la verdadera satisfacción del interés público colectivo.

Los tratados internacionales como lo es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual deriva el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción), constituyen esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para lograr estándares mínimos que permitan a los Estados orientar sus esfuerzos en esta larga lucha para generar instituciones más sólidas y transparentes.

Pero, sobre todo: personas funcionarias más comprometidas con la función pública.

La aprobación y aplicación de normativa, así como la ratificación de tratados en materia de lucha contra la corrupción, siempre son buenas señales en los países democráticos.

Pero estas acciones se quedan en el papel, si no se da una aplicación práctica en el quehacer de la institucionalidad pública.

La implementación de medidas y proyectos para luchar contra la corrupción supone para el Estado costarricense un compromiso necesario, pero para el Poder Judicial es un deber ineludible.

El Poder Judicial constituye un garante del marco jurídico costarricense y por lo tanto, debe ser implacable en la lucha contra la corrupción tanto a nivel de su estructura interna como a nivel externo siendo vigilante del resto de la institucionalidad.

De ahí la importancia de generar mecanismos que permitan identificar falencias internas, para mejorar y cambiar aquellos procesos que requieren atención, pero sobre todo, generar una cultura institucional donde se exalten los valores inherentes que deben caracterizar al personal judicial: la mística, el compromiso, la lucha por el bien y la entrega hacía los demás.

Y precisamente este proyecto de fortalecimiento de la capacidad humana institucional en la detección de fraude o corrupción, es un buen ejemplo de como pasar de lo teórico a lo práctico.

Ya en febrero de 2018 nos fue entregado el diagnóstico sobre “Brechas de riesgo y buenas prácticas en torno a la prevención y control de la corrupción, el fraude y las faltas a la ética y probidad dentro del Poder Judicial de Costa Rica”.

Y hoy estamos presentes para conocer un diagnóstico que ha conllevado distintas sesiones de trabajo con personal del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Juzgado Penal de Hacienda, de la Sala Tercera y la oficina de Control interno y transparencia; y que permitirá identificar cualquier riesgo asociado al procedimiento penal en casos de corrupción cuando sucedan; por ejemplo, situaciones como mora judicial injustificada.

Estas acciones permitirán mejorar significativamente nuestra institución y fortalecerá paralelamente un tema de gran relevancia como lo es la Independencia Judicial.

Porque si garantizamos que contamos con jueces íntegros, probos e independientes en su accionar, estaremos garantizando un Poder Judicial sólido, e independiente frente a cualquier injerencia externa.

Y un Poder Judicial solido contribuye sin duda alguna al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Espero que este diagnóstico que hoy muy amablemente nos brindan marque el inicio de muchas más acciones y proyectos en conjunto, con un enfoque basado en la búsqueda constante de una mayor transparencia y la mejora del servicio en pro de la persona usuaria.

…Siempre he creído que uno se debe a los demás, y cuando realizamos el trabajo con compromiso, dedicación y honradez; hacemos grande a la institución y ayudamos a tener un mejor país.

Muchas gracias.