Plan comprende cursos para defensores, defensoras, personal técnico jurídico, administrativo y de la Unidad de Invetigación.

Las nuevas funciones que incorporaría la Defensa Pública en el servicio que brinda, principalmente, hacia la población indígena, establecen nuevos requerimientos formativos que contempla el Plan de Capacitación para este año 2019.

El Coordinador de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, Juan Carlos Morales Jiménez, explicó que esta novedad en la oferta académica, se incluyó en el Programa de Actualización, ante la aprobación reciente de la Ley Carta de derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

La norma legal establece la competencia de la Defensa Pública en la representación de las personas indígenas en cualquier proceso judicial en las que sean parte.

“Procuraremos generar mayor capacitación, principalmente en temas sobre su cosmovisión, identidad sociocultural, valores y vamos a tratar de abordar con mayor enfásis algunas materias concretas, donde hemos percibido mucha participación de esta población”, explicó Morales Jiménez.

También, dentro del plan para el año 2019 se programaron cursos en otros temas dirigidos a defensores, defensoras, personal técnico jurídico, personal administrativo y de la Unidad de Investigación.

Se continuará con el desarrollo de la novena generación del Programa de Formación Inicial. “Una vez finalizado, entraremos en un rediseño de todo el programa, ante la cantidad de competencias que se le han asignado a la Defensa Pública, pues originalmente tuvo un enfoque muy dirigido al ámbito penal. Lo que buscaremos es abarcar todas las competencias actuales”, explicó Juan Carlos Morales.

En la propuesta de Especialización se contemplan cursos específicos para cada materia: derecho penal, penal juvenil, ejecución de la pena, agrario, laboral, disciplinario y pensiones alimentarias.

En cumplimiento con las directrices del Consejo Superior, se promueve el uso de las videoconferencias como medio de formación dentro de la Defensa, para ello en este 2019 se tiene previsto impartir cuatro ciclos.

Otra novedad se incorporó en las actividades formativas regionales, que este año estarán dirigidas a Puntarenas, Corredores, Limón, San Carlos, Alajuela y Pérez Zeledón.

“Se ideó una capacitación en coordinación con el Departamento de Trabajo Social y Psicología para profundizar el tema del litigio con perspectiva de género, a raíz de algunos cambios en la legislación actual en materia de aplicación de penas diferenciadas a las mujeres a quienes se les compruebe que se encuentran en condición de vulnerabilidad”, explicó el jefe de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública.

El curso contempla una parte técnico-jurídica y otra a cargo del Departamento de Trabajo Social y Psicología en materia de solicitud de peritajes, los elementos requeridos y la interpretación de dichos informes.

Entre los proyectos especiales, hay uno que se inició en 2018 y se prolongará en 2019 en el que se coordina con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para la programación de capacitaciones dirigidas a la formación de formadores en temas de desarrollo pedagógico, con el objetivo de ofrecer herramientas educativas a las personas facilitadoras, cuya formación básica suele ser meramente jurídica.

Para este año también se continua el trabajo con la Escuela Judicial y la Dirección de Gestión Humana, para la puesta en marcha de un modelo de evaluación de la efectividad de las actividades de capacitación, el cual se encuentra en la etapa de discusión y aprobación por parte del Consejo Superior.