Magistrado Román Solís Zelaya

Saludos formales: Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Nancy Hernández López, magistrada y coordinadora de la Comisión de Transparencia; José Roberto Piqueras Bouillon, responsable de la oficina de EurosociAL+ de la Unión Europea; personal judicial; representantes de la sociedad civil; facilitadores y facilitadoras judiciales.

Nos ha correspondido vivir en un mundo y en un momento histórico retador por lo vertiginoso del cambio, por el avance sin precedentes de la tecnología, por el acceso y la difusión de la información, en un mundo donde se han desdibujado las nociones tradicionales para dar lugar a formas más horizontales de entender la autoridad, el accionar cívico, la representatividad y la vivencia democrática, donde la ciudadanía exige un accionar transparente y la rendición de cuentas.

En el ámbito internacional y regional es una época caracterizada por el predominio de los sistemas democráticos de derecho, donde los esquemas tradicionales de la democracia representativa están siendo desbordados por demandas y ejercicios de participación social y política, que ya no se restringen al ámbito de los poderes ejecutivos, sino que tocan las puertas de todas las agencias estatales en búsqueda de respuestas.

El Gobierno Abierto ha tenido resonancia precisamente por responder a buena parte de las demandas y necesidades de los tiempos presentes, dando cabida a las especificidades propias de cada sociedad y de cada administración.

Es la búsqueda de un conjunto de principios y lineamientos que ayuden a navegar por estas aguas lo que ha contribuido a la transición de la noción de Gobierno Abierto a la de Estado Abierto, envolviendo a la Justicia Abierta, así como también a su manifestación hermana en los sistemas parlamentarios, el Parlamento Abierto.

Es en este contexto donde el Poder Judicial ha llevado a cabo un proceso que este año fructificó con la aprobación de la Política de Justicia Abierta, aprobada por acuerdo de la Corte Plena el pasado 12 de marzo.

La política define la Justicia Abierta como “una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en los principios de transparencia, participación y colaboración, con los fines de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.”

Bajo la dirección de la Presidencia de la Corte y el apoyo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), del personal judicial de todos los ámbitos, de personas representantes de la sociedad civil y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad asesora en las etapas iniciales, se construyó el marco general de la Política de Justicia Abierta, la cual abarca todos los ámbitos judiciales, a saber, la judicatura, los órganos auxiliares y el ámbito administrativo. Con la implementación de esta política se busca que todo el Poder Judicial esté alineado a las condiciones internacionales de un Estado Abierto y a los principios que la constituyen.

A estos esfuerzos se sumó también el programa EurosociAL+ de la Unión Europea, quienes nos brindaron el apoyo técnico de la experta Sandra Elena, quien nos guió en la construcción de una hoja de ruta y un sistema de monitoreo y evaluación para avanzar en este camino lleno de retos y expectativas que es la Justicia Abierta, promoviendo la creación de iniciativas por parte de los distintos despachos y oficinas institucionales, siempre en cercanía con la sociedad civil. Actualmente contamos con 23 iniciativas en las que oficinas como la Dirección Ejecutiva, el Departamento de prensa y Comunicación, el Centro de apoyo a la gestión jurisdiccional, la secretaría de género, la Dirección de Tecnología de la Información, la Defensa Pública, el Ministerio Público y el organismo de Investigación Judicial, se han comprometido a desarrollar e implementar acciones de transparencia, colaboración y participación ciudadana, acciones que serán vigiladas de cerca por la ciudadanía.

La creación de valor público, como elemento novedoso, tiene en su base la premisa de responder a las verdaderas necesidades de las personas usuarias, y para lograr este cometido se requiere una visión orientada a identificar y satisfacer esas demandas, adoptando políticas respetuosas del entorno, con enfoque estratégico y participativo. Desde este enfoque, pertinencia, agilidad y calidad deben caracterizar los servicios y bienes que ofrece el Estado.

Tenemos la certeza que con la implementación de la Política de Justicia Abierta y estas iniciativas se amplía y mejora la forma en que la población puede obtener información sobre el quehacer institucional, lo cual facilita la rendición de cuentas, el acceso a la información, el debate público y la participación ciudadana. Asimismo se generan espacios de encuentro y canales de comunicación, con el fin de que la ciudadanía asuma un rol activo en el diseño, propuestas y políticas del Poder Judicial.

Son retos que nos entusiasman y que nos convocan, en el entendido de que la prevalencia y el futuro de nuestra institución depende en mucho de la capacidad que tengamos para responder a estos tiempos.

Como dije inicialmente, son muchas las personas que han hecho posible que hoy estemos presentado los primeros pasos para lograr una justicia abierta, algunas de ellas están hoy aquí, otras estarán atentas desde otros espacios, a todas estas personas muchas gracias por creer y compartir esta visión de un futuro más transparente, donde la justicia brilla por su cercanía a las personas, por su humanización, y por respetar los derechos humanos.

Les invito a que sigan caminando con nosotros este camino que recién empieza y que, aunque incierto y retador, no puede más que depararnos un futuro promisorio para todas las personas que creemos en la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Muchas gracias