Freddy Bautista, especialista internacional en ciberdelincuencia.

En el marco de las acciones que emprende el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, para fortalecer la capacitación de jueces y juezas de la región, uno de los temas que se profundizaron fue la ciberdelincuencia y la evidencia digital.

La actividad se realizó los días 30 y 31 de octubre en Costa Rica, que tiene a cargo la Presidencia Pro Témpore del Consejo.

El especialista internacional, Criminalista y Auditor Forense de Colombia, Freddy Bautista, conversó con Observatorio Judicial sobre los retos de los Poderes Judiciales de la Región en la persecución de los ciberdelitos.

¿Qué se entiende por ciberdelincuencia?

La ciberdelincuencia es todo el conjunto de actividades que afectan los bienes jurídicos establecidos por las legislaciones de los países y que giran en torno a tres principios básicos: confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Es decir, involucra aquellas actividades delictivas que atenten contra la confidencialidad de una información y un dato, obtenida por medios no autorizados. La integridad implica que además de ingresar, modifique, altere, dañe, borre o deteriore alguno de estos datos o información. Y en cuanto a la disponisbilidad, refiere a actuaciones que impidan a quien tiene derecho a acceder a la información, su normal acceso, todo ello desde una actividad delictiva o maliciosa.

¿Cuáles son los delitos con mayor incidencia en el ciberespacio, frente a un desarrollo tecnológico que no se detiene?

Las conductas que generan mayor afectación, en este momento, a nivel global, es el ransomware, que es el secuestro de información mediante programas maliciosos, que se envían a los computadores de las víctimas, para introducir una contraseña o un cifrado a los archivos e impedir el normal acceso de los titulares de esa información o datos. Piden a cambio criptomonedas o bitcoins, particularmente, para permitir el ingreso. Muchas compañías no tienen respaldo y lo que sucede es que se infectan sus sistemas, se ven avocados a perder la información o a pagar este chantaje que se da.

También está muy presente la estafa mediante la suplantación de identidad de clientes y proveedores de una empresa, para poder sustraer dinero o mercancía.

¿Cómo han evolucionado las técnicas de investigación frente a los ciberdelitos?

Las ganancias que genera el cibercrimen son muy altas. Esto les permite generar programas maliciosos más sofisticados para atacar a las grandes compañías. Por ello, las técnicas de investigación están enfocadas en utilizar computación en la nube, para aminorar los costos de almacenamiento de información forense, tercerisar los servicios; muchas autoridades policiales ya están ofreciendo los servicios de laboratorio forense, para evitarse los costos por desactualización de licencias o porque surge una nueva tecnología.

Son modelos basados en nuevas tecnologías que se están utilizando en la investigación judicial.

¿Cuán determinante es que la Región Centroamericana y del Caribe estreche la coordinación en la persecución de este tipo de delincuencia?

Los criminales intercambian entre ellos experiencias y prácticas a través de foros en escenarios oscuros. Hoy día, si no se da un ambiente colaborativo, de intercambio de información, buenas prácticas y experiencias entre policías, fiscales y jueces de los países, es muy difícil que se pueda consolidar un ejercicio mancomunado.

Las comunidades de países como la Centroamericana tienen que afinar sus esquemas colaborativos, para perseguir el delito mediante estándares mínimos, la identificación de tácticas policiales, bases fuertes de formación de fiscales, investigadores y jueces, que les permita entender la importancia de la valoración de la prueba digital.

¿Qué elementos esenciales deben integrar los Poderes Judiciales para combatir la ciberdelincuencia?

Las administraciones judiciales tienen que tener claro que hoy en día no hay una sola conducta criminal que no utilice medios digitales. Eso conlleva la responsabilidad que las fiscalías cibernéticas crezcan, en su capacidad de persecusión de los nuevos delitos y en la orientación a sus organismos de investigación judicial para la recolección de elementos probatorios en escenarios virtuales. Todo ello con jueces que conozcan la importancia de la valoración de la prueba digital. A nivel de estructura judicial, se debe propiciar un crecimiento de estas unidades funcionales, en la medida que crece el ciberdelito.