Dr. Carlos Chinchilla Sandí Presidente de la Corte Suprema

Buenos días todos

Hoy nos congrega una de esas tantas ocasiones en que, para dicha nuestra como costarricenses, volvemos la vista en la historia hacia la fundación de nuestra Segunda República, y reconocemos una vez más, la gran visión de todas aquellas personas que con sus decisiones valientes y patrióticas sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, que la pondría como un referente de la paz y la democracia frente al mundo.

El papel que ha desempeñado la Procuraduría General de la República a lo largo de sus 70 años de existencia, como parte esencial del engranaje administrativo creado durante la fundación de la Segunda República, ha representado, sin lugar a duda, uno de los avances más significativos de la consolidación de la institucionalidad costarricense. Su decisiva función como garante del adecuado funcionamiento de las instituciones públicas en el marco de la legalidad, y su función como abogado del Estado, le ha llevado a convertirse en un referente indiscutible de la interpretación y aplicación del derecho público, en nuestro país y también a nivel internacional. Asimismo, nadie puede negar a estas alturas del Siglo XXI, que las opiniones tanto legales como jurídicas y los dictámenes de la Procuraduría General de la República, son el faro que ha guiado a nuestras instituciones públicas en su funcionamiento, y también a tantas generaciones de profesionales del Derecho, quienes desde las aulas universitarias y a lo largo de nuestras carreras profesionales, hemos reconocido en la Procuraduría su seriedad, así como la autoridad profesional que emana del carácter científico de sus pronunciamientos como órgano superior consultivo y técnico jurídico de la administración pública; así también, como asesor de la Sala Constitucional y abogado del Estado.

Me permito recordar que, a 70 años de instalación de la Procuraduría General de la República, su funcionamiento ha evolucionado al compás de los tiempos y el crecimiento del andamiaje institucional de nuestro país, lo cual le ha permitido a la Procuraduría crecer y consolidarse por medio de la ampliación en el ámbito de las importantes funciones que desempeña, y la especialización profesional de su distinguido cuerpo de funcionarios y funcionarias.

Asimismo, no podemos olvidar que, el funcionamiento de nuestras instituciones está intrínsecamente relacionado con los intereses y derechos que demanda nuestra ciudadanía. Si bien es cierto, desde la independencia en el seno de nuestra sociedad, se mantienen principios sociales que nos caracterizan ante el mundo, dentro de los cuales destacan nuestro anhelo y defensa de la paz, la defensa de la democracia, el trabajo y el respeto por la legalidad. Pero también es cierto que hemos adquirido otros matices que son producto de la naturaleza evolutiva y cambiante del ser humano, considerado en su dimensión global, social e individual, lo cual eventualmente puede conllevar a evoluciones o cambios normativos que enriquecen el abanico de disposiciones legales o reglamentarias que, dan sustento al funcionamiento de nuestras instituciones. Y sobre esas disposiciones, desde su instalación, la Procuraduría General de la República ha desarrollado importantísima jurisprudencia administrativa que ha orientado el adecuado funcionamiento del aparato estatal.

En los albores del bicentenario de nuestra independencia, nuestra sociedad mantiene esos principios que, como tales, nos caracterizan, pero también ha comportado una evolución importante en su relación con sus instituciones, lo cual incide en el funcionamiento de la administración pública.

A manera de ejemplo, podemos mencionar la forma en que hoy se valida el artículo 9° de nuestra Constitución Política, relacionado con el ejercicio del gobierno en forma conjunta con el pueblo; es decir, de manera más participativa, y más incluyente. En relación con esto, me permito citar los esfuerzos evolutivos que desde hace algunos años se realizan en forma conjunta por los poderes de la República sobre gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta, para dar pasos firmes hacia la consolidación de un Estado Abierto, como una forma de volver la vista a la ciudadanía y nuestras personas usuarias sobre sus legítimos requerimientos e intereses, a fin de lograr una co-creación desde esta nueva dimensión de la gobernanza pública. Y esto, claro está, representa un paradigma novedoso en la administración pública en los albores de la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia Patria.

Hoy, tenemos una sociedad que no solamente demanda más de sus instituciones públicas, lo cual es producto del régimen de garantías que se ha desarrollado y evolucionado a lo largo del Siglo XX y Siglo XXI, sino también demanda más participación en procura de la co-creación de las decisiones gubernamentales.

Por su parte, las instituciones públicas costarricenses, en vocación democrática y de servicio público, hemos abierto paulatinamente nuestras puertas para escuchar y prestar más atención a lo que nuestra ciudadanía tiene que decirnos sobre los servicios públicos que prestamos, para hacerlos más eficientes y eficaces, pero también más efectivos. Y todo esto ha imbuido cada vez más las decisiones de alto nivel sobre el funcionamiento de las instituciones públicas por medio de los Decretos Ejecutivos, directrices y políticas institucionales adoptadas sobre este tema.

En relación con lo anterior, otras demandas, paradigmas o requerimientos en la época actual, apuntan a marcar importantes temas de discusión sobre el funcionamiento de nuestra institucionalidad. Por ello, en este valioso espacio de alto nivel, se desarrolle un profundo ejercicio reflexivo sobre la proyección de la Procuraduría General de la República, en estos momentos en que Costa Rica, a doscientos años de lograr su independencia, destaca por sus decisiones históricas que han propiciado el desempeño sobresaliente de sus instituciones públicas, y la adecuación del funcionamiento de éstas a los parámetros de legalidad por el desempeño efectivo de la Procuraduría General de la República, con lo cual se ha posicionado a nuestro país en una condición de liderazgo a nivel regional; lo cual es de resaltar, pero más importante aún, es tener siempre presente que, debemos procurar esa excelencia en la prestación de los servicios públicos a los cuales nos debemos, porque de ello deriva en gran parte el mantenimiento de nuestra paz y nuestra democracia.

Quiero aprovechar esta ocasión tan especial, para saludar el esfuerzo y dedicación que manifiestan diariamente todas las funcionarias y funcionarios que, desde los distintos ámbitos de actuación de la Procuraduría General de la República, validan diariamente y con su profesionalismo, el prestigio de esta institución que es vital para el adecuado funcionamiento del aparato estatal; máxime en estos tiempos en que el andamiaje de nuestra institucionalidad es más grande y más complejo que aquél en que fue concebida la Procuraduría hace siete décadas.

Se atribuye a Marco Tulio Cicerón la siguiente frase: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.” Y hoy agradecemos a quienes hace 70 años tuvieron la visión de crear una institución como la Procuraduría General de la República, con la finalidad de adecuar las actuaciones de la administración pública al ordenamiento jurídico, procurando con ello el valor de la seguridad jurídica para las y los Administrados.

Asimismo, expreso a ustedes mis mejores intenciones porque, el trabajo que realizan continúe marcando el derrotero que conduce a la legalidad y la excelencia en el desempeño de la función pública, por medio de las importantes funciones: consultivas, de asesoría y abogacía del Estado que la Procuraduría General de la República desarrolla con las más altas calidades por medio de ustedes.

Muchas gracias.