MSc. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ

El 12 de marzo del 2018, la Corte Plena aprobó la Política Institucional de Justicia Abierta del Poder Judicial, cuyos principios son Transparencia, Colaboración y Participación.

El objetivo primordial de esta gestión pública, aplicada al quehacer de la administración de la justicia que redefine la vinculación entre la institución y la sociedad en general, es la de garantizar el Estado de derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad por el uso de los recursos públicos a través de la evaluación y control ciudadano.

Para conocer más sobre esta propuesta se entrevistó a la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Sara Castillo Vargas.

¿Qué se entiende por Justicia Abierta?

La Justicia Abierta es un paradigma moderno de la gestión pública y en concreto, de la forma de administrar justicia, en el cual las personas se constituyen en el centro del accionar del Estado y tienen una participación activa y una voz fuerte en la forma como se realiza esta gestión. Para ello se adoptan políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de la vida democrática del país y a satisfacer las necesidades de sus habitantes, mediante un ejercicio más transparente, participativo, responsable de todas sus funciones. La tecnología y la innovación son aliados para facilitar la interacción ciudadana, la rendición de cuentas, el acceso a la información; mientras que la calidad de los servicios y la satisfacción dan muestra del valor público que nuestros servicios deben dar a la ciudadanía.

¿Dónde nace este concepto?

Justicia Abierta se desprende de lo que se conoce como Estado Abierto. Cuando, el ahora expresidente de Estados Unidos, Barak Obama asumió su primer mandato, una de sus primeras acciones fue decretar un memorándum sobre transparencia y gobierno abierto, basado en una participación de la población en los asuntos públicos más activa, así como la generación de acciones para cooperar entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado. Estas acciones permitirían también la claridad y confianza en la gestión pública realizando una rendición de cuentas eficaz ante la ciudadanía.

Este memorándum tuvo repercusiones internacionales y en 2011 nació la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la cual se constituye en una plataforma internacional para los reformadores nacionales comprometidos en hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a la ciudadanía.

El Gobierno de Costa Rica se adhirió a la Alianza en 2012 y actualmente se han realizado tres planes de acción nacionales para su puesta en marcha. Los tres Poderes de la República firmaron en 2015 este compromiso internacional con lo cual ya no se habla de Gobierno Abierto, sino de un Estado Abierto, porque todo el aparato público está dispuesto y con el compromiso de promover estas políticas.

¿Cuáles son sus principios o pilares?

La Justicia Abierta se sustenta en tres principios que orientan su implementación: transparencia, participación y colaboración.

Estos principios están correlacionados, lo que significa que las acciones corresponden primordialmente a uno u otro, sin ser excluyentes, de manera que pueden verse impregnadas por los otros principios.

Según nuestra Política de Justicia Abierta, recientemente aprobada por Corte Plena, el concepto de transparencia refiere a la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de garantizar el derecho de acceso y la comprensión de la información pública sin mayores limitaciones que aquellas expresamente establecidas por las leyes, rendir cuentas sobre su gestión y propiciar la integridad, la probidad y el buen gobierno.

En el caso de la participación se adoptó el concepto definido en la Política de Participación Ciudadana, que tiene el Poder Judicial desde 2015, la que se entiende como un proceso democrático que garantiza una contribución responsable, activa y sostenida de la población en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de políticas del Poder Judicial, de manera que respondan a la realidad de la población, del bien común y del cumplimiento de los fines del Poder Judicial.

Finalmente, el principio de colaboración consiste en involucrar a distintos actores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, proyectos, planes y otras acciones propias del Poder Judicial, para la prestación de un servicio de calidad y alcanzar el logro de resultados superiores.

¿Qué beneficios tiene esto para nuestra institución y para la ciudadanía?

La confianza es la base de toda relación sana y productiva entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Esta confianza se forja gracias a la transparencia, el diálogo y la interacción respetuosa. En los tiempos modernos no es posible pensar el accionar público sin los aportes de las personas usuarias, pues las personas ahora están mejor informadas y tienen opiniones y criterios que ayudan a mejorar la forma como se gobierna y se prestan los servicios.

De allí que la Justicia Abierta da legitimidad y razón de ser a la institución, contribuye a mejorar la calidad, eficiencia y pertinencia de los servicios que ofrecemos, mientras que genera más altos índices de satisfacción a las personas usuarias.

A partir de la aprobación de esta política, ¿qué pasos se darán para su implementación?

El primer paso para la implementación de esta política es la entrada en funcionamiento de la Comisión de Justicia Abierta, que será la instancia articuladora que velará por su cumplimiento y que está integrada por representaciones de diferentes unidades del Poder Judicial con la participación de sociedad civil.

El segundo paso importante es realizar bajo una perspectiva de cocreación el Plan de Acción de la Política.

Otros aspectos a tomar en cuenta es la difusión y sensibilización que se realice de este avance, ya que se tendrá que trabajar a lo interno de nuestra institución, pero también con las personas usuarias y ciudadanía en general para que se incorporen activamente a los procesos de cocreación y acciones de colaboración.