Carlos Chinchilla Sandí Presidente, Corte Suprema de Justicia.

El cambio climático es la mayor amenaza de la humanidad.

La iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas para la realización del Congreso Agrario y Ambiental: desafíos y oportunidades para la adaptación al cambio climático, reviste particular interés para el Poder Judicial en esta fecha tan especial en que celebramos el Día del Ambiente.

Como señaló el expresidente de Estados Unidos en su célebre discurso emitido con ocasión de la Cumbre de París: “Somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Solo tenemos un hogar. Sólo tenemos un planeta. No hay ningún plan B”.

Costa Rica siempre ha sido líder en la implantación de iniciativas ambientales. El 4 de marzo pasado se firmó el primer acuerdo regional para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Para tal efecto, se reunieron delegados de los países asistentes a la novena reunión del Comité de Negociación sobre el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, logrando la aprobación del texto final en Costa Rica.

Uno de los grandes méritos de este acuerdo regional está en la vinculación que hace entre el medio ambiente y los derechos humanos, poniendo especial énfasis en el derecho de acceso a la justicia como una contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El Poder Judicial ha cumplido con la emisión de los Informes de Avances en la Implementación de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados el 25 de setiembre de 2015 por 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

En setiembre de 2016, el Poder Judicial se comprometió a la implementación de los ODS de la Agenda 2030 mediante la suscripción del “Pacto Nacional por el avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica” de conformidad con la autorización brindada por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 86-16 de 14 de setiembre de 2016, Articulo LXXV.

Se trata de un hito nacional e internacional, al tratarse del primer país comprometido al más alto nivel con los ODS, por medio de la articulación de los tres poderes de la República –Legislativo, Ejecutivo y Judicial- instituciones autónomas, sociedad civil, universidades públicas y el sector privado nacional.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia apoya e impulsa la Agenda 2030 y los ODS con la coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), como enlace oficial del Poder Judicial en cooperación y relaciones internacionales.

La Institución ha avanzado en este proceso a fin de asegurar a todas las personas un servicio público de calidad conforme a sus necesidades y particularidades, en cumplimiento con la misión de brindar una justicia pronta, cumplida y sin denegación en el ámbito Ambiental.

El Poder Judicial de Costa Rica ha contribuido en la construcción de herramientas que integran iniciativas y buenas prácticas mediante su participación en las reuniones de Cumbre Judicial Iberoamericana mediante la Comisión Medioambiental. Es así como en Argentina en 2012, se aprobó la Declaración de Buenos Aires cuyo objetivo es reforzar la información y transparencia, la participación pública y el acceso a la justicia en materia Ambiental.

Posteriormente, se aprobó el Protocolo de la Declaración de Justicia Ambiental presentado por la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Ecuador, 2018. Así mismo, por primera vez, el Poder Judicial envió una representante ante el Foro Mundial del Agua, generando como producto, la Declaración de Jueces y Juezas sobre Justicia Hídrica, Brasilia 2018.

Por una decisión del Consejo Superior del Poder Judicial, esos instrumentos pasan a formar parte del eje transversal Ambiental incorporado en el Plan Estratégico Institucional, y, por ende, es parte de los materiales a evaluar en carrera judicial para las personas juzgadoras de nuevo ingreso o quienes pretendan ascensos. De igual manera, el Ambiental se está perfilando de nuevo como un eje estratégico en los talleres organizados por la Dirección de Planificación para la construcción del nuevo Plan Estratégico.

El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, cuya sede pro tempore corresponde a Costa Rica a partir de este año, tiene como uno de sus ejes de acción, asociados al cambio climático, la promoción y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ese Consejo pretende que los Poderes Judiciales, de acuerdo con las posibilidades y recursos disponibles, instando a los socios en cooperación internacional y diversas instancias nacionales e internacionales para trabajar de manera colaborativa con la Agenda 2030.

Las acciones del Poder Judicial se extienden a su gestión interna mediante la aprobación por Corte Plena de la Política Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental –PGAI- que sirve de guía a todas las personas servidoras judiciales y a la Institución en general en la protección de los recursos. El curso virtual Desafío PJ Verde

Este esfuerzo Institucional liderado por la Comisión de Gestión Ambiental ha sido reconocido por el Ministerio de Ambiente y Energía mediante la entrega de premios por su compromiso y seguimiento con las metas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional. Así mismo, se han reconocido los esfuerzos del Circuito Judicial de Turrialba y recientemente, del II Circuito Judicial de San José, otorgándoles el galardón Bandera Azul. Otros Circuitos como el de Grecia, Pérez Zeledón, Golfito y Limón, para mencionar algunos, siguen los pasos por medio de sus Comités Ambientales, para obtener esos reconocimientos del Ministerio de Ambiente y Energía.

La Comisión de Construcciones del Poder Judicial se ha ocupado de que las nuevas edificaciones del Poder Judicial cuenten con paneles solares y otros mecanismos de construcción resciliente al cambio climático con el objetivo de adaptarnos a las inclemencias del clima y otros eventos naturales.

El impulso que se ha dado para ampliar la gama de despachos virtuales con expedientes electrónicos ha contribuido significativamente en la disminución en el uso de papel, en relación con el cual la Institución tiene un convenio con el sector privado para el reciclaje y la reutilización, sin dejar de lado el impacto que tiene en la huella de carbono la gestión en línea de las personas usuarias. La sustitución de luminarias corrientes por led, la flotilla vehicular en condiciones idóneas, construcciones adaptadas al cambio climático y muchas otras decisiones de Corte Plena y del Consejo Superior, evidencian el compromiso del Poder Judicial para contribuir a contrarrestar los efectos de cambio climático.
En el informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre Cambio Climático, con motivo de la Conferencia de las Partes 2017 (COP 23) de Bonn, se establece una síntesis para hacer frente a los impactos del cambio climático, incluyendo conocimientos, herramientas y metodologías, para que los países informen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los sectores agrícola, ganadero y forestal, y logren paulatinamente la adaptabilidad al cambio climático.

Desde esa perspectiva, las Jurisdicciones Penal, Agraria y Contenciosa Administrativa que con base en la Ley de Biodiversidad deben asumir el conocimiento de procesos ambientales (artículo 108); demás Jurisdicciones y ámbitos institucionales encargados de conocer procesos ambientales, tienen la responsabilidad –con el impulso institucional- de fortalecer sus competencias en materia Ambiental a efecto de dar una respuesta adecuada a los procesos ambientales.

Se pretende que la justicia Ambiental sea pronta y cumplida, y en especial, sin denegación eliminando barreras que limiten el acceso a la justicia ambiental en estricto cumplimiento de las leyes. Sobre estas últimas, la Sala Constitucional siempre ha mantenido posiciones de avanzada al disponer mediante su jurisprudencia vinculante, que los convenios internacionales ambientales son normas supraconstitucionales, estén o no ratificados, en tanto otorguen mayores derechos que la Constitución Política.

Se trata de un trabajo en equipo cuyo objetivo es el cumplimiento del Plan A: convertirnos en personas, organizaciones, instituciones y países rescilientes al cambio climático para la protección del planeta, nuestra casa común.

Termino deseándoles muchos éxitos en esta actividad, y con la esperanza de que contribuya a formar personas comprometidas con la protección de la Naturaleza.