Román Solís Zelaya Magistrado Sala Primera Coordinador Nacional por Costa Rica, ante la Cumbre Judicial Iberoamericana

La labor de argumentar, resolver y sentenciar, en mucho, es tarea que implica definir. Y, además la lógica de un fallo se parece a la de la definición lexicográfica. Se “viaja” de un hiperónimo (de un “género) a un hipónimo (a una “especie”), y con este trayecto se construye lo que un consultante, en el caso del diccionario, o una parte procesal, en el caso del diccionario, o una parte procesal, en el caso de la litis judicial, asumen como conclusión de su interés. Pero este último escenario resulta para nosotros de particular importancia en el tanto que dicho interés se cualifica por un ámbito jurídico especialmente controvertido.

A riesgo de exagerar, me atrevo a decir que no hay Derecho, así con mayúscula, sin definiciones. Y aquél conjunto de términos, grupo de lemas que se hacen acompañar por esas definiciones, equivalencias o explicaciones, forman lo que conocemos como “diccionario”.

Agrego que los diccionarios tienen un “no-sé-qué”, un atractivo, que al igual que ciertas golosinas o granos secos, hacen que sea imposible consumir uno solo de ellos. Los aquí presentes, todos, hemos buscado un significado en el diccionario. Y, cosa curiosa, antes de dejar el libro o cerrar la página electrónica, le echamos un ojo a uno o dos términos que estaban ahí, agazapados, al lado de la entrada que consultábamos.

Apunto este par de cosas como casi innecesaria justificación de lo que es para el Poder Judicial de Costa Rica (y agrego que quizá para cualquier operador jurídico del planeta), contar con diversos tipos de repertorios, léxicos, enciclopedias y diccionarios que comprendan, poco o mucho, términos y expresiones jurídicas.

Aunado a esto tenemos la participación de nuestro país en la Décimo Octava edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde el grupo de trabajo denominado “Justicia y lenguaje claro: por el derecho del ciudadano a comprender la justicia”, busca generar una política del lenguaje judicial comprensible; un lenguaje que sea más accesible a la persona usuaria, que es el eje en torno al cual deben gravitar nuestros esfuerzos de servicio público. Y con este marco, en las conclusiones -adoptadas por los 23 países asistentes- y en plan de trabajo subsiguiente, se decide editar un diccionario jurídico panhispánico.

Nuestra representación, encabezada por mi persona, se abocó a cumplir con lo dispuesto en la Cumbre Judicial Iberoamericana y contactó con don Pablo Salazar Carvajal, funcionario judicial, que para el año 2016, se encontraba en Madrid, España, cursando la Maestría en Lexicografía Hispánica en la Real Academia Española y en la Universidad de León.

Esto, para que el señor Salazar enlazara con los encargados de esa Academia y del Consejo General del Poder Judicial de España, a fin de concatenar esfuerzos que resultaran con la culminación de ese panhispánico y colectivo trabajo lexicográfico.

En aquel momento, nosotros en el Poder Judicial de Costa Rica. Contábamos con el avance de lo que, por el momento llamamos el “Diccionario del Digesto”. Este léxico, realizado por el mismo don Pablo, comprendía años de trabajo tesonero que se vertía en un recipiente que contenía 15.300 lemas, con más de 34 000 acepciones. Y con este resultado, sumado propiamente a la labor del máster Salazar Carvajal, se concretaría -y concretó- en el aporte costarricense al “Diccionario panhispánico del español jurídico”.

Es así como para el Poder Judicial de Costa Rica, para su Corte Plena y para mí, en lo personal, es un enorme gusto que el señor Director de la obra, secretario de la Real Academia, magistrados y catedrático, don Santiago Muñoz Machado, nos haya honrado a nosotros los costarricenses, con la decisión de ser uno de los países latinoamericanos (junto a Argentina, Chile y Ecuador) donde, aquende del océano Atlántico, se presenta el “Diccionario panhispánico del español jurídico”.

Quiero conocer y agradecer a la Universidad de Costa Rica por todo el despliegue de esfuerzos e interés para tener esta visita y esta reunión tan importante para nuestro país.

Asimismo, felicito a la Academia Costarricense de la Lengua por las gestiones y trabajos en la elaboración y promoción del léxico.

A don Pablo Salazar Carvajal, cabeza visible del aporte del Poder Judicial, mi reconocimiento y agradecimiento en nombre de nuestra institución, por sus ingentes esfuerzos en procura de la culminación de este magnífico trabajo lexicográfico. Su talento humano y profesional nos llena de orgullo.

Mi reconocimiento a todo el esfuerzo que hoy vemos cristalizado en este valioso Diccionario, el cual, sin lugar a duda, ha de coadyuvar en una justicia más asequible, reafirmando el postulado del Acceso a la Administración de Justicia como Derecho Humano.

Y un final agradecimiento a los aquí presentes, representantes de ese destinatario que, en papel o en una computarizada pantalla, consulta el significado de una palabra o locución: el público lector.

Muchas gracias.