Mag. Carlos Chinchilla Sandí Presidente, Corte Suprema de Justicia

Tengo el honor de dirigirme al Pueblo de Costa Rica para presentar mi primer informe de labores como Presidente del Poder Judicial, en acatamiento del precepto contenido en el artículo 58 de nuestra Ley Orgánica; y que tiene una tradición de más de 35 años, cuando fue concebida por dos insignes juristas: Don Fernando Coto Albán entonces Presidente de la Corte, y Don Luis Paulino Mora Mora quien en el año 1982 le manifestó a Don Fernando la idea de rendir cuentas una vez al año como se hace en España. Esta iniciativa encuentra su origen en la vocación de apertura de nuestra institución a la ciudadanía, la cual en esa medida le ha concedido históricamente el privilegio de su confianza.

Hablar del año 2017 para el Poder Judicial es, sin lugar a dudas, el inicio de una compleja y difícil, pero necesaria y sana reflexión de las circunstancias históricas que nos ha correspondido enfrentar. Ello, en procura de fortalecer la administración de justicia como pilar de nuestra Democracia. Hablar de crisis en un sentido positivo equivale a oportunidades de mejora. El año 2017 tendrá que ser visto como un espacio de aprendizaje colectivo acerca de nuestras falencias, muchas de las cuales habrían seguido en la penumbra, de no haber sido puestas bajo el escrutinio público.

Con motivo de la crisis institucional que alcanzó las más altas jerarquías de los tres Poderes de la República, desde la Corte Plena nos dispusimos a generar soluciones; a desarrollar propuestas concretas de reformas urgentes y necesarias al Poder Judicial en temas considerados como indispensables para garantizar la independencia de este Poder y la preservación de la República como única forma de gobierno acorde a la democracia moderna.

Así, en un proceso totalmente transparente y abierto a la ciudadanía, que son postulados democráticos que se relacionan intrínsecamente y de estatura constitucional, las y los magistrados de la Corte nos encontramos trabajando en 10 grupos, en el proceso de analizar de manera responsable y con vistas a formular propuestas concretas sobre grandes áreas de trabajo:

1. Los requisitos así como los procedimientos para la selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a fin de garantizar su plena independencia y su idoneidad técnica y ética.
   
2. La reforma del Régimen Disciplinario.
   
3. El establecimiento de Protocolos de Conducta para las y los servidores judiciales.
   
4. El procedimiento para el establecimiento de un diálogo permanente con la sociedad civil.
   
5. El establecimiento de la carrera Fiscal en el Ministerio Público, y los requerimientos para la presentación del informe anual de rendición de cuentas de la Fiscalía General.
   
6. La reforma de la Carrera Judicial.
   
7. La reforma en los sistemas de Evaluación del Desempeño.
   
8. La delimitación de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, estrictamente hacia la dirección general de la política judicial.
   
9. La elaboración de un plan de reforma al sistema penal y del proceso penal contra la corrupción.
   
10. El establecimiento de un reglamento de carrera en la Defensa Pública.

Asumir este compromiso, histórico para nuestra institucionalidad, dada la trascendencia de abordar temas estructurales con vistas a su renovación, ha implicado una dedicación que es consecuente con la responsabilidad que nos imbuye para con el servicio público de administración de justicia al cual nos debemos, dado que, los procesos de debilitamiento de la credibilidad ciudadana en la institucionalidad, y con particular atención a la administración de justicia desde el año pasado, ha dejado en evidencia la necesidad de hacer una reflexión profunda, en esas grandes áreas del Poder Judicial que necesitan ser redefinidas, y aplicar los correctivos que sean necesarios con irrestricto respeto de los Principios Constitucionales que, interesan a la defensa de nuestra institucionalidad y de la Democracia costarricense.

Es sabido que en periodos como el que se menciona, en que se desmerece la legitimidad de las estructuras de gobierno, son los Poderes Judiciales los que son especialmente emplazados y evaluados con más rigor, pues su tarea de garante último del Estado de Derecho, les impone la labor de garantizar el respeto efectivo de éste por parte de sí mismo, pero también de los otros dos Poderes Públicos. El Poder Judicial costarricense está claramente comprometido, tanto en lo normativo cuanto en la cultura política nacional, con esa alta tarea, pues así se lo asignan el Ordenamiento Constitucional y nuestra Nación.

Me parece oportuno hacer en este acto, un merecido reconocimiento y expresar mi agradecimiento a las señoras y señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque los frutos de este importante trabajo ya son palpables a pocos meses de haberse instalado los grupos de trabajo, con la presentación paulatina de sus respectivos productos finales, los cuales se han ido analizando y aprobando en un ritmo que denota el manifiesto compromiso de este equipo de 22 personas servidoras y servidores públicos. Tenemos la convicción inquebrantable de que, la Democracia no es un estatus al que se llega y en el que se permanece por efecto de haberla alcanzado. Más bien, es un proceso permanente en el que, el relajamiento no está permitido; hay que procurarla y defenderla por medio de la puesta en práctica de nuestros valores Constitucionales.

Si los individuos que ocupamos los cargos fallamos, se puede prescindir de nosotros. Pero es imperativo mantener la distinción entre las personas y las funciones.

Las personas somos prescindibles y pasajeras. La institucionalidad republicana no. Esta ha sido el logro de arduos y largos procesos de maduración en la convivencia política, y debe ser irrenunciable e innegociable.

De modo que, los ataques o embates que puedan recaer sobre nosotros los funcionarios, deben mantener esa distinción entre los sujetos (llamables a cuentas) y la institucionalidad.

Confundir esas categorías, sólo puede responder a un uso inapropiado de las mismas o a propósitos poco loables.

De lo que NO se trata es de devaluar las instituciones republicanas, y en especial la Administración de Justicia, por las faltas de algunos de sus servidores.

Quiero decir: la llamada a cuentas y eventual censura a los funcionarios por sus actos u omisiones, No puede ni debe significar la puesta en cuestión de esa institucionalidad republicana.

Si esta muestra fallas o anacronismos, se impone un análisis sopesado, libre de pasiones y prejuicios, en que aquellos sean identificados y corregidos. Siempre en aras de una convivencia mejor, en términos de respeto a la dignidad inherente a todo ser humano y a la equidad entre estos.

Quiero agradecer también a todas las personas que, desde distintos sectores de la academia, la sociedad civil y los gremios judiciales, han sumado sus esfuerzos en este importante proceso de mejoramiento del Poder Judicial, y han acudido al llamado de los distintos grupos de trabajo para fortalecerlos con sus valiosas perspectivas y propuestas.

Este Poder Judicial se ha caracterizado por generar aperturas en distintos ámbitos de su quehacer cotidiano, y desde hace varios años ha creído en que, el postulado de vinculación hacia nuestras personas usuarias no se cumple solamente con brindar estándares de acceso a la justicia. Hoy creemos también que debemos consultarles como usuarias y usuarios, o bien como estudiosos del sistema de administración de justicia, desde distintos ámbitos, si debemos hacer un alto en el camino para replantear nuestros esfuerzos de servicio público, como parte de un proceso de mejora que nos saque de esas peligrosas zonas de confort generadoras de lamentables vacíos, tanto en el gobierno, la administración o la propia prestación del servicio.

Agradecemos a quienes, acercándose directamente a los grupos de trabajo, o bien haciendo sus aportes a la página Web del Poder Judicial, han contribuido con ese esfuerzo.

La consigna de “Todos somos Poder Judicial”, es plenamente consistente con el postulado constitucional que hace participativo al Estado, del cual forma parte este Poder de la República.

Aspiramos a concretar en este 2018 todas las reformas, bien desde nuestras potestades reglamentarias, o bien por la iniciativa constitucional y legal ante la Asamblea Legislativa, a cuyas autoridades actuales y futuras, les hago públicamente un llamado para apoyarlas.

Otros eventos que marcaron el desempeño del Poder Judicial en 2017, dada la afectación que produjeron en la prestación del servicio público, son la huelga de empleadas y empleados judiciales durante el mes de julio; al igual que los estragos ocasionados a nivel nacional, incluso con el costo irreparable de vidas humanas, por la Tormenta Nate en el mes de octubre. Ese fenómeno también ocasionó daños a la infraestructura y equipos del Poder Judicial, lo mismo que al patrimonio de muchos funcionarios judiciales. En tan dispares situaciones, fueron el diálogo y el ánimo de colaboración los factores que contribuyeron a la reanudación del servicio público.

Mi reconocimiento y agradecimiento a todas esas personas que dispusieron su tiempo y esfuerzos, e incluso arriesgaron su vida para resguardar la integridad de sus compañeros y compañeras, darles apoyo en esos momentos tan difíciles, así como resguardar los expedientes y equipos de los Tribunales que contienen información sobre los procesos judiciales.

Amén del trabajo que realizan los grupos de magistrados y magistradas en la elaboración de propuestas de reformas al Poder Judicial, las Salas de la Corte Suprema de Justicia no han detenido su labor, tanto con un importante rendimiento, como con el desarrollo de encomiables proyectos de optimización y difusión de la jurisprudencia, mejoramiento de la atención a la persona usuaria, talleres nacionales sobre temas de actualidad en los ámbitos propios de cada Sala, promoción de valores institucionales, accesibilidad, cooperación judicial internacional, e implementación de planes para la reducción de circulante. Todo ello refleja también su compromiso con el trabajo cotidiano y con mejorar sus propios indicadores de desempeño como Tribunales.

Costa Rica se encuentra actualmente en un proceso de incidencia de fenómenos asociados al crimen organizado sin precedentes, los cuales han encontrado, lamentablemente, terreno y nutrientes en ámbitos del tejido social que se han debilitado en su calidad de vida o expectativas culturales, y que resulta imperioso recomponer. Ello ha provocado que, para el año 2017 nuestro país contabilizara un triste índice de 11 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. De cara a esta realidad, nuestras instituciones auxiliares de la administración de justicia penal han desarrollado reformas internas a efectos de dar cumplimiento a sus cometidos legalmente encomendados, en procura de una administración de justicia pronta y cumplida, tanto para las víctimas, pero también para resolver con celeridad la situación jurídica de las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal.

El Ministerio Público ha desarrollado estrategias de trabajo relacionadas con temas de: vulnerabilidad; probidad, transparencia y anticorrupción; y contra el crimen organizado, entre otras líneas de acción, las cuales le han permitido consolidar importantes sinergias interinstitucionales a nivel nacional e internacional con distintas agencias de investigación, para el desarrollo de mejores formas de investigación de delincuencia no convencional, con excelentes resultados.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial se ha convertido con el transcurso de los años, en una policía técnica y científica, con prestigio a nivel nacional e internacional, caracterizada por la robustez en el resultado de sus indagaciones y la credibilidad en los criterios técnicos que dan sustento a las acusaciones en los tribunales. Y en este sentido debe destacarse como un importante logro durante el año 2017, el haber obtenido la certificación de sus Laboratorios de Ciencias Forenses con la Norma ISO 17025, con lo cual se consolidan los altos estándares de su quehacer científico.

Todos estos esfuerzos y su proyección, le llevaron a recibir en 2017 y por tercer año consecutivo, el Primer Lugar como la institución pública en la que más confía la ciudadanía costarricense, según la Encuesta de Opinión Sociopolítica realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

A lo anterior, es necesario agregar que, el OIJ también destaca por su transparencia y publicidad de información, sin menoscabo del resguardo de los datos sensibles y confidenciales inherentes a su naturaleza como órgano de investigación de hechos delictivos. Fue así que en 2017 recibió el Primer Lugar en el Índice de Transparencia del Sector Público que realiza la Defensoría de los Habitantes.

Cabe añadir que a nivel internacional, la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial recibió el reconocimiento y una condecoración por parte de la Policía Nacional de Panamá.

La Defensa Pública costarricense, considerada como una de las mejores de América Latina, se ha desempeñado con importantes avances en sus funciones tradicionales de procurar un mejor acceso a la justicia para las personas imputadas, así como de realización de acciones muy positivas en beneficio de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, lo cual es un tema que importa y es transversal en las políticas de todo el Poder Judicial. Y me parece muy importante destacar los esfuerzos realizados en el año 2017 con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, para lo cual se dispuso por Ley la asignación de abogados y abogadas de defensa social para la atención de las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo, por lo que tendrán derecho a patrocinio letrado para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales. Esta reforma procesal ha implicado para la Defensa Pública un reto, que se ha enfrentado con responsabilidad, mediante un trabajo planificado y con objetivos claros y organizados en ejes fundamentales, tales como: la elaboración y ejecución del presupuesto, la selección y el reclutamiento del personal y su capacitación, lo mismo que la asignación de herramientas informáticas que permitan el cumplimiento de los objetivos legalmente dispuestos.

Dicha reforma procesal que entró en vigencia el 25 de julio de 2017, demanda también una serie de esfuerzos humanos y técnicos para el Poder Judicial, que se abocó hacia la implementación de un nuevo modelo procesal acorde con las exigencias y características sociales y laborales que imponen estos tiempos, cualificados por: la pluralidad de actores económicos y sociales en una era de avances tecnológicos, inversión extranjera, novísimas formas de contratación y cambios sociales vertiginosos, que precisan un Poder Judicial actualizado, que dista por mucho del que teníamos en la Costa Rica de antaño, eminentemente agrícola o preindustrial. Nuestra confianza hacia las valiosas funcionarias y funcionarios de la materia laboral, porque esta reforma se convierta en una herramienta tan importante como la reforma que hubo en 1943, y que constituyó en aquél momento un pilar esencial para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho costarricense.

Otra reforma que se encuentra próxima a entrar en vigencia, en octubre de este año, es la procesal civil, respecto a la cual también se han dispuesto los recursos materiales y humanos, previsiones informáticas y de infraestructura física, y se han realizado las labores de sensibilización y capacitación en todo el país, entre otros esfuerzos. Todo con el objetivo de que la transición sea positiva, y que nuestro modelo procesal sea acorde a las exigencias que demandan las relaciones en el ámbito del Derecho Privado en el Siglo XXI.

Luego, con vistas a la debida preparación de las futuras generaciones de profesionales del Derecho, se han realizado importantes coordinaciones en la formulación de contenidos para uniformar la capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil en universidades públicas y privadas.

Estas reformas en las materias laboral y civil son productos nacionales, donde participaron activamente en su concepción y desarrollo insignes procesalistas de este Poder Judicial, quienes lograron concretar en nuestra realidad, y desde el prisma de nuestra tradición y vocación Democrática, las más novedosas tendencias y modelos influenciados por la oralidad y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, lo que nos llena de profundo orgullo.

Además, expreso mi reconocimiento tanto a la Comisión de la Jurisdicción Laboral como la Comisión de la Jurisdicción Civil, y a todas las personas que han apoyado la implementación de estas importantes reformas procesales. Han sido incontables las horas de dedicación e inmensos sus esfuerzos en el cumplimiento de las responsabilidades del Poder Judicial, de cara a nuevos paradigmas, apertura al manejo técnico de audiencias y finalización de prácticas arraigadas en los modelos donde predomina la escritura.

La experiencia alcanzada a través de los años en el desarrollo del modelo procesal penal vigente, así como las bondades en las tecnologías de la información, pero por sobre todo el trabajo tesonero de un equipo de trabajo comprometido, nos llevó en 2017 a la ejecución de un proyecto de estandarización en los señalamientos de agendas en materia penal, y a la realización de un diagnóstico de efectividad en la concreción de audiencia y uso de recursos en todos los juzgados y tribunales del país. Hubo importantes hallazgos asociados a mora judicial e inmediata implementación de mejores prácticas en el señalamiento de audiencias y optimización de recursos técnicos y humanos. Lo anterior, a efectos de reducir sensiblemente los plazos para la realización de audiencias y debates, y la optimización de los recursos con que cuentan dichos tribunales, lo que implica hacer realidad el principio Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida.

Llevar a cabo este proyecto implicó visitar entre los meses de agosto y septiembre de 2017, todos los juzgados y tribunales penales del país para analizar su funcionamiento, así como las oficinas de los órganos auxiliares de la administración de justicia penal como lo son: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, para un total de 330 despachos. Su meta es implementar buenas prácticas en el uso de los recursos institucionales, con base en las herramientas que nos permite la administración y la ingeniería industrial, pero también con el objetivo realizar un acercamiento necesario con las oficinas judiciales y obtener información valiosa sobre el funcionamiento de cada Despacho en el día a día, sus estructuras, flujogramas de trabajo y también sus necesidades. Todo ello con la mirada siempre puesta en el buen servicio que debe prevalecer hacia la persona usuaria.

Un ejercicio de similar naturaleza fue realizado por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que llevó a cabo la primera etapa de un proyecto de mapeo y reducción de circulante en expedientes antiguos ingresados entre 1960 y 1994 a nivel nacional, en las materias de: cobro judicial, agrario, pensiones alimentarias y civil, con importantes hallazgos sobre duplicidad de registros -por ejemplo, la materia de cobros tenía un 49% de sus registros duplicados. Como consecuencia, la reducción de circulante osciló entre un 19% y 31% según la materia. Estamos próximos a la concreción de resultados en una segunda etapa de este mapeo y actualización de información, lo cual resulta necesario para la mejor toma de decisiones desde el gobierno judicial, sobre retraso judicial y reducción de circulante, con base en información actualizada.

Quiero aprovechar para reconocer y agradecer el enorme esfuerzo de todas aquellas personas funcionarias que participaron en estos proyectos de reducción de circulante y retraso judicial en todas estas materias, porque su concurso en este sentido se ha convertido en un importante logro para el Poder Judicial, que se ha comprometido con la ciudadanía a mejorar siempre sus tiempos de respuesta, al igual que a hacer un uso cada vez más efectivo de los recursos públicos que le son asignados.

Muestra de lo anterior, es que para el año 2017 la ejecución presupuestaria alcanzó un 97.55%, superando 96.73% del año 2016 y el 95.27% del año 2015, dentro de lo cual el presupuesto de salarios se ejecutó en un 99.3%.
Este exitoso porcentaje de ejecución presupuestaria obedece a la realización de importantes esfuerzos por atender los requerimientos prioritarios de la institución. El Poder Judicial durante el 2017 ejecutó un total de ¢454.534 millones de colones, lo que como reitero, equivale a un 97,55% del total de recursos asignados por Ley de la República.

En este éxito, jugaron un papel determinante la implementación del Proyecto Institucional para mejorar el proceso de contratación administrativa en materia de infraestructura, obras físicas de mantenimiento y reparaciones, obtención de recurso tecnológico e informático estratégico, lo mismo que de equipos y servicios especiales del OIJ, para la ejecución presupuestaria 2017. También debe incluirse en esa lista la asignación de recursos al Fideicomiso Inmobiliario para la construcción de edificaciones para uso del Poder Judicial; y la implementación de la ya mencionada Reforma al Código de Trabajo. Es decir, estamos trabajando en la asignación oportuna y efectiva de recursos a temas que verdaderamente importan a la administración de justicia, de manera integral. En este mismo sentido, en nuestra realidad actual de incremento de índices de fenómenos delincuenciales resulta prioritario el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Organismo de Investigación Judicial, asimismo en la implementación de medidas que tiendan al reforzamiento de su presencia con infraestructura propia en zonas costeras y fronterizas, donde el crimen organizado puede tener mayor incidencia. Como todos sabemos, amén de las políticas integrales de prevención delictiva que son transversales y pasan por las áreas insoslayables de la educación, la salud, la seguridad social y la reinserción del delincuente, la seguridad y la paz social se definen -en gran medida- por la capacidad de las instituciones de reaccionar con prontitud frente a la comisión de un hecho delictivo.

Volviendo brevemente al tema de la ejecución presupuestaria, debe agregarse que el Poder Judicial acudió al llamado de contención del gasto que hizo del Ministerio de Hacienda debido a la crisis fiscal que enfrentamos actualmente. Por ello, nos comprometimos en reducir significativamente nuestro presupuesto para el año 2018, de una manera responsable, sin afectar los factores críticos de éxito para la administración de justicia. En este proceso, la Corte Plena dictó 116 directrices de contención del gasto en temas estructurales y reformas normativas, pero garantizando los recursos suficientes para la atención de servicios judiciales, infraestructura y desarrollo tecnológico como prioridades. Esto es, procurando que este llamado a la austeridad no afecte las prelaciones establecidas en nuestro plan estratégico institucional. Con ello, la Corte Plena manifiesta su voluntad de atender con responsabilidad nuestra situación fiscal, tanto para este año como en los próximos.

Aunado a lo anterior, me parece importante agregar que, un equipo interdisciplinario conformado por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Servicios Generales, el Departamento Financiero Contable y el Departamento de Proveeduría, analiza periódicamente los saldos del presupuesto asignado y la toma de decisiones, para maximizar la utilización de los recursos. Igualmente, en conjunto con la Dirección de Gestión Humana, realizan valoraciones y estimaciones constantes en la partida de salarios para asegurar un uso racional y eficiente de estos recursos.

En este contexto abrimos este año judicial 2018. Estamos convencidos de que la reflexión constante y la mesura son elementos clave de la buena administración, y en ese sentido cumplimos nuestro mejor empeño porque estas limitaciones presupuestarias estén alineadas con nuestras políticas institucionales que procuran la excelencia en la prestación del servicio. Porque confiamos en el postulado del acceso a la justicia como Derecho Humano que permite la defensa y garantía de todos los demás derechos.

Me permito recordar que, este Poder Judicial se ha comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y hoy reiteramos nuestra responsabilidad por procurar el acceso efectivo a la justicia, a fin de mantener la vigencia y dar cumplimiento irrestricto a los derechos humanos, sociales y ambientales que permiten el desarrollo de la humanidad, considerada individual y socialmente.
Esta cultura de servicio enfocada en la ciudadanía ha comportado un crecimiento exponencial a partir del año 2000, cuando nuestro Plan Estratégico Institucional declaró como principios inspiradores de su nuestra visión institucional, al “… ser humano como eje central de toda actuación de la Administración de Justicia, y el Fortalecimiento de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política.”. Desde entonces, principios inspirados en la misma filosofía se encuentran consagrados en nuestros marcos metodológicos, e imbuyen la toma de decisiones a todos los niveles para procurar el acceso a la justicia como derecho humano, en beneficio de nuestras y nuestros destinatarios.

En el año 2017, se produjeron importantes avances en las distintas subcomisiones que apoyan la implementación de acciones promovidas por la Comisión de Acceso a la Justicia, como órgano encargado de la coordinación, difusión y aplicación de estos lineamientos institucionales según los distintos segmentos poblacionales considerados como vulnerables.

Merece también reconocimiento el importante trabajo realizado por la Unidad de Acceso a la Justicia, como órgano técnico ejecutor de las acciones tendientes a cristalizar los objetivos de la Comisión, a través de actividades de formación académica, elaboración de informes, evacuación de consultas, coordinaciones institucionales e interinstitucionales, en los ámbitos nacional e internacional; entre muchas otras. Además de que fue emitido un conjunto de circulares por la Dirección Ejecutiva, que reafirma acciones positivas en materia de acceso a la justicia para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Se implementaron importantes avances en la emisión de la certificación de antecedentes penales y consulta de pensiones alimentarias desde sedes regionales, con 18 oficinas administrativas y 40 jurisdiccionales en todo el país. Aprovechando esta ocasión, me parece importante anunciar nuestros más recientes avances en esta materia. Desde hace pocas semanas, existe la posibilidad de hacer consultas en línea sobre impedimentos de salida del país, consultas sobre pagos de pensiones alimentarias, y la emisión de la certificación de antecedentes penales u hoja de delincuencia, por medio de la página Web del Poder Judicial y su aplicación, que puede ser descargada en cualquier dispositivo móvil. De esa cuenta, cualquier persona desde el lugar donde se encuentre, desde cualquier rincón del país, con el único requisito de tener acceso a internet y la obtención de un usuario y contraseña personalizada, podrá acceder a esta información o certificaciones que por distintas razones muchas veces son urgentes.

Las políticas de accesibilidad a edificios judiciales para personas con capacidades diferenciadas, son contempladas en cada periodo presupuestario, en relación con rampas, servicios sanitarios y mostradores de atención preferencial, entre otros. Estos requisitos también forman parte de los procesos de contratación de locales para albergar nuevas oficinas o para remodelaciones, a lo cual deben adicionarse las coordinaciones que se han concretado con diversos Gobiernos Municipales para la ubicación de rampas y otras medidas de accesibilidad en el entorno de los edificios judiciales.

Otras iniciativas que ha emprendido el Poder Judicial de Costa Rica, se relacionan con acercar la justicia a la ciudadanía, y buscar hacerla más humana bajo el paradigma de la restauración del daño. Los programas de Justicia Restaurativa y de Facilitadores Judiciales son muestra de ello. Creemos en una justicia alternativa a los modelos tradicionales represivos, y hemos encontrado en el liderazgo del Programa de Justicia Restaurativa la solución a muchísimos casos, donde la persona responsable de una infracción a la ley penal o penal juvenil, asume su condición y repara el daño. Desde otras experiencias internacionales nos han visitado y han conocido la experiencia costarricense, que en sus 7 años ha sido muy exitosa. Pero para lograr esto, el Programa de Justicia Restaurativa ha desarrollado con toda responsabilidad y mística, una plataforma institucional de organización, conformación, sensibilización y capacitación de los equipos que aplican justicia restaurativa compuestos por jueces, fiscales, defensores públicos, profesionales de Trabajo Social y Psicología, y personal auxiliar de los tribunales. Los resultados han sido decididamente positivos. La reincidencia casi nula y los daños han sido reparados, tanto a la víctima como a la comunidad, por distintas modalidades. A eso debe aunarse la reinserción social, que es algo tan anhelado en el modelo tradicional represivo de administración de justicia.

Ha sido tal el éxito de su gestión, que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma normativa para implementar formalmente la justicia restaurativa, que desde abril de 2017 cuenta con dictamen positivo por parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Me permito hacer un llamado muy respetuoso al Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa don Gonzalo Ramírez, para que este proyecto sea impulsado por los indicadores que denotan el éxito de su implementación bajo los estándares de calidad y seriedad del Poder Judicial.

Otro ámbito que produce un impacto positivo en la administración de justicia es el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, que en 2017 tuvo ajustes internos, ya que el Poder Judicial y las diferentes unidades participantes del servicio han debido afrontar por completo las demandas de recursos y organización que éste conlleva. Hoy tenemos el honor de contar entre el auditorio con algunas y algunos de sus representantes, de los más de 400 que hay en todo el país, a quienes manifestamos nuestro respeto y aprecio, por la importante función de acercamiento a la justicia que cumplen en sus comunidades. A ustedes también debemos decir: gracias.

Gracias por esa importante labor de acercar la justicia a los rincones de mayor difícil acceso de nuestro país. Gracias por esas más de 2300 orientaciones que brindaron en 2017 a personas que necesitaban saber sobre trámites y procedimientos judiciales. Gracias por esas más de 300 charlas que coordinaron en sus comunidades sobre temas vinculados al Poder Judicial. Gracias por esos 400 acercamientos que hicieron de personas usuarias a servicios públicos y por las más de 70 mediaciones sobre conflictos entre vecinos y vecinas.

Marco Tulio Cicerón nos recuerda que la Justicia es la más espléndida de todas las virtudes por la cual se constituyen las personas de bien, y a ella aparece unida la generosidad, y citando a Platón, nos afirma que no nacemos únicamente para nosotros, sino que parte de nuestro nacimiento lo exige la patria. Ese trabajo desinteresado y compromiso con la Justicia, la Paz y la Democracia que ustedes nos demuestran nos enorgullece y nos inspira, y a la vez nos compromete a continuar el camino de acercar nuestros servicios a nuestras personas usuarias. Por ello, muchas gracias facilitadoras y facilitadores judiciales por sumar sus esfuerzos por una Costa Rica de paz.

Hoy, el Poder Judicial de Costa Rica se complace y se honra al otorgar el premio Ulises Odio Santos al profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, Don Pedro Haba Müller, por su destacada contribución en el campo de la investigación jurídica, y le agradece profundamente porque su legado entre nuestras generaciones de profesionales enaltece esta noble profesión del Derecho.

Otorgamos hoy también, el Premio “Luis Paulino Mora” al buen profesional, al licenciado Alexander Matarrita Casanova, por su entrega más allá del cumplimiento del deber, con ocasión de la crisis vivida por el Huracán Otto. A la servidora Ruth Lorena Saborío Núñez, la galardonamos con el Premio Miguel Blanco Quirós, a la buena servidora judicial, por su mística en el ejercicio diario de sus labores, que se erige como un ejemplo a seguir.

Quiero finalizar mi intervención haciendo extensivo mi agradecimiento como Presidente de este Poder de la República, a todas las personas funcionarias judiciales que con sus acciones vivifican el buen servicio público, y se empoderan de la alocución “Yo también soy Poder Judicial”, con lo cual contribuyen al fortalecimiento de nuestra Democracia. Esperamos durante este año visitarles para agradecerles personalmente por su esfuerzo diario.

A ustedes, apreciadas y apreciados miembros de esta gran familia judicial también decimos: GRACIAS. Por su mística de servicio que ha dado a este Poder de la República el sentido de pertenencia de nuestra ciudadanía. Gracias porque es el esfuerzo que ustedes depositan en su trabajo lo que enaltece a esta institución que históricamente ha figurado en un lugar muy especial de la estima ciudadana, y ello se refleja en los altos índices de legitimidad entre los Poderes Judiciales de América Latina. Porque son funcionarios y funcionarias que siempre proponen soluciones, y comprobado está que su valentía permite superar las adversidades institucionales que nos amenacen.

Que este año judicial que hoy iniciamos, sirva para continuar fortaleciendo la democracia desde este Poder de la República, con el concurso activo y propositivo de ustedes, compañeras y compañeros, a quienes reitero el mensaje que, desde la Corte Suprema de Justicia dimos el pasado 26 de junio de 2017, cuando les agradecimos: “…por el compromiso, dedicación y mística que demuestran diariamente en procura del mejoramiento de la administración de justicia. (…) [Y les exhortamos] a continuar con la excelencia y la calidad en la atención a la persona usuaria, cuya aspiración de justicia pronta y cumplida es la base en tomo a la cual deben enfocarse nuestros esfuerzos.”
A ustedes, compañeras y compañeros que integramos esta gran familia del Poder Judicial, nuestro reconocimiento por su encomiable esfuerzo.

“La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía”. Esto, nos lo enseñó Aristóteles hace más o menos 2,300 años. Y ese mensaje lapidario, vigente, sempiterno, podemos verlo reflejado actualmente en el pensamiento del escritor catalán Don Ramón Lull cuando nos enseña que “la Justicia (nos) proporcionará paz, y también trabajos”, recordándonos la importante e incansable misión que tenemos de construir día con día, y como funcionarios del Poder Judicial, Nuestra Democracia.

¡Muchas Gracias!