El estudio del proyecto de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, William Molinari Vilchez.

El funcionamiento y organización del Poder Judicial podría afectarse con una reforma constitucional en materia presupuestaria, que se tramita en la Asamblea Legislativa, así lo determinaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, en el análisis del expediente 20 179.

El estudio de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, William Molinari Vilchez e incluyó el criterio de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que tiene a cargo la materia presupuestaria.

Las autoridades judiciales hicieron énfasis en que aún cuando el texto de reforma presupuestaria no incide directamente en la organización del Poder Judicial, la propuesta de habilitar al legislador para incluir normas de contención de gasto ordinario y de subejecución presupuestaria, se abriría la posibilidad de que mediante leyes de presupuesto si se vería afectada la institución.

“El legislador presupuestario podría entonces interpretar qué es un gasto esencial y qué no lo es para el Poder Judicial. Igualmente podría imponer al Poder Judicial obligación de subejecutar su presupuesto y limitar la contratación de su personal. Incluso podría incorporar normas relativas a la ejecución de las decisiones judiciales. El contenido de estas disposiciones no se puntualiza en el proyecto, lo que hace pensar que podría ser el más variado, de manera que además de la potencial afectación a los justiciables, podría tener incidencia en el propio Poder Judicial”, detalla el informe de Corte Plena.

También se señaló en el acuerdo de Corte que “…el proyecto añade a la Contraloría General de la República el deber de informar a la Asamblea Legislativa sobre el impacto presupuestario y regulatorio de los proyectos de ley, lo que claramente cobija a todos aquellos referidos a la organización y funcionamiento del Poder Judicial y cualquier otro que le afecte”.

El criterio judicial hace referencia también al cuestionamiento constitucional, desde la perspectiva de la independencia de los Poderes del Estado.

Se integró en el documento remitido a la Asamblea Legislativa, el criterio de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que tiene a cargo la formulación presupuestaria y que determinó el impacto que generaría una reforma legal de este tipo, para el plan de gastos institucional.

La preocupación se genera pues el proyecto establece que sería de aplicación para la ejecución del 2018.

“…de entrar en vigencia a partir del 2018 la modificación al artículo 176 de la Constitución Política, el Poder Judicial podría ver afectado el presupuesto de ¢474.792.000.000 remitido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, situación que preocupa a esta Dirección, por cuanto ya ante el Ministerio de Hacienda en su momento se evidenció por parte del Poder Judicial, que este es el presupuesto mínimo que la institución requiere para la atención de sus labores ordinarias y de las Reformas de Ley que se deben atender durante el 2018.”, destacó Planificación.