Mag. Carmenmaría Escoto Fernández VicePresidenta de la Corte Suprema

Este es un informe ejecutivo de las labores realizadas durante el año que pronto culminará.

En él, se evidencian algunas de las acciones realizadas por la Subcomisión para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, en los diferentes ámbitos; Citaré brevemente algunas haciendo uso óptimo del tiempo, para dejar espacio y disfrutar de esta Feria, en la cual personas artesanas con discapacidad, ofrecen sus productos.

Resulta importante destacar la participación de la Master Damaris Vargas, en su condición de coordinadora de esta Subcomisión, también como integrante de la Comisión Institucional de Empleabilidad, instancia creada para garantizar el cumplimiento de la normativa que exige la reserva al menos de un 5 % de plazas vacantes, para que sean ocupadas por personas con discapacidad. Por su medio esta Subcomisión ha brindado un valioso aporte y ha apoyado todas las iniciativas gestadas en el seno de la Comisión de Empleabilidad, y con la colaboración del Departamento de Gestión Humana.

El trabajo digno para todo ser humano es un derecho. Para esta institución es además una aspiración que sus oficinas se nutran con los aportes de una fuerza laboral inclusiva y diversa, donde las personas con discapacidad encuentren no solo trabajo, sino un ambiente accesible y amigable; en ello estamos laborando.

Considerando las barreras que para el acceso a la justicia enfrentan las poblaciones en condición de vulnerabilidad, y siendo consecuentes con el hecho de que la barrera actitudinal se alza como un obstáculo a veces casi infranqueable, la Subcomisión ha estimado necesario la coordinación de acciones con el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y el CONAPDIS para el diseño de una capacitación, dirigida a las personas juzgadoras de Familia, sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Discapacidad. Es importante que no exista duda entre los funcionarios y funcionarias, sobre el cambio de paradigma que significa la implementación de esta ley, con la cual se derogó la figura de la curatela, para dar paso a un modelo respetuoso de la autonomía de las personas con discapacidad, en la toma de sus decisiones. Es decir una Ley que viene a implementar los postulados establecidos en la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, de la ONU.

En igual sentido se trabaja con la Dirección de Gestión Humana y el CONAPDIS, para que sobre el mismo tema se capacite a toda la población judicial (Judicatura, Defensa Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Sector Administrativo).

Previo a ello, se articularon acciones para que las propias personas integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia y de la Comisión Institucional de Empleabilidad sean capacitadas, sobre el contenido de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, incluyendo al equipo de trabajo del Departamento de Medicina Legal. Sin duda estos esfuerzos darán frutos inestimables contribuyendo a mejorar el acceso a la justicia, como un derecho que al ser instrumental, facilita el ejercicio de todos los demás derechos.

Se ha mantenido una estrecha relación con el CONAPDIS y la Casa Presidencial, participando en actividades asociadas a la Política Nacional de Personas con Discapacidad; ya que es necesario el concurso de todas las instituciones con objetivos afines, para brindar una atención integral a las necesidades de las personas con discapacidad, no somos una isla, la visión integradora de todas las instancias rinde mejores resultados.

En una institución como el Poder Judicial, son diversas las áreas en las cuales se debe trabajar para provocar cambios importantes, así es como desde la Subcomisión se colaboró con la Comisión de Acceso a la Justicia y con la Dirección de Planificación, para que los objetivos a incorporar en los Planes Anuales Operativos, incluyan la perspectiva de las personas con discapacidad. Esto redundará en la mejora de las prestaciones del servicio en los diferentes despachos judiciales, al contar con una guía que les permite realizar acciones eficaces y efectivas en pro de esta población.

No menos importante ha sido la atención de gestiones y consultas realizadas por personas con discapacidad, siempre en procura de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y de los servicios que ofrece el Poder Judicial.

Son muchos los avances que ha tenido el Poder Judicial en esta materia, no los voy a citar ahora, puesto que han sido objeto de presentación en años anteriores, y parte importante de los informes anuales de labores. No obstante si quisiera meditar sobre los retos que han de enfrentarse en años venideros, los cuales están ligados a ser parte activa en la promoción y ejecución de la Política Nacional en Discapacidad 2011-2030, su Plan de Acción, así como de la Política de Igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial, aprobada por Corte Plena en Sesión N° 14 -08, celebrada el 5 de mayo de 2008, artículo XIII.

La Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS), es un instrumento de planificación que pretende reducir las desigualdades y disminuir las brechas entre la población con y sin discapacidad que se basa en cuatro enfoques fundamentales: 1. Desarrollo inclusivo con base comunitaria, 2. Equidad de género, 3. Gerencia social por resultado y 4. Respeto a los Derechos Humanos de toda la población. Fue diseñada por el Consejo de Personas con Discapacidad mediante un proceso de consulta, en el cual participaron personas con discapacidad y sus organizaciones, quienes identificaron, priorizaron sus necesidades y diseñaron propuestas de acciones afirmativas dirigidas a las entidades públicas.

Por su parte la política de Igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial, también construida con la participación de personas con discapacidad, está basada en principios tales como el de No discriminación, Equiparación de oportunidades, Respeto a la diversidad, y Respeto de accesibilidad entre muchos otros que podría citar.

Con base en tales principios y la normativa nacional e internacional ligada a los derechos de las personas con discapacidad, Corte Plena dispuso adoptar esta Política para que de manera transversal, prioritaria y sustantiva incorpore la perspectiva de la discapacidad en todo el quehacer del Poder Judicial, buscando garantizar así la igualdad de oportunidades y no discriminación en los servicios judiciales, decisiones judiciales y funcionamiento interno del Poder Judicial.

Sin embargo, siempre habrá grandes retos que enfrentar, entre ellos el mayor de todos es asegurar el compromiso institucional, la voluntad política para pasar de la letra a la acción, porque nada se gana con políticas y directrices aprobadas, sino vienen acompañadas de acciones efectivas. Se trata siempre de avanzar, asegurar el terreno ganado, y agregar cada vez una conquista más, de manera que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se consolide en el tiempo de manera sostenible.

Es fundamental fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales, con énfasis en las juzgadoras, para que en los procesos judiciales se considere la perspectiva de las personas con discapacidad, con una visión integradora acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, el Objetivo 16 referido al acceso a la justicia.

Así como lograr una justa inserción laboral de personas con discapacidad en el quehacer institucional, esta aspiración es compartida por la Comisión Institucional de Empleabilidad y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad en procura de ejecutar el Plan de Inserción Laboral y de establecer acciones afirmativas enfocadas a la eliminación de todas las barreras que por años han frenado el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

Tengan plena seguridad que desde la Comisión de Acceso a la Justicia, la población con discapacidad cuenta con personas comprometidas con el respeto y promoción de sus derechos, buscando hacer de este un mundo mejor y más inclusivo.

Master Carmenmaría Escoto Fernández
Magistrada Vicepresidenta, Corte Suprema de Justicia
Coordinadora Comisión de Acceso a la Justicia