El magistrado William Molinari, en conversación con la gerente general del Grupo Dar un giro que delimite las funciones de la Corte Plena, de forma tal que los 22 magistrados que la conforman se centren esencialmente en la política judicial, es también parte de los cambios a los que intentan avanzar los altos jueces, en medio de la coyuntura nacional que los ha colocado en el centro de la crítica. 

El magistrado de la Sala I, William Molinari, es el encargado de coordinar dicha propuesta, que estudia por ejemplo eliminar el nombramiento de jueces y el régimen disciplinario como una de las asignaciones de la Corte. 

Con una estructura de trabajo que se ha enraizado por años, Molinari señaló a DIARIO EXTRA lo complejo de echar andar estas modificaciones, pero además externó la convicción de que es la ruta a la que deben apuntar, pues se podría acabar con los cuestionamientos sobre la verdadera independencia judicial en el ejercicio de las funciones. 

En adelante un extracto de la conversación que compartió con este medio. 

¿Cómo pretende delimitar las funciones de la Corte Plena? 
-Es un tema muy complejo, estamos hablando de una institución que es muy compleja, que tiene una serie de ámbitos auxiliares que integran al Poder Judicial, incluso de índole que uno podría decir que se contraponen de sus funciones, con una forma de administración que viene desde hace mucho tiempo, en donde la organización de todo el  Poder Judicial, la jerarquía, está representada por los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, 22 funcionarios judiciales que todos somos abogados y abogadas, y que no necesariamente hemos sido capacitados para la administración.  Además, como abogados y abogadas tenemos una cultura de cómo hacer las cosas y entonces en un lugar como las sesiones de Corte, la toma de decisiones no es fácil, no es sencilla.

Hemos querido seguir una corriente que no es nueva de examinarnos a nosotros mismos, procurar mejorar lo que hacemos es un ejercicio de autocrítica, para tratar de ver si lo que hacemos es lo correcto, si lo estamos haciendo bien o no. Esto se puede ver desde dos ámbitos, uno político y otro meramente administrativo.

¿Es oportuna la forma en que está jerarquizada la institución? 
-Uno se cuestiona en el ámbito político si la forma jerarquizada, verticalizada, que tiene de ser el Poder Judicial es la forma correcta a los efectos de lo que pretende la institución, en donde uno de los valores fundamentales es la independencia judicial y cuando uno ve una estructura jerarquizada como esta, uno se pregunta si la independencia es real o no.

Esa una cuestionante que yo creo que se hace el común de los ciudadanos con toda razón, si nosotros tenemos en la cúpula una serie de funciones de todo tipo que para el común de las personas eso puede generarle una serie de suspicacias y dudas con respecto a ese tema, que es más de carácter político, ese es un tema que hay que resolver en ese grupo de trabajo. Pero el otro también puede ser el meramente administrativo, porque la forma en la que se presentan las sesiones de Corte, cómo se presentan las discusiones, cómo se toman esas decisiones, no necesariamente uno la ve como la forma más ágil o la que podría ser más eficiente, lo que se puede mejorar es muchísimo.

Siendo usted de los magistrados más nuevos, ¿qué valoraciones ha realizado de esa estructura de trabajo que por años se ha empleado? 
-Cuando uno entra en un órgano de este tipo y empieza a ambientarse de alguna forma en la cultura de hacer las cosas de la Corte, no ve que necesariamente esa sea la mejor forma de hacer las cosas. Yo creo que la institución se ha venido preocupando de esto, ya hace bastante y esta situación coyuntural que se presenta lo que hace es acelerar el proceso. Entonces que volvamos a desempolvar cosas que se han visto en el pasado. Eso es lo que básicamente hemos tratado de ver en ese grupo de trabajo. Eso es lo que hemos venido revisando. 

¿Específicamente qué han revisado? 
-Hemos venido revisando si debe ser una competencia de Corte o no, y si no es una competencia de Corte, adónde debe ir esa competencia. Cuando estamos hablando de las competencias de Corte, evidentemente eso afecta de ahí para abajo toda la estructura del Poder Judicial, entonces el asunto se vuelve bien complejo, muchas de esas funciones uno podría decir: No, en realidad no deberían corresponderle a Corte, deberían corresponderle a órganos superiores del Poder Judicial. Pero cuando uno trata de trasladar eso, entonces de alguna forma se cuestiona si la composición del Consejo Superior es la que debe ser o no. Y así con los distintos órganos que están  involucrados y cuando hemos revisado estas competencias, algunas las hemos visto como de Consejo superior, pero otras del Consejo de la Judicatura,  otras del Consejo de Personal, entre algunos órganos.

¿Cuáles son ese tipo de actividades que podrían atribuírsele a otro órgano? 
-La Corte está integrada por 22 magistrados, en sesiones de Corte lo que más tenemos son funciones administrativas, los magistrados que integramos Corte normalmente constituimos la última instancia en alguna materia, entonces esa es la función jurisdiccional.

La gente se plantea si fuimos nombrados para labor jurisdiccional al más alto nivel. ¿Por qué vemos temas administrativos? Yo en particular me cuestiono esa situación de alguna manera, no obstante, la Constitución y la ley nos dan una serie de funciones administrativas que debemos cumplir, porque así está dispuesto en la Constitución. Otra cosa es que podamos revisar eso y podamos reestructurarlo. 

En este tema quisiéramos dejar lineamientos de gobernabilidad judicial, nada más en la Corte Suprema de Justicia y no estaríamos tocando ninguna función jurisdiccional. 

Hay un sistema paralelo que tenemos en la institución que es a través de comisiones que normalmente están integradas por magistrados o que los dirigen, que también es parte de lo que tenemos que revisar. Esa estructura paralela es enorme, en este momento hay sobre setenta comisiones más o menos, que no todas están funcionando, entonces estamos revisando cada una de esas comisiones para ver cuáles de ellas podemos decir que cumplen una labor importante dentro de la institución y que incluso debemos mantener o fortalecer. 

¿También se modificaría el Consejo Superior y las comisiones?
-A esos vamos a llegar, pero también yo creo que hay que fortalecer algunas. Por ejemplo las comisiones judiciales, las que representan cada una de las jurisdicciones. Yo creo que son importantes dentro del engranaje administrativo que tiene el Poder Judicial. A veces las decisiones de planificación son muy técnicas, a veces no incorporan lo que la judicatura quiere que incorporen o que se tome en cuenta. 

El Consejo Superior del Poder Judicial lo tenemos que tocar, de hecho hay una propuesta en donde el Consejo Superior queda integrado por la misma cantidad de miembros, pero el nombramiento que no se haga como se está haciendo ahorita, sino que de alguna forma algunos vengan de una nómina propuesta, de la cual Corte tenga que tomar una decisión de quién debe ser el integrante del Consejo Superior. Le estaríamos quitando competencias, que también tiene una carga enorme, por ejemplo todo el régimen disciplinario que tiene Corte y el Consejo Superior, a nivel de la judicatura, se lo estaríamos eliminando a Corte y al resto de los jueces se lo estaríamos eliminando. El Consejo todo pasaría al Tribunal de la Inspección Judicial con la idea de crear un tribunal de apelaciones que conozca en alzada lo que realiza el Tribunal de la Inspección Judicial. 

El nombramiento de jueces 1, 2 y 3 y 4, 5 también lo estaríamos sacando, que todo pase al Consejo de la Judicatura que es un órgano técnico y que además tiene una estructura extraordinaria que viene de la carrera judicial para que esos nombramientos sean más técnicos. 

Al quitar funciones se fortalecería el argumento de que hay muchos magistrados. ¿Qué opina? 
-Yo creo que depende finalmente de lo que nosotros decidamos, qué Poder Judicial queremos y eso podría llevarnos a valorar el tema de la cantidad de magistrados, por ejemplo, pero primero tendríamos que entrar a valorar esa situación. 

¿Requieren reformas legislativas y constitucionales estas reformas? 
-Esta revisión va a requerir reforma legislativa. Por ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial es una de las leyes que va a requerir más reformas. No es la única, también hay algunas competencias que están reguladas en la Constitución Política y que requieren alguna reforma constitucional y hay algunas otras leyes que de alguna forma se involucran con la labor que nosotros hacemos y que requerirían algún cambio.

Por ejemplo, en materia de carrera judicial, que es todo un tema muy importante, es una estructura para el nombramiento de jueces que buscamos sea lo más técnica posible. Es una estructura en donde hay una distribución de puntaje a que cada juez de la República, tanto a nivel meramente técnico como de otros factores ahí que se involucran, se hacen estudios psicométricos, sociales, para ver la viabilidad de nombrar a alguna persona en un puesto de la judicatura. El tema de carrera judicial se está analizando, aunque no es del grupo propiamente que yo estoy. Nosotros nos vemos involucrados con otros grupos necesariamente.

Hay excelentes magistrados que no han hecho carrera judicial. ¿Cuál debe ser la valoración? 
-Hay que partir de realidades, la Corte está constituida por los magistrados que la conforman, estamos haciendo un esfuerzo esos magistrados y magistradas, por revisarnos a nosotros mismos, creo que esta crisis es una gran oportunidad.

No le puedo decir si todos están abiertos (a este cambio), pero sí estamos planteando algunas políticas para tratar de cerrar la carrera judicial y yo esperaría que sí, por lo menos a nivel del grupo de carrera judicial, lo he visto como algo positivo, como algo que en realidad se quiere hacer. Veremos ya cuando se haga el planteamiento en la Corte, esperaría que, en vista de la necesidad de revisarnos a nosotros mismos, exista la posibilidad de tomar decisiones que vengan a cerrar un poco más la carrera judicial. 

¿En qué línea se podría cerrar carrera judicial? 
-Hay propuestas de todo tipo, la propuesta más ambiciosa de cerrar la carrera judicial es que se llegue incluso hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no significa que se nombren dentro de la institución, sino que se dé, por ejemplo, una nómina de 10 o 5 hombres y mujeres a la Asamblea Legislativa que esté conformada por personas que ya son elegibles o que están integrando la carrera judicial. Algunos piensan que deben estar integradas por los jueces del más alto rango, otros piensan que debe ser de otros rangos, en fin, hay distintas propuestas. Otros piensan que no podemos cerrar del todo la posibilidad de que un buen académico, un buen abogado, acceda a la magistratura, se formula un proyecto híbrido. 

¿Cree que debe modificarse el mínimo de edad para ser magistrado? 
-Las canas son importantes, se ha valorado, se ha pensando en edades como de 45 años, pero nuevamente son conversaciones que se han tenido, que se están discutiendo. La carrera judicial todavía no tiene un producto, sino que está siendo valorado, ya tenemos un producto estaría siendo valorado esperamos que muy pronto.

¿Incorporará los aportes de la sociedad civil?
-Cada vez que llega una propuesta se comunica a los coordinadores y tratamos de integrarla. Debemos valorar cuáles funciones que no se queden en la Corte, adónde deben ir y después de eso valorar el tema de las comisiones, cuáles deben desaparecer y cuáles quedarse y después de eso  ponernos a redactar las normas o modificar las normas que se requieren para que la Corte nos vaya señalando qué es lo que considera que debe permanecer.