Reunión se realizó en la Sala de Sesiones de la Presidencia de la Corte.

Una judicatura de integridad inobjetable es la institución básica fundamental que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad.

Con tal tesitura, el pasado 16 de noviembre, el grupo de trabajo a cargo de esta temática procedió a analizar los insumos para trabajar en la propuesta de protocolos de conducta dentro de la labor que realizan las y los servidores judiciales, así como tomar acuerdos sobre los productos que se entregarían a Corte Plena.

Esta labor la coordina el magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda Leal.

“A través de una serie de instrumentos internacionales y con base en una propuesta de la Comisión de Transparencia, que cuenta con la consulta a asociaciones gremiales del Poder Judicial, se está arribando a la presentación de un protocolo de actuaciones de funcionarios judiciales, que nos va a guiar a efectos de que nuestros comportamientos sean acordes con la independencia y probidad judicial”, puntualizó Rueda Leal.

Las acciones que ha emprendido el Poder Judicial en este tema registran un importante avance desde la labor de la Comisión de Transparencia, coordinada por la Magistrada Nancy Hernández, que presentó los protocolos de conducta de los servidores judiciales, administrativos, auxiliares de justicia, jueces y magistrados, mediante la revisión del marco ético judicial. La elaboración de este documento, que inició en el año 2014, cuenta con aportes de agrupaciones gremiales judiciales, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. El grupo de trabajo complementó la propuesta con normas tendientes a que se lleve un registro de las personas que son atendidas por los operadores de justicia con ocasión del cargo, y regulaciones tendentes a fortalecer la buena imagen del Poder Judicial en cuanto a la independencia y probidad de sus funcionarios.

En adición, se plantea una difusión de los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial” por medio de un texto pedagógico. Precisamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha apoyado activamente este documento, que también ha recibido el reconocimiento de órganos como la American Bar Association y la Comisión Internacional de Juristas. A partir de lo anterior, se busca impulsar una propuesta didáctica dirigida a jueces y juezas costarricenses, para ello se solicitará el apoyo de la Escuela Judicial.

En la sesión participaron además del Magistrado Paul Rueda, el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, la magistrada y el magistrado de la Sala Segunda, Julia Varela Araya y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, el magistrado de la Sala de Casación Penal, Jesús Ramírez Quirós y la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López. Se contó con el apoyo profesional del letrado de la Sala Constitucional Daniel Mora Díaz y de la Presidencia de la Corte, Juan Humberto Rodríguez Barrios.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto para concretar reformas urgentes al Poder Judicial.