Román Solís Zelaya Magistrado, Sala Primera

Con especial agrado he recibido la designación que se me ha hecho para dirigir a ustedes estas palabras de bienvenida en nombre del Poder Judicial de Costa Rica. Me parece una ocasión propicia para compartir con ustedes nuestras aspiraciones desde la coordinación de este evento, donde hemos procurado que el mismo se convierta en un espacio activo, vivencial, de mucho provecho para compartir experiencias sobre la aplicación de los Convenios de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Y en relación con los Convenios que no hemos tenido la oportunidad de adoptar en nuestros países, darnos la oportunidad de conocerlos y establecer su pertinencia desde la óptica de quienes ya los vienen implementando: su utilidad, sus bondades y también sus particularidades en la redefinición que naturalmente debe aplicar en la cultura jurídica de cada uno de nuestros países.

Aspiramos a que este espacio se convierta en una oportunidad histórica, porque en nuestra historia y tradición regional de integración y relaciones en materia de derecho privado, por primera vez podemos conversar, en estos tiempos de globalización e internacionalización de fenómenos sociales con implicaciones jurídicas regionales, sobre la aplicación de estándares internacionales que proponen los Convenios de La Haya; los cuales seguramente nos han ayudado y nos pueden aportar mucho más en nuestras relaciones como Poderes Judiciales vecinos.

Este evento debe constituir para quienes hoy nos encontramos reunidos en este foro, un espacio de suma importancia, ya que como Poderes Judiciales podemos compartir por primera vez sobre temas como: los aspectos civiles a considerar en la sustracción de menores, la protección de la niñez en adopciones internacionales, el acceso internacional a la justicia, la posibilidad de reclamar a nivel internacional pensiones alimenticias, entre otros temas igualmente importantes; en estos tiempos de exacerbación de: migraciones, adopciones internacionales, comercio regional, entre otros, que justifican la cooperación judicial internacional. Y es que no debemos olvidar que el acceso a la justicia es un derecho humano, y en esa medida deben incrementarse nuestros esfuerzos por garantizar la efectiva prestación de este servicio público al que nos debemos; esfuerzos que no deben quedar en el marco de nuestras fronteras, sino deben hacerse extensivos a nivel internacional. La adopción de este paradigma no permite más dilaciones.

A lo anterior debe agregarse el importante papel que desempeña la actividad empresarial como motor que impulsa el desarrollo económico de nuestros países. Esto es importante porque el paradigma de la competitividad se relaciona directamente con la política industrial que se desarrolle a nivel estatal. Este es un esfuerzo conjunto complejo en el cual debe involucrarse también el Poder Judicial como encargado constitucionalmente de resolver controversias de manera célere y efectiva. Por ello, estamos conscientes de que nuestros administradores de justicia en la materia comercial y civil precisan contar con las condiciones necesarias para hacer frente a estas demandas, que también son tomadas en cuenta al analizar la competitividad de un país.

De esa manera, las relaciones empresariales internacionales deben tener el respaldo de Poderes Judiciales preparados para la cooperación internacional y con la capacidad de trabajar acorde a las necesidades de estos tiempos. Es decir, con la capacidad de vincularse y trabajar en procura de la finalidad que nos es común cual es administrar justicia pronta y cumplida, por medio de la ejecución de sentencias extranjeras o incluso la obtención de prueba proveniente del extranjero.

Este es un esfuerzo en el cual la participación del Poder Ejecutivo, también aquí representado internacionalmente, resulta de vital importancia. A manera de ejemplo son innegables las bondades a partir de la expedición de documentos oficiales y su traslado internacional por medio de la Apostilla, al punto de que el Convenio de La Haya sobre este tema es el que tiene más Estados signatarios.

Consecuentemente, la oportunidad de compartir experiencias y buenas prácticas en la aplicación de los Convenios de La Haya, y conocer las tendencias más novedosas en la estandarización que propone el Derecho Internacional Privado debe importarnos tanto como nos importan los derechos de nuestros conciudadanos que, bien se encuentran o bien tienen vínculos jurídicos de naturaleza privada fuera de nuestras fronteras.

En esa misma medida, nuestra intención porque las experiencias y conocimientos compartidos durante los próximos dos días sean de mucho provecho para ustedes y las instituciones que representan, y cumplan con su finalidad de armonizar soluciones regionales y mundiales en el marco del derecho internacional privado. Ello solo será posible en la medida que nos permitamos desarrollar ante nuestras instancias nacionales la multiplicación de estos conocimientos, así como las iniciativas legislativas y reglamentarias que sean necesarias para cristalizar la aplicación de los Convenios.

Quiero finalizar mi intervención haciendo hincapié en que, el acceso a la administración de justicia es un derecho humano, cuya importancia y trascendencia se revela en que constituye uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, acordados por los Representantes de los Estados, reunidos en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015. Y en esa medida debe inspirar, motivar, la vinculación y articulación de los esfuerzos estatales en una “unidad por el servicio” para que la misma sea efectiva.

Reconocemos y saludamos también los esfuerzos conjuntos entre: la Conferencia de La Haya y la Cancillería de Costa Rica, juntamente con este Poder Judicial, y el apoyo del Consejo Judicial Centroamericano, instancias nacionales e internacionales que han propiciado la realización de este Seminario Judicial.

Reitero nuestras mejores intenciones porque estas actividades regionales tengan muchas ediciones más, en las que podamos continuar generando propuestas y compartiendo experiencias así como buenas prácticas en la aplicación del Derecho Internacional Privado; todo ello como parte de nuestros esfuerzos regionales por el mejoramiento de la administración de justicia en Centroamérica y El Caribe.

Muchas gracias.