Este 25 de julio entró a regir lo que conocemos como la Reforma Procesal Laboral, que busca actualizar precisamente esta rama del Derecho, pues desde los años 40 del siglo pasado no existió una modernización de nuestra ley laboral acorde con los cambios que sufre nuestro país hoy en día, cambios en los sistemas de trabajo, en los tipos de contrato, en el uso de la tecnología.

Es por ello que cuando revisamos nuestro Código de Trabajo, previo a la reforma, podemos encontrar, por ejemplo, multas equivalentes a 200 colones, o consideraciones sociales y económicas que ya no existen, pues nuestros antepasados fueron visionarios en su creación, mas era evidente que casi 80 años después ciertos institutos deben ser remozados.

Estos cambios que una nueva generación de juristas logró realizar son propios de la parte procesal, es decir, en la ejecución judicial y administrativa de las figuras legales que ya existen en el Código, por lo que figuras y rubros como el aguinaldo, las vacaciones, el contrato de trabajo y las huelgas siguen siendo las mismas, más el cambio radica en que los procesos mediante los cuales se conocerán las mismas serán más expeditos, con una mayor aplicación de etapas de oralidad, en aras de su efectiva ejecución.

Ante esta nueva realidad, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por medio de su comisión de Derecho Laboral, realizó recientemente de manera exitosa y con asistencia multitudinaria el Congreso Jurídico Nacional, enfocado precisamente en dicha reforma procesal, así como diversos conversatorios por todas las sedes regionales del país. Entre los temas tratados pudimos escuchar y aprender de excelentes juristas nacionales, tanto en el ejercicio liberal de profesión como del Poder Judicial, todos los alcances, ventajas y críticas constructivas sobre esta nueva legislación procesal.

Es así como tenemos entonces la expectativa de que los casos que hoy en el Poder Judicial tardan aproximadamente hasta 5 años podrán ser resueltos en cuestión de 6 meses a 1 año, lo que evidencia una lucha frontal y directa contra la morosidad judicial en este tema. Además pudimos explorar la posibilidad de un mejoramiento en el acceso a la justicia por parte del usuario, tanto trabajador como patronal, pues la utilización del procedimiento judicial y administrativo más expedito tiene como resultado una respuesta rápida a la expectativa de ambas partes.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es la posibilidad de la prevención de un proceso judicial a través de una conciliación temprana. Todos los operadores del derecho sabemos, en especial en esta materia, que muchos de los conflictos judiciales son susceptibles de ser conciliados, siendo que para ello se debe siempre interponer el proceso en la mayoría de los casos.

Con la reforma existe la posibilidad de que las partes, ante un juez o jueza, puedan conciliar su conflicto sin necesidad de accionar todo el aparato procesal judicial, no solo teniendo así menos gastos personales sino que además tendrá una respuesta efectiva de manera pronta, y ayudará a bajar los niveles de judicialidad que actualmente existen en el Poder Judicial por medio de la mejor medicina que a nuestro criterio existe, como es la prevención, la conciliación y la justicia restaurativa.

Por ello los abogados, tanto liberales como judiciales, tenemos varios retos. El primero de ellos es capacitarnos de manera adecuada en la reforma para que nuestros clientes se sientan bien representados, que sientan satisfechas sus expectativas jurídicas y judiciales, y que sientan una respuesta efectiva del Poder Judicial sobre la confianza que se deposita en él.

Pero el reto mayor para nuestro gremio es hacer los aportes jurídicos, legales y sociales de manera constructiva, pues es claro que cualquier modificación legislativa requiere una implementación judicial efectiva, lo que tiene como corolario una labor obligada de todos los sectores del país que conocen de esta materia, de crear de manera conjunta la aplicación más beneficiosa de esta reforma. Los invito entonces, colegas, a la sana discusión, al despertar de la academia y sobre todo al mejoramiento de la enseñanza sobre esta reforma de la que hoy toda Costa Rica es parte.

*Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica