Proyecto de ley que crea Jurisdicción Especial contra Crimen Organizado fue aprobada en primer debate

La tramitación especializada de los delitos relacionados con el crimen organizado en el país, será una realidad con la aprobación en primer debate del proyecto de ley que crea una Jurisdicción Especial para este tipo de delincuencia.

Con 44 votos a favor, el pasado 5 de julio el plenario legislativo dio el primer paso que para esta iniciativa se convierta en Ley de la República.  Ahora se espera su discusión final en segundo debate para completar el trámite legislativo.

El proyecto surgió como una iniciativa del Poder Judicial en la búsqueda de acciones concretas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país y forma parte de los proyectos de ley de interés de la institución.  Incluso, en la reciente reunión de los representantes de los Supremos Poderes, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, expuso la importancia de aprobar esta reforma legal,  para sumar acciones concretas a favor de la seguridad ciudadana y el combate contra los grupos criminales organizados.

De esta manera se crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, que tendrá a cargo la investigación y juzgamiento de los delitos graves y que cumplan con los requisitos obligatorios establecidos por este instrumento legal.

Esta jurisdicción contará con un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada.  Además se dispone que la Fiscalía General de la República y la Dirección de la Defensa Pública integren las unidades respectivas para conocer estos asuntos, lo que permitirá una atención técnica específica de este tipo de delincuencia.

Se incluye el establecimiento de una remuneración diferenciada para las personas juzgadoras, del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública que atiendan esta materia, así como la protección especial para las funcionarias y funcionarios que se desempeñen en la Jurisdicción Penal de Delincuencia Organizada, frente a casos de riesgos o amenazas contra su vida, integridad física o de sus familiares.

Sobre el contenido económico e integración inicial de la jurisdicción especializada, el texto del proyecto señala que “…El Ministerio de Hacienda deberá otorgar el contenido económico suficiente para la operación de los juzgados y tribunales que se crean mediante la presente ley.  Al momento de la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda deberá girar de forma efectiva y completa, los recursos necesarios que permitan al Poder Judicial la creación de la Jurisdicción de Delincuencia Organizada, asimismo, deberá girar anualmente los recursos necesarios que permitan el funcionamiento de esta Jurisdicción.  El Poder Judicial deberá garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción creada en la presente ley”

Además el Departamento de Planificación del Poder debe establecer es estudio técnico que determine el personal judicial que se requeriría para el desempeño de las nuevas funciones que señalará la nueva ley.

Se incluye un transitorio único, el cual determina que “…las causas iniciadas en los tribunales penales con competencia común a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que se encuentren en las etapas intermedia o de juicio, seguirán siendo conocidas por esos tribunales”.