Carmenmaria Escoto Fernández VicePresidenta, Corte Suprema de Justicia

Es un verdadero honor estar hoy representando al Poder Judicial en este acto, al conmemorar un año a partir del lanzamiento oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, denominados ODS, en la institución.

169 Estados incluyendo nuestro país, desde setiembre del 2015, tenemos un compromiso, un reto mundial orientado a “Transformar Nuestro Mundo, por medio de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible”.

La Agenda 20-30 que contiene 17 Objetivos y 169 metas, esbozan de manera transversal y multidimensional, la aspiración de avanzar en la reducción y mejoramiento de las condiciones de pobreza, las limitaciones en acceso a la educación, la justicia y a la salud, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro ambiental que amenaza el bienestar y la supervivencia de los seres humanos y el planeta.

Es un gran desafío que enfrenta el mundo y que constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, para los próximos 13 años, que aún nos quedan para llegar al 2030.

El Poder Judicial como parte del Estado costarricense, está comprometido en este esfuerzo país; hemos suscrito el “Pacto Nacional por el avance de los ODS en el marco de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica”, que además de constituir un hito histórico nacional e internacional, ratifica el compromiso del Poder Judicial.

Hace un año, tuvimos la oportunidad de reunirnos para reflexionar sobre las acciones que debíamos emprender para iniciar un proceso efectivo que nos permitiera continuar avanzando en el logro de los ODS.

El día de hoy, me complace compartir lo que hemos realizado, pero también, los retos que aún debemos atender.

• Poder Judicial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Poder Judicial ha reconocido expresamente la primacía del ser humano como eje del servicio público, así se expresa en nuestro Plan Estratégico institucional 2013-2018, que coincide con la Agenda 20-30.

Hemos analizado detalladamente en la institución, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante sesiones de trabajo con representantes de diversas instancias judiciales, y hemos concluido que, si bien el Objetivo 16 está asociado al quehacer institucional, también aportamos en los otros objetivos, que están interconectados de manera transversal, multidimensional e interinstitucional.

El objetivo 16, establece que debemos “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Este es un trabajo que el Poder Judicial ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y que se alinea con su misión de “Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran”.

Esto nos ha impulsado desde hace muchos años, a asumir nuestros deberes, pero también enfrenar retos; promovemos políticas y acciones institucionales para asegurar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva a todas las personas que demandan de nuestros servicios.

El Poder Judicial ha sido visionario al establecer a la persona usuaria como el centro de todo su quehacer, especialmente, de las personas en condición de vulnerabilidad que es una de las prioridades institucionales.

Desde el año 2000, la institución, ha venido trabajando para que nuestros servicios atiendan a las necesidades y especificidades que cada persona requiere, y también, a eliminar las barreras que puedan enfrentar para accesar esos servicios.

Desde el año 2008, el Poder Judicial cuenta con una POLÍTICA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICA A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS, particularmente, a aquellas pertenecientes a poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad, tal es el caso de las mujeres víctimas de violencia, las personas con alguna discapacidad, las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, o las personas afrodescendientes, personas indígenas, personas migrantes y refugiadas, solo para citar algunos ejemplos.

La aprobación de esta política generó la conformación de la Comisión de Acceso a la Justicia, que me honra dirigir, y que está integrada por subcomisiones especializadas en la atención de cada una de esas poblaciones en condición de vulnerabilidad, a la fecha están lideradas en su mayoría por una Magistrada o un Magistrado.

Algunos ejemplos que podría mencionarles son las siguientes:

1. Desde el año 2005, se aprobó una POLÍTICA PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO en todo el quehacer institucional, convirtiéndose en la primera institución en nuestro país en tener una Secretaría Técnica de Género.
   
   Esta política se ha concretado en acciones tanto en el plano interno, como en el externo, lo que ha significado apoyar iniciativas, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales, para el avance de los derechos humanos de las mujeres.
   
   La aprobación una política institucional contra el hostigamiento sexual y contra la violencia doméstica; creación del Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, como Plataforma de Información; la promoción de la participación de mujeres en todas las estructuras y órganos del Poder Judicial, son algunos ejemplos que podría mencionarles.
   
   
2. Desde el año 2015 se ha venido trabajando para lograr una efectiva interacción entre la administración de justicia y las personas usuarias; ampliando los canales de participación ciudadana en la definición del rumbo institucional, para que la gestión de la administración de justicia esté realmente en función de lo que necesita la población.
   
   Esta es una gestión que se realiza por medio de la política institucional de PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, bajo la coordinación de un Magistrado con el apoyo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
   
   
3. La participación ciudadana, la colaboración y la transparencia son principios que la institución estará incorporando en la creación de la POLÍTICA DE JUSTICIA ABIERTA, que está pensada como un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, lucha contra la corrupción, entre otros; orientado a la fortalecer los procesos institucionales, para ser más eficaces y efectivos en el servicio público.
   
   La política de Justicia Abierta se apropia del USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS como instrumento para mejorar la gestión institución y que se constituya en una herramienta para la rendición de cuentas a la ciudadanía.
   

Menciono algunas acciones que realiza la institución alineadas con los ODS:

1. La JUSTICIA ALTERNATIVA se impulsa para mejorar los procesos judiciales que permitan una justicia pronta y cumplida; se lleva a cabo por medio de programas exitosos que tiene la institución, tales como, el Programa de Justicia Restaurativa y el Programa de Facilitadores Judicial del Poder Judiciales.
2. Promueve asimismo, MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIÓN y la modernización de la legislación nacional; la Reforma procesal laboral que entra en vigencia el próximo 25 de julio y la Reforma procesal civil que inicia en el 2018; próximamente, la reforma agraria, de familia, entre otros. Todos con el objetivo de brindar a las personas, un servicio público con celeridad.
3. Promover INICIATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, es un tema fundamental que la institución ha priorizado, se está dando apoyo a la Comisión para investigar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
4. El tema de ética y valores reviste gran importancia en la institución en seguimiento a la POLÍTICA AXIOLÓGICA.
5. Conscientes de nuestro compromiso con el MEDIO AMBIENTE y promover un desarrollo sostenible, el Poder Judicial cuenta con una Política Ambiental, para el uso sostenible de los recursos y la reducción del impacto que generan nuestras actividades.

En congruencia con nuestro compromiso para con el ambiente, contamos con un plan de gestión ambiental, con objetivos específicos y varias iniciativas, entre ellas, la reducción en el consumo de energía, agua, luz, reducción de contaminantes. Se han promovido campañas de reciclaje, ahorro de consumo de papel por medio de la Política de Cero Papel, “compras verdes” en los procesos de compra institucional, entre otras.

Este esfuerzo ha sido presentado públicamente, al ser galardonada en el mes de junio anterior, con el “Reconocimiento a la Excelencia Ambiental” que otorga el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE.

Podría enumerar más acciones que el Poder Judicial está impulsando, que de acuerdo a lo que les mencioné al inicio de mi intervención, el quehacer institucional se articula con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no podré detallar por razones de tiempo.

En el documento que se les ha entregado en sus carpetas, podrán encontrar mayores detalles de lo que la institución está realizando.

• Retos y compromisos

El Poder Judicial avanza en el cumplimiento de los ODS, desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, estamos promoviendo un cambio cultural, un cambio de paradigma en nuestro quehacer para mejorar el servicio público; los ODS deben estar presentes.

Estamos conscientes que aún debemos continuar este proceso.

Hemos iniciado el análisis y revisión de los Indicadores de los ODS del Objetivo 16, pero aún debemos continuar con los otros 16 Objetivos. Se dice que lo que no se mide no se controla, pero en este caso, debo decir que, si no se mide, no se puede demostrar a la ciudadanía que se avanza y que tenemos retos, porque debemos rendir cuentas.

Continuaremos promoviendo los procesos de trabajo colaborativos, participativos y articulados, tanto a lo interno como a lo externo de la institución, orientado al logro de los ODS.

Instamos a la cooperación internacional, instituciones nacionales, internacionales, brindar apoyo en las iniciativas, programas y proyectos que el Poder Judicial promueva para el cumplimiento de los ODS.

• Palabras de cierre

Señoras y señores,

El Poder Judicial reitera su compromiso con los ODS, por esta razón, continuaremos impulsando a lo interno de la institución, con otros poderes de la República, instituciones nacionales, la sociedad civil y demás actores claves, acciones que permitan avanzar en el desarrollo sostenible.

La visión institucional es clara en que la tarea que tenemos encomendada constitucionalmente de administrar justicia, tiene una estrecha vinculación con el desarrollo sostenible, con la construcción de la paz y con las aspiraciones de una democracia inclusiva.

Debo expresar mi agradecimiento a todas las instancias judiciales que han participado en este proceso, al Honorable Consejo Superior y a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales como Enlace oficial del Poder Judicial para coordinar el tema de los ODS, por el apoyo que ha brindado.

También, al Sistema de las Naciones Unidas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, por el apoyo que han brindado al Poder Judicial.

Insto a todas las personas a participar en este proceso mundial.

“Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible,
para que nadie se quede atrás”