El Poder Judicial constituye uno de los basamentos esenciales de la institucionalidad del país. Son los jueces y funcionarios de este Poder de la República quienes, desde vieja data, con esfuerzo, responsabilidad e integridad, han ganado un nombre respetable y digno para esta loable institución. 

Así lo revelan las encuestas de percepción ciudadana sobre las instituciones del país, calificándosele como una de las instituciones menos corruptas. 

Desde esa perspectiva, cualquier crítica seria al Poder Judicial y sus resoluciones debe partir de elementos de análisis sólidos. No de meras especulaciones o argumentaciones sin fundamento, que a la postre, causan daño a la institucionalidad del país. 

Para el grueso de nuestra ciudadanía, el Poder Judicial sigue siendo un órgano confiable e independiente, basamento de la democracia costarricense. Es el lugar donde los costarricenses deciden sus controversias, no por propia mano, sino con la expectativa real de obtener una sentencia justa.

Es claro que, en una sociedad compleja como la actual, las resoluciones judiciales no podrán ser siempre compartidas por todos los sectores sociales. De manera diversa, es lógico pensar que algunas resultarán “impopulares”, máxime cuando los medios solo reportan la esencia del acto noticioso, sin que necesariamente se incluya la información que permita determinar si, en efecto, lo resuelto cuenta con la justificación de ley, o si se está ante un acto doloso o desafortunado, que implique la puesta en marcha de los mecanismos de investigación y sanción que posee este Poder.

De ahí que, en el Estado Republicano, no resulte prudente atribuir de buenas a primeras a cualquier resolución judicial, la etiqueta de “actuar irresponsable” o “acto de corrupción”. El uso de tales denominaciones daña sin mayor justificación el aparato de justicia costarricense, en perjuicio de la institucionalidad. 

Esta pequeña reflexión la expongo con ocasión de un artículo de opinión publicado en este diario en la edición del 8 de junio del presente año, suscrito por el periodista Erich Francisco Picado Arguello, titulado: “¿Quién juzga a los jueces?”.

La judicatura costarricense está integrada por más de 1.300 jueces y juezas de todas las materias, quienes laboran a lo largo y ancho del territorio nacional. Como tales, están obligados a un actuar íntegro e independiente, para la correcta aplicación del bloque de legalidad.

Sus sentencias no son infalibles ni mucho menos sus actos, pues, es claro, las personas juzgadoras, como seres humanos, poseen limitaciones. No obstante, ello no los autoriza a emitir resoluciones escasamente fundamentadas, ni contrarias a derecho. Menos aún, el participar de actos de corrupción. Para ello, el señor periodista puede estar tranquilo. La institución cuenta con órganos de control, donde se conocen las denuncias sobre actos irregulares en el ejercicio de la función judicial. El ciudadano cuenta a ese fin con una línea confidencial, que permite plantear las denuncias del caso, sobre posibles actos de corrupción.

Además de las Contralorías de Servicios que funcionan en cada circuito judicial, donde se atienden las quejas y consultas de las personas usuarias y se les da su debido trámite, existen órganos de investigación y control, donde se valoran los hechos y tramitan procedimientos administrativos sancionatorios, que, dadas las circunstancias necesarias para ello, pueden implicar graves sanciones para cualquier funcionario implicado.

Puede tener certeza la ciudadanía que los casos como el que señala el artículo serán investigados por las autoridades administrativas del Poder Judicial, a fin de cumplir con los procedimientos de ley; y, cuando en derecho corresponda, disponer las sanciones penales y administrativas que el caso amerite. No existen, dentro del Poder Judicial, parcelas ajenas al control de legalidad. 

No es sano que las opiniones sirvan para calificar o sancionar -sin que medie un debido proceso- las conductas de jueces y juezas de la República, menos aún, para menoscabar la imagen del Poder Judicial, baluarte de la democracia costarricense. 

Las posibles irregularidades que podemos cometer quienes laboramos en este Poder de la República no se esconden, don Erich Francisco, por el contrario, se investigan y se aplican las sanciones penales y administrativas que correspondan.  

*Presidenta a.i. Tribunal de la Inspección Judicial, Poder Judicial