El Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, explicó que la iniciativa de ley de extinción de dominio, es una normativa autónoma a la materia penal.

Ejes de trabajo de gobierno judicial, reformas legales  prioritarias, seguridad ciudadana y situación del régimen jubilatorio judicial  fue la agenda que expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, durante la reunión de Supremos Poderes.

En el encuentro participaron el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González. el encuentro se realizó en Casa Presidencial.

En materia de seguridad, los Supremos Poderes coincidieron en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, para un combate directo contra el crimen organizado.

El máximo jerarca del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, explicó que “…la normativa no se dirige sobre montos pequeños, porque cuenta con un principio de priorización, que garantiza que se va a seguir los procesos en una materia autónoma a lo penal, sobre capitales especialmente importantes y que no tengan justificación alguna en nuestra legislación.  La Sala Constitucional en el 2015, por medio de su voto 18 946, analizó las propuestas que identifican esta normativa y dijo que la iniciativa tenía rango constitucional y que no violentaba derechos fundamentales”.

Chinchilla Sandí resaltó otros proyectos de interés judicial en los que ya trabaja el despacho de la Presidencia de la Corte, en el tema de justicia pronta y cumplida.  

Participaron en la reunión de Supremos Poderes, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora.

El magistrado Chinchilla Sandí señaló que durante su gestión, el trabajo se enfocará en el mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales en aspectos puntuales como la reingeniería, simplificación y estandarización de los procesos, el impulso de la rendición de cuentas y evaluación del desempeño en todos los ámbitos judiciales.

Señaló que en relación con el presupuesto 2018 se aplicaron cerca de 116 directrices de contención del gasto, con el fin de garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios judiciales en todo el país.

Chinchilla Sandí reiteró el respeto de la Corte a las decisiones que tome el Congreso, sobre la reforma al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el interés porque las reformas garanticen la fortaleza y sostenibilidad de éste.  Indicó que a finales de junio, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), entregue el último producto del estudio actual sobre el régimen jubilatorio y confían que las decisiones tomen en consideración los criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad del régimen a largo plazo.