Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia Auditorio Miguel Blanco Quirós (OIJ) 29-11-2016

Saludos cordiales a todas las personas presentes. Estos han sido días muy difíciles para nuestro país. Nos embarga el sufrimiento por la tragedia que han enfrentado las personas afectadas por un fenómeno climático que, a quienes vivimos en la zona central del país, solo –gracias a Dios- medianamente hemos percibido.

Quiero aprovechar el día de hoy para comentarles que desde el jueves anterior, la Presidencia de la Corte ha realizado un trabajo coordinado para determinar la afectación que sufrió el personal judicial y las instalaciones físicas de los despachos judiciales existentes en las zonas impactadas por el huracán. El viernes se inició una campaña de colaboración y solidaridad en todos los circuitos judiciales del país; y el sábado en horas de la mañana se envió la primera asistencia en alimentos, ropa, agua, leche, pañales, entre otros.

Dichosamente no hay ninguna pérdida ni afectación a la integridad física del personal judicial que labora en la zona; sin embargo, si hay al menos siete personas que fueron afectadas en sus viviendas, y ya se está organizando a nivel judicial, recolección de dinero, para apoyar a estas personas, en ese ámbito.

También nos embarga la tragedia que se vivió en la comunidad de León XIII, ante la muerte de cuatro personas que fallecieron a causa de un incendio. Todo esto, en un fin de semana, es motivo para que el país se sienta de duelo, como efectivamente lo ha decretado así, el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, debemos continuar con nuestras obligaciones, porque también mucha gente está pendiente de la respuesta institucional que se le brinde a los casos existentes ante los tribunales y que afectan su tranquilidad.

Hoy inauguramos el Congreso Internacional de Justicia Abierta, actividad organizada por la Presidencia de la Corte, con el apoyo de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, y la colaboración de instancias nacionales e internacionales, así como de personas expertas que nos estarán acompañando y a las cuales damos una cordial bienvenida.

Esta es una más de las actividades encaminadas hacia el objetivo institucional de contar con una Política de Justicia Abierta, necesaria para la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y pacífica.

La administración de justicia, al igual que todos los ámbitos de la gestión pública, no escapa a los cuestionamientos y demandas que provienen de la población. Hoy más que nunca. Demanda el efectivo reconocimiento de sus derechos, una mejor calidad en los servicios, una gestión confiable y una inversión adecuada de los recursos públicos, a los que contribuye con el pago de los impuestos.

Frente a ello, en el año 2009 inició un movimiento mundial que puso en evidencia la necesidad de adoptar acciones para el mejoramiento del desempeño de todas las instituciones del Estado y eliminar la creciente brecha entre las políticas públicas y los requerimientos de la población. El 20 de septiembre de 2011 se creó la alianza para el gobierno abierto

De una manera muy general quiero mencionar que Gobierno Abierto es un nuevo paradigma que engloba a las instituciones públicas en la forma de brindar servicios, que va de la mano con el desarrollo tecnológico y con las aspiraciones y valores de la humanidad para un mejor y mayor disfrute de los derechos fundamentales de todas las personas.

Para el área de la administración de justicia, nosotros hemos adoptado el concepto “JUSTICIA ABIERTA” con el fin de evitar cualquier confusión en relación con dos funciones públicas que son bien distintas: la ejecutiva y la judicial.

Justicia Abierta es la máxima aplicación del principio de participación democrática en la administración de justicia, sustentada en tres pilares fundamentales: transparencia, participación ciudadana y colaboración inter-orgánica, todo ello con miras a la prestación de un servicio público que permita satisfacer de manera adecuada, las necesidades reales de la población.

Se trata de una visión de administración de justicia concebida desde la óptica ciudadana y no desde su jerarquía, que para lograr sus objetivos se muestra transparente, abierta al escrutinio público y a la coordinación con otros órganos o dependencias.

¿Qué pasos hemos dado en esta línea?

En el 2012, nuestro país se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto y, poco después (en la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el año 2013) el Poder Judicial Costarricense asumió pública y voluntariamente, la responsabilidad de formular una política de gobierno judicial abierto o de Justicia Abierta. Es claro que ya con anterioridad veníamos desarrollando acciones institucionales en esta misma línea. Por ejemplo, la transparencia y la participación ciudadana son objetivos incorporados desde la aprobación del Plan Estratégico en el 2013; y ya se trabajaba en la aprobación de una política institucional de participación ciudadana, que se aprobó en el 2015. Se trabajó en rendición de cuentas, evaluación del desempeño, transparencia, datos abiertos. Sin embargo, para darle continuidad a este compromiso país, es necesario avanzar hacia la aprobación de una política institucional en Justicia Abierta, que defina lineamientos base para el futuro de la gestión institucional.

Formulación de una política institucional

Para la formulación de una política de Justicia Abierta suscribimos un convenio de cooperación marco, y un convenio específico, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), cuyo objetivo es brindar capacitación al personal judicial en temas de gobierno abierto y datos abiertos; brindar asistencia técnica en este tema y organizar e implementar talleres de asistencia técnica para contribuir al desarrollo de capacidades institucionales que le permitan al Poder Judicial formular e implementar la política institucional de Justicia abierta. Desde la Presidencia impulsamos una clara cultura institucional en esta línea.

Con base en ese Convenio ya existe una hoja de ruta hacia la formulación de esta política. La propuesta de trabajo se divide en tres etapas: La primera contempla la definición del equipo que liderará la iniciativa de Justicia Abierta,  es decir, de un Comité Ejecutivo permanente con representación de diferentes sectores vinculados con el Poder Judicial (sociedad civil, Colegio de Abogados y Abogadas, expertos de la CEPAL y funcionarios y funcionarias de distintos ámbitos judiciales.

Con este equipo se pretende asegurar que la política sea sustentable en el tiempo, que vaya monitoreando los avances en la implementación de la política, al interior del Poder Judicial y hacia la comunidad nacional e internacional.

En la segunda etapa se incluye la realización de jornadas de difusión y de promoción del enfoque de Justicia Abierta para la construcción de las herramientas a utilizar; y la presentación oficial de una propuesta.

Se han realizado distintos talleres con personal judicial y sociedad civil de San Carlos, Guápiles y Puntarenas; y se ha habilitado la consulta del borrador de la política mediante un sitio web de justicia abierta creado por el Poder Judicial. Se busca recabar insumos para la construcción de una definición conjunta de justicia abierta, sus objetivos y ejes estratégicos.

En la última etapa se recibirá asistencia técnica para la definición de la estrategia de promoción, comunicación y aprobación de la política, y la redacción de un documento final.

Es importante mencionar que a pesar de no contar aún con la Política de Justicia Abierta, nuestra gestión se encamina con esa visión. En esta línea debo mencionar el proyecto del rediseño general del Circuito Judicial de Cartago, ejecutado durante el año 2015 e inicios del 2016. En este proceso, todos los despachos judiciales de ese circuito fueron objeto de un rediseño que incorporó el proceso oral y la gestión electrónica de los expedientes, es decir, se pasó del expediente físico al expediente virtual.

Representó un cambio de gestión que impactaba a la población. De ahí que se aprovechó ese espacio para implementar un proyecto piloto de los pilares de justicia abierta, que significó abrir espacios de participación para que la población se refiriera al proceso, los inconvenientes que visualizaban; y frente a ello, se generaron colaboraciones con instituciones públicas como el PANI y la Municipalidad de Cartago, en materia de capacitación a las personas usuarias en uso de herramientas electrónicas.

Al final del proceso de rediseño se rindió un informe general del avance de los despachos bajo la nueva modalidad de trabajo y las expectativas generadas a partir del cambio, con obligación de suministrar informes periódicos de gestión.
Se ha trabajado con la comisión de personas usuarias y con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Confiamos en que este proceso y la adopción de una política definida en Justicia Abierta, conduzcan a aumentar la legitimidad de la administración de justicia como garante de los derechos fundamentales y de una convivencia pacífica; en tanto fortalece la rendición de cuentas y la participación de las personas usuarias en la definición de la gestión institucional, siendo pioneros en este tema, a nivel mundial.

El apoyo requerido

Ningún cambio sustantivo puede realizarse sin el apoyo de las personas involucradas no solo en el funcionamiento de la institución, sino también de las personas usuarias y la sociedad civil en general.

La filosofía de la justicia abierta nos obliga a realizar esfuerzos colaborativos para materializar el objetivo de una administración de justicia cada vez más democrática.

El cambio requiere la iniciativa institucional, paso que ya ha sido dado. Ahora se requiere el compromiso de quienes concurrimos con nuestro esfuerzo, a la gestión del Poder Judicial.

La sociedad demanda una administración de justicia acorde con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuyo objetivo No. 16 se plantea “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.” El cumplimiento de este objetivo es parte de las razones por las cuales debemos avanzar hacia una Justicia Abierta.

Palabras de cierre

Agradezco a todas las personas presentes, así como a quienes participarán como expositoras en este congreso, a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial por garantizar el desarrollo de estos espacios: a las instituciones y organismos internacionales que nos han brindado su apoyo, pero sobre todo a la población judicial y sociedad civil, quienes han participado activamente en todo este gran esfuerzo que esperamos rendirá frutos y será un ejemplo a nivel mundial.

Este Poder judicial es de todas y de todos, y abrimos nuestras puertas porque confiamos en que este tipo de congresos permiten informar, colaborar y generar espacios de discusión para la mejora de la institucionalidad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es nuestro ideal mantenernos en la senda de la construcción de una sociedad donde todas y todos trabajemos por la justicia, la equidad y la paz social. Espero que esta actividad sea de mucho provecho para ustedes, por el logro de ese objetivo.

Muchas gracias.