Mag. Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia 5 de octubre de 2016

Me siento muy satisfecha de que esta reunión tenga como objetivo el establecimiento de una política institucional para la reducción del uso del papel en los procesos judiciales.

El logro de esta meta nos permite racionalizar el uso de los recursos públicos, contribuir con el ambiente y, a la vez, aumentar la conciencia del personal judicial y del resto de la población sobre la necesidad de racionalizar el consumo de los recursos naturales, cada vez más escasos y costosos.

Se trata de un tema de interés actual y que concierne hoy a todos los actores sociales, incluidas las instituciones públicas, que están llamadas a mostrar su solidaridad y responsabilidad para el cumplimiento de objetivos sociales que son relevantes para la vida común en el plantea y, principalmente, para la calidad de vida de las futuras generaciones.

Lo más importante es que la política será construida con la participación de diversos actores y contribuirá a la simplificación de los procesos, pues la reducción del papel obliga necesariamente a que analicemos y eliminemos formalismos innecesarios.

El respeto de los derechos

La cultura institucional que hemos heredado se basa en la documentación como mecanismo para dejar evidencia de las actuaciones de las personas. Ese sistema fue adecuado durante la época en que el Poder Judicial atendía una demanda ciudadana reducida, se contaba con el presupuesto necesario para la compra de papel y no se había aún advertido el peligro que conlleva la degradación medioambiental, debido a la utilización abusiva de los recursos provenientes de la naturaleza.

Sin embargo, el siglo XXI nos enfrenta a una realidad diferente, en la que tanto la ciudadanía como las instituciones del Estado se han visto obligadas a tomar conciencia de la necesidad de efectuar un cambio cultural para la protección del ambiente.

Los retos que supone una justicia sin papeles son coincidentes con los que se deben enfrentar para hacer realidad la transformación propuesta por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que suscribieron, en setiembre pasado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos y 169 metas.

Esa Agenda ha puesto en evidencia la común aspiración de la humanidad de mejorar la calidad de vida en el planeta, que no se ha renunciado al logro de objetivos transcendentales como la erradicación de la pobreza y el hambre; la igualdad de género y la reducción de desigualdades la mejora en la salud, la calidad de vida y la educación; la búsqueda de la paz yel crecimiento económico, entre otros más.

La propuesta de trabajar en pro de la reducción y consumo responsables, la protección de los ecosistemas y la creación de condiciones de paz, justicia e instituciones sólidas son algunos de los objetivos de la Agenda vinculados directamente con la reducción del papel.

Sin embargo, todos los objetivos de esa Agenda nos conciernen, por nuestra doble condición de ciudadanas y ciudadanos del mundo y servidores públicos.

Desde el ámbito judicial, hemos promovido temáticas relevantes para el desarrollo de la sociedad como la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, el acceso a la justicia para todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, el uso racional de los recursos públicos que se nos asignan, la participación ciudadana, y la rendición de cuentas.

Hemos dado evidencia de ser una institución responsable y consciente de su indiscutible rol en la comunidad.Esa responsabilidad que asume el Poder Judicial ha significado un trabajo arduo, que se suma a las labores cotidianas de quienes participan en estos proyectos, pero que se realiza con la convicción de que se trata de deberes ineludibles y de gran beneficio para el conglomerado social del cual somos parte.

Un nuevo reto

Comprendemos que la responsabilidad de la protección del entorno no compete solamente a los Estados, sino también a la ciudadanía, que nos incluye también a quienes nos dedicamos al servicio público.

El reto planteado por las Naciones que aprobaron dicha Agenda es el de transformar el mundo, mediante acciones específicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos que ahí se contemplan.

La Agenda 2030 nos obliga a repensar la forma en que nos relacionamos unos con otros y con el entorno, para salvaguardar la armonía y supervivencia en nuestro planeta.

La Política de reducción de papel responde, también,al componente 3 del Plan Estratégico institucional 2013-2018, referente a la modernización e innovación de la gestión judicial mediante la aplicación de estándares de calidad acreditados.

Nuestro interés es sustituir los sistemas tradicionales de trabajo para dar lugar a una gestión moderna, innovadora, eficiente, sostenible y que ofrezca calidad y seguridad.

Se ha previsto, la conformación de un equipo integrado por representantes de diversas instancias: Consejo Superior, Planificación, Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, Ministerio Público, Defensa Pública, Ámbito Administrativo, OIJ y el Centro de Apoyo de la Función Jurisdiccional.

A este valioso grupo se han sumado el Ministerio de Planificación, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y la Comisión de Personas Usuarias, bajo la coordinación del Lic. Luis Chang, Fiscal Adjunto.

Resulta significativo que esta iniciativa nos obligue, una vez más, a colaborar para que nuestra institución sea parte de la transformación a la cual se aspira.

La administración de justicia cumple la indispensable función de garantizar los derechos fundamentales de las personas usuarias y, entre estos, se encuentran el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Nuestro deber es incuestionable.

El consumo desmedido del papel

En los últimos años, el uso de los productos de papel se ha incrementado de 92 millones de toneladas a 208 millones, que representa un crecimiento de 126%. En países como los Estados Unidos se estima que el consumo anual por persona es de más de 700 libras, cantidad significativamente superior al consumo estimado de las personas que habitan en continentes como Asia y África. Cada estadounidense consume por año lo que consumen seis personas asiáticas y 30 africanas.

Esto refleja el desmedido consumo que se origina en países desarrollados y, además, da lugar a una preocupación por la tendencia en países como el nuestro, cuyo modelo de consumo y de desarrollo tiende a replicar las pautas de esas grandes naciones.

Se afirma que el consumo mundial es alto y continuará aumentando. Esto origina que el papel constituya uno de los componentes más importantes en los vertederos de basura sólida, el aumento el consumo de energía y la pérdida de áreas boscosas.

Lo más triste es pensar en la cantidad de árboles que se destruyen cada día para sostener un consumo desmedido de papel y el efecto que esto tiene, en el presente y a largo plazo, en el delicado equilibrio del entorno natural.

No puede el Poder Judicial de Costa Rica más que continuar sensibilizando sobre este tema y hacer todos los esfuerzos para reducir ese consumo, como hemos venido haciendo desde hace algún tiempo.

Qué se ha hecho hasta ahora?

Bajo el lema de “Cero Papeles”, se han realizado grandes esfuerzos de reducción del consumo del papel, con el apoyo formal dado por la Corte mediante los primeros acuerdos de contención del gasto que se tomaron en el 2009.

En el 2010 se constituyó el Comité Coordinador Institucional para la reducción del uso del papel, con representantes de las diversas dependencias judiciales y la coordinación de una integrante del Consejo Superior. Me consta el arduo trabajo que ha venido haciendo este Comité.

Ejecutamos, desde esa época, acciones para promover las buenas prácticas, cuales constituyen un antecedente valioso para la etapa en la que nos encontramos.

Se ha capacitado y sensibilizado al personal judicial, se elaboró el curso virtual Cero Papel, desarrollamos campañas de información, promovimos el uso eficiente de las impresoras y se logró, al 2015, un ahorro general en la subpartida 29903 de papel, cartón e impresos de un 25%, que presenta unos 204 millones de colones. A esto se suman los resultados de acciones concretas como el uso del Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica (SICE) y los cambios en algunos procedimientos de dependencias como Gestión Humana, Planificación, Proveeduría, Artes Gráficas y la Biblioteca Judicial. También las dependencias auxiliares de la Justicia han hecho relevantes aportes.

La reducción del papel es, sin duda, un esfuerzo que se ha desarrollado en conjunto, desde el inicio.
Sin embargo, debemos recordar que una de las limitantes que enfrentamos es la escasez de recursos presupuestarios, aspecto que deberemos superar con el ingenio y los aportes del equipo interdisciplinario vinculado a esta iniciativa y con el apoyo que brindemos todas las demás personas.

Veo con optimismo el futuro, por la experiencia que hemos adquirido y el trabajo que se desarrollará en este Taller y los sucesivos.

Expectativas de la política

Esperamos que la política incorpore buenas prácticas de los despachos judiciales, la innovación y el uso de las herramientas tecnológicas, y que cumpla los parámetros establecidos para este tipo de documento.

Como es bien conocido, el Poder Judicial ha sido exitoso en sussignificativos esfuerzos para la reducción del consumo del papel. Nuestra experiencia ha sido positiva y le ha permitido un ahorro considerable a nuestra institución.

Mediante la política esperamos que la experiencia acumulada nos permita identificar el marco legal, ejes estratégicos, objetivos, un modelo de gestión y un plan de acción para continuar avanzando por este camino.

A través de esta política se potenciará la rendición de cuentas, ya que los recursos que se ahorren no son solo del Poder Judicial, sino que provienen de la Hacienda Pública, de manera que se originan en las contribuciones que hace toda hacer la población para asegurar el funcionamiento del aparato estatal.

Contamos, para el éxito del proyecto, con el apoyo del excelente equipo interdisciplinario que nos apoyará en este proceso.

A todas las personas involucradas, les agradezco su motivación y aportes. Les insto a que apoyemos esta iniciativa, de manera que construyamos en conjunto una institución que asume su compromiso con el desarrollo sostenible de este país.

Agradezco su interés por acompañar y apoyar esta valiosa iniciativa. Con ello, ayudamos a construir un futuro mejor.