Mag. Román Solís Zelaya 19 de setiembre de 2016 Salón de Expresidentes

Es para mí muy grato compartir y celebrar con ustedes el inicio de una semana de intenso trabajo con los consultores de la CEPAL que nos acompañan, señores Peter Sharp y Eduardo González.

Me complace mucho la participación de todas las personas presentes, quienes sé que han venido apoyando la iniciativa de Justicia Abierta de diversas formas: con su presencia en las actividades, con su autorización para que asistan representantes de las oficinas, con sus aportes y, principalmente, con su entusiasmo y disposición de asumir nuevos retos.

Muchas de las ideas novedosas que se proponen significan realizar labores adicionales, que constituyen un recargo a las múltiples funciones y responsabilidades cotidianas. No obstante, nuestro interés en promover la Justicia Abierta es clara evidencia de que en la función pública y, especialmenteaquí en el Poder Judicial, nos motivan la mística,el compromiso y la búsqueda permanente de la excelencia.

Motivo de esta actividad

El objetivo general de las sesiones de esta semana será avanzar en la ambiciosa meta que se ha propuesto nuestra institución de contar con una política de Justicia Abierta,a través de la cual podamos fortalecer y articular todos los esfuerzos que se han venido realizando en pro de la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con otras instituciones públicas y con organizaciones de la sociedad civil, para la mejora de los servicios.

Esta visita, igual que la anterior –que se produjo en agosto pasado- forma parte de la ejecución de un plan para la formulación de una nueva política institucional que nos permita consolidar un gobierno judicial abierto. Esta pretensión evidencianuestro compromiso con la democracia, pues solo mediante una gestión pública eficaz, eficiencia y ética, resulta posible mantener la confianza de la población y legitimidad del sistema político en el que vivimos

La importancia de la Justicia Abierta

Los procesos apertura son la respuesta al clamor de la ciudadanía, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, de que el Estado y sus instituciones brinden una respuesta adecuada a las demandas de sociedad civil, adecúen sus servicios a las necesidades diversas de la población, administren responsablemente los recursos públicos cada vez más escasos, desarrollen una gestión pública caracterizada por la integridad y la eficacia, y combatan la corrupción.

La ciudadanía de hoy, cada vez más empoderada y mejor preparada para la defensa de sus derechos, exige una participación contundente del Estado en crear las condiciones para el efectivo ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Exige, además, que se realicen acciones claras que conduzcan hacia el desarrollo sostenible, como única alternativa para asegurar una existencia digna para las generaciones actuales y futuras..

No es casualidad que en setiembre del año pasado, 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas coincidieran en su aspiración de transformar el mundo y aprobaran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos y 169 metas. Entre éstas, no podía faltar un objetivo vinculado a la justicia, el cual se incorporó como el No. 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.”

Este común anhelo de toda la humanidad es lo que también motiva a nuestro Poder Judicial a promover la apertura mediante acciones específicamente dirigidas a fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y alianzas colaborativas, aprovechando al máximo la innovación y las nuevas herramientas tecnológicas disponibles.

¡Una justicia moderna y más cercana a las personas a las que debe servir es un requerimiento jurídico, ético y humano impostergable!

Lo que se está haciendo: la hoja de ruta

El año pasado el Poder Judicial suscribió un convenio con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), perteneciente a las Naciones Unidas y creada desde 1948, en el cual se acordó la colaboración para la formulación de la política de Justicia Abierta.

Esta alianza se fortalece por los objetivos comunes de ambas organizaciones, pues la CEPAL incluye la promoción del desarrollo social y la labor del Poder Judicial va encaminada, desde luego, a que la administración de justicia asegure las condiciones necesarias para que pueda darse ese desarrollo.

El apoyo de la CEPAL se ha materializado en la conformación de un equipo de trabajo integrado por los señores Sharp y González, a quienes se suma la señora Alejandra Naser, funcionaria de amplia trayectoria y experiencia en tema de gobierno abierto, que funge como coordinadora.

Debe indicarse que la labor del equipo consultor no consiste en elaborar la política, sino en guiarnos en el proceso que se requiere para que seamos nosotros mismos quienes, con la activa participación de todos los actores –incluida naturalmente la ciudadanía, co-construyamos la propuesta y, una vez aprobada, asumamos su ejecución, evaluación y seguimiento como una responsabilidad conjunta.

La orientación de la CEPAL constituye, por ende, un acompañamiento y una colaboración que pone a nuestra disposición el conocimiento, experticia y metodología sugerida por esa organización, pero también sujeta a los aportes y sugerencias de todas las personas participantes, mediante un diálogo franco, abierto y sin temores, que nos permita obtener una visión integral y consensuada del camino que deba seguir nuestra institución.

Conforme a la hoja de ruta sugerida, se cuenta con un plazo corto para la calendarización de las actividades: de setiembre a diciembre del año en curso, para con la mayor prontitud, poder contar con la propuesta de la política. Durante ese período se propone desarrollar tres módulos: elprimero para la sensibilización y conformación del equipo,cuya ejecución inició en agosto; el segundo para la co-creación y presentación de la propuesta, con el aporte de distintos actores (hasta octubre) y el tercero para la definición de la estrategia para su promoción y comunicación (noviembre-diciembre 2016).

Durante la semana que hoy inicia, en la agenda de trabajo se plantean como objetivos:
La constitución del Comité que impulsará la política
La definición de la estrategia a partir del ejercicio FODA
Propuesta del proceso para la aprobación de la Política de Justicia Abierta
Formación en Transparencia y el acceso a la información pública
Formación en Datos Abiertos e innovación
Sensibilización a instituciones vinculadas al Poder Judicial

A pesar de que se trata de una semana completa, el tiempo usualmente se hace corto. Ello significará un esfuerzo mayor para que se puedan cumplir los objetivos trazados.

En esta visita, se han programado reuniones con personal de la Defensa Pública, cuya Directora ha mostrado gran interés y apoyo, con abogadas y abogados litigantes y con los gremios y asociaciones. Por razones de tiempo, quedan para la próxima visita las reuniones con el personal del Ministerio Público y del OIJ, para lo cual requerimos también el apoyo de sus jerarcas, quienes han sido generosos en facilitar la participación de sus representantes en las actividades que se vienen desarrollando.

Debo mencionar que este es un proceso novedoso, que no tiene equivalente en ningún Poder Judicial del mundo, a pesar de que algunos ya están haciendo esfuerzos en pro de la apertura. Nuestro proceso no es comparable con el de otros Poderes, en la medida en que nuestra estructura, función y marco normativos son muy diferentes.

El Poder Judicial comprende distintas instituciones, es una organización grande y compleja. No se busca imponer una política, sino co-construirla, interiorizarla y asegurar que cada servidor y servidora la incorpore a sus labores cotidianas. Esa construcción requiere la construcción de puentes de comunicación permanente con la ciudadanía, como parte del proceso de participación ciudadana.

Por ese motivo, lo que para algunos podría percibirse como lentitud de parte de nuestra institución no significa desgano ni retraso, sino que es resultado natural del desarrollo cuidadoso de un proceso que requiere etapas y la incorporación de muchos actores. Sólo así podemos aspirar a que este esfuerzo produzca un cambio positivo en la prestación de los servicios.

Confiamos en que las actividades planeadas nos motivarán a continuar, nos ayudarán a adquirir una mayor comprensión de las implicaciones de la apertura en el quehacer judicial y nos entusiasmaran a transmitir a otros, quienes no han podido estar aquí hoy, la importancia de la Justicia Abierta.

Sobre la participación ciudadana en la gestión judicial

La participación ciudadana es un eje fundamental de la Justicia Abierta.

En el marco de esta actividad estimo conveniente informarles sobre la manera en que, desde la CONAMAJ, hemos estado encauzando las acciones en cumplimiento de la Política Institucional de participación ciudadana, aprobada por Corte Plena el año pasado.

Las acciones más importantes y en las que hemos concentrado muchos esfuerzos han sido en la línea de información, sensibilización y capacitación sobre los mecanismos y espacios que en este eje estratégico del Poder Judicial pueden ejecutar las oficinas administrativas y los despachos judiciales de todo el país. Es así como hemos atendido bastantes solicitudes para fortalecer las competencias laborales para trabajar a lo interno, pero más importante aún, a lo externo, directamente con la ciudadanía, pues es el diálogo ciudadano el que nos va a permitir determinar cuáles son las áreasen las que se requiere que mejore el sistema de la administración de justicia.

Para el diseño y validación de la Política de Participación Ciudadana, en el año 2014 se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales de consulta a personas líderes en distintos grupos de la sociedad civil de las comunidades de Libera, Guápiles, Puntarenas Centro, Ciudad Quesada y San José. Por ello, hemos considerado muy importante realizar una devolución a estos grupos focales y ampliar la participación, como parte de este necesario acercamiento del Poder Judicial a la población.

Nos encontramos ahora planificando estos espacios de interacción y diálogo para los meses de octubre y noviembre del presente año, con el fin de informales, empoderarles y fomentar en estas personas la necesidad de que participen activamente y de forma asertiva en del quehacer del Poder Judicial, todo lo cual contribuye a brindar un servicio óptimo a las personas usuarias.

Además, como parte de la labor de la Conamaj, se han identificado áreas de trabajo conjunto en materia de participación ciudadana con las instituciones que conforman esta Comisión, tales como la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, además del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Para ello, se ha creado la matriz “Sinergias interinstitucionales en materia de Participación Ciudadana”, como instrumento para identificar objetivos, ejes, proyectos o programas que se puedan desarrollar de forma conjunta, durante el año 2017.

Consideramos que al Poder Judicial no le compete exclusivamente trabajar este eje estratégico y cumplir con el mandato constitucional de la participación ciudadana y por eso se ha apostado a las sinergias institucionales para conjugar esfuerzos y optimizar recursos públicos, tanto humanos como materiales.

Tanto es así que Conamaj forma parte de la Subcomisión de Participación Ciudadana de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que impulsa el Poder Ejecutivo por medio del Despacho de la Vicepresidencia de la República.

Nos parece importante destacar también que la formulación de la Política de Justicia Abierta que se va a desarrollar en los próximos meses debe incorporar el aprendizaje obtenido mediante el arduo camino que recorrió este Poder de la República en materia de participación ciudadana. Ese proceso, totalmente inédito, produjo experiencias muy satisfactorias.

Conamaj mantiene el compromiso de participar activamente en el proceso de construcción de la Política de Justicia Abierta a la que aspiramos; pero no solo coadyuvará sino que también será garante y promotora de que, mediante la participación ciudadana, esta Política cumpla con los intereses y requerimientos de la sociedad costarricense.

Sabemos que no se vale formular política pública detrás de un escritorio, sino que ahora la política pública se formula mediante la co-creación con las personas principales actoras ciudadanas, que en la moderna visión se reconocen hoy como las encargadas de ejercer el Gobierno junto con los tres Poderes del Estado, como lo establece el artículo 9 de la Constitución Política de nuestro país.

De esta premisa partió la política de participación aprobada por la Corte, la cual constituye uno de los ejes de la Justicia Abierta. Estamos a la espera de que se defina la metodología mediante la cual se incorporará la participación de la ciudadanía.

Expectativas y retos de este proceso

Creemos firmemente que la Justicia Abierta abre un sinfín de posibilidades para reflexionar sobre lo que debe ser la justicia en un sistema democrático y de respeto a los derechos de todas las personas.

Tengo el convencimiento de que este camino que recorremos es el correcto y la esperanza de que nuestra experiencia, con los aciertos y desaciertos que podamos enfrentar, sea un ejemplo para otros Poderes Judiciales.

Nuestro país tiene un compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual forma parte junto con muchas otras naciones del mundo. En la Cumbre de la Alianza celebrada Londres, en el 2013 el Poder Judicial costarricense se comprometió a la formulación de una política de Justicia Abierta.

Para dar cumplimiento, participamos activamente en el proceso de formulación del segundo Plan Nacional de Justicia Abierta, en el cual se incluyó un objetivo vinculado a la divulgación de la participación ciudadana del Poder Judicial.

La señora Presidenta de la Corte suscribió, junto con los Presidentes de los demás Poderes, el 25 de noviembre del año pasado, la Declaración para la Creación de un Estado Abierto, hecho que nos compromete aún más a continuar impulsando el proceso de apertura judicial.

En la reunión preparatoria de la Cumbre Judicial celebrada del 31 de agosto al 2 de setiembre, se presentó la propuesta remitida por la señora Zarela Villanueva denominada“Promoción de la justicia abierta en los Poderes Judiciales Iberoamericanos”, fue aprobada por unanimidad y se integró un Grupo de trabajo liderado por Costa Rica y compuesto por diez países, que se encargará de desarrollarla y promover su aprobación de este tema como un eje estratégico permanente, en la XIX Cumbre Judicial, a realizarse en Ecuador.

Todo lo anterior nos obliga a asegurar una gran rigurosidad técnica del proceso que estamos desarrollando en Costa Rica, incluido el Plan Piloto que se desarrolla en los Tribunales de Cartago. Demanda, además, la misma rigurosidad para asegurar la participación plena de todos los actores, internos y externos.

Principalmente, nos obliga a todas las personas, consultores, servidoras y servidores, representantes de la sociedad civil y otros a dar pleno cumplimiento al requerimiento de la participación y la co-creación, de manera que exista la confianza de expresarsin reserva todas las inquietudes, dudas y sugerencias que naturalmente surjan. Esos, sin duda, son importantes retos.

En el caso de los consultores, a quienes agradecemos su entusiasmo y aportes, confiamos en su alto nivel técnico y experiencia, como factores importantes para que se produzcan los resultados óptimos deseados. Esperamos que tras cada una de sus visitas, podamos documentar esos resultados, para compartirlos con quienes no puedan asistir a estas sesiones y dejar constancia del proceso que se ha seguido.

Juntos esperamos trazar un camino digno de servir de inspiración para que otros Poderes Judiciales del mundo reconozcan la necesidad de repensar la forma tradicional en que se concibe la gestión judicial y la importancia de asumir el reto de la apertura de sus instituciones.

Palabras de cierre

Aspiramos a que nuestra política no sea un mero enunciado formal fundado en el deber de dar cumplimiento a obligaciones jurídicas o directrices internas. Queremos que sea una política construida a partir dela visión de todos los actores y que se inserte en la conciencia de cada persona para que su cumplimiento surja de la convicción interna y no de un mandato jerárquico distante e incomprendido.

Sabemos que no todas las conductas humanas se pueden normar, que no todo lo deseable se puede ordenar y especialmente en lo que atañe al trato amable y respetuoso que merecen todas las personas usuarias y al trabajo arduo que se nos exige, esperamos que esta política nos permita afianzar el acatamiento de todas las políticas institucionales vigentes, especialmente la de acceso a la justicia para las distintas poblaciones, consolidar una cultura de humanización de los servicios y asegurar un proceso de mejora continua.

Decía Aristóteles: “No se necesita un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”.
Parafraseando, me atrevo a afirmar: “No se necesita un gobierno judicial perfecto, se necesita uno que sea abierto: abierto al diálogo, abierto al escrutinio, abierto al cambio”.

Muchas gracias por su apoyo a estos nobles ideales.