Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia Auditorio Miguel Blanco Quirós 1° de octubre de 2016

Hoy conmemoramos que hace 190 años, el 1° de octubre de 1826, se fundó la Primera Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Hace solo unos días celebrábamos el 195 aniversario de la independencia patria, lo cual nos hace ver, que el surgimiento a la vida independiente y la consolidación de nuestra nación, surgió de la mano del Poder Judicial.

Los historiadores Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Mauricio Masís Pinto, realizaron una investigación de la historia de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2006. Afirman en su estudio:

“La elección de los integrantes de la Corte resultó ser sumamente lenta y difícil. Para empezar, en el Estado había pocos abogados y, dadas las limitaciones presupuestarias, era previsible que las remuneraciones asignadas a los miembros del supremo tribunal resultarían poco atractivas… Tampoco los cargos de magistrado eran muy apetecidos”.

Relatan que el primer presidente nombrado así como el primer fiscal, ambos abogados nicaragüenses radicados en ese país, se excusaron de asumir el cargo, lo mismo que el tercer magistrado electo, lo cual se repitió también en relación con el fiscal nuevamente nombrado y con el primer y tercer magistrados electos. “La Asamblea –comentan- hondamente preocupada, dispuso que el 1° de octubre se instalara la Corte con los individuos que hubiera presentes”.

De esta forma, el 1° de octubre de 1826, el Presidente de la Asamblea Legislativa juramentó al Presidente electo de la Corte Superior de Justicia, don José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes, y así quedó formalmente instalado este órgano fundamental del Estado Costarricense.

Esos primeros años no fueron nada fáciles. Incluso, ante los problemas de integración se invitaba a los abogados de los otros Estados Centroamericanos a aceptar los cargos de la magistratura ofreciéndoles un pago preferente sobre la de cualquier otro funcionario. No obstante el ofrecimiento, sus salarios no se pagaban puntualmente. Los problemas de funcionamiento desembocaron en que, para octubre de 1827, a solo un año de su inauguración, la Corte se había disuelto y ello significó que por algún tiempo Costa Rica careciera de Corte Superior.

La desintegración de la Corte fue recurrente durante los primeros años de vida independiente. Sin lugar a dudas, la vida institucional estuvo profundamente vinculada a la vida política del país, sujeta en algunos casos, a los mismos cambios y a las mismas transiciones del poder político. Sin embargo, a casi 200 años de vida independiente y de vida institucional, hoy podemos decir con orgullo que la Corte Suprema de Justicia es una institución sólida, con absoluto respeto y compromiso con la independencia y la imparcialidad en su gestión; con las exigencias y necesidades de la población; y con la búsqueda de acciones para lograr la excelencia, en nuestro servicios.

El día de hoy nos aprestamos a cumplir casi dos siglos de existencia y como cualquier cumpleaños, la ocasión se vuelve propicia para meditar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que debemos hacer y, si es del caso, rectificar.

Desde hace más de veinte años, el Poder Judicial viene trabajando en acciones para facilitar el acceso a la justicia a todas las personas. Somos la institución pública que más ha trabajado en políticas específicas para atender a poblaciones en condiciones vulnerables, con claridad en la diversidad humana que hace uso de nuestros servicios, en sus condiciones como limitantes para el efectivo acceso a la justicia; y en la necesidad de mejorar la respuesta institucional como factor clave para el respecto al Derecho y la convivencia pacífica.

UNA NUEVA CULTURA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La mora o el retraso en la resolución de los ex presidentes es desde hace muchos años, una de las grandes deudas de la institución con el país. Sí, en efecto, este no es un tema novedoso. No es propio de este tiempo; es una situación que viene enfrentando la institución desde hace muchos años. Por ejemplo, el sistema de despacho judicial implantado en el II Circuito Judicial de Goicoechea fue un ensayo, un esfuerzo en la búsqueda de acciones para mejorar la respuesta institucional.

Se ha tratado de mejorar la infraestructura de muchos despachos judiciales; de dotar de equipo informático a casi la totalidad de las oficinas, trabajamos en la implantación del expediente electrónico, en el cierre de la brecha digital; se han promovido reformas legales; rediseñado despachos judiciales e incluso circuitos judiciales enteros. La institución ha hecho lo propio para dotar al personal y a las oficinas judiciales con recursos adecuados para su gestión. Sin embargo, ninguna iniciativa será exitosa mientras no nos acostumbremos a trabajar con índices de desempeño, con evaluación de resultados y rendición de cuentas. Esta es una obligación dispuesta por el artículo 11 de nuestra Constitución Política, según una reforma introducida, en el año 2000.

La ley de carrera judicial fue aprobada en 1993. Esto significa que quienes hoy reciben el certificado al mérito judicial por 25 años de carrera, en ese año apenas estaban ingresando a la institución; y quienes este año cumplen 20 años, ingresaron cuando ya esa ley había sido aprobada, por lo que, solo algunas pocas personas conocerán cuál era la situación que se daba con anterioridad a la aprobación de esa ley.

Antes de la vigencia de la Ley de Carrera Judicial, en el Poder Judicial no existía estabilidad en los puestos. Los nombramientos en los cargos de la judicatura eran por periodos determinados, a plazo. Eso significa que cada cuatro años, los jueces y las juezas estaban sujetos y sujetas a un proceso de lobby para promover su reelección o bien, para no ser removidos o removidas de sus puestos.

Indiscutiblemente, esta situación no era nada conveniente ni para las personas funcionarias, ni para la institucionalidad democrática del país; propiciaba la inestabilidad en el puesto, los nombramientos interinos; y la dependencia del nombramiento a la jerarquía, que por ese mecanismo podía evaluar el desempeño de las personas nombradas.

Ante esa inestabilidad, algunas personas comenzamos a trabajar en la ley de carrera, cuyo principal logro fue el establecimiento de la carrera y la estabilidad en la judicatura, de manera que el nombramiento en un cargo se adquiere de manera permanente, sujeto únicamente a la posible aplicación del régimen disciplinario.

Pero al derecho de estabilidad en el cargo no se le hizo acompañar de la correspondiente obligación de las personas, de rendir. Es decir, el régimen se quedó en la concesión del beneficio, del derecho a la estabilidad, y no dispuso parámetros de cumplimiento, de manera que la institución quedó entonces sin la posibilidad de exigir, de evaluar el rendimiento de las personas.

Durante 8 años trabajó una comisión para definir la forma de evaluar. Se realizó un proyecto de reglamento con algunos procesos de rediseño implementados por la Dirección de Planificación, que se promueve la existencia de indicadores y metas de desempeño. Pero esta forma de trabajo no se ha generalizado en la institución. No se ha asumido como una cultura general de trabajo, a pesar de que la Constitución Política nos lo exige, y la población nos lo reclama.

De ahí el impulso que esta Presidencia le ha dado al sistema de evaluación del desempeño en la institución. Ya contamos con un Reglamento y con un proyecto de ley que le brinda respaldo.

La evaluación del desempeño no busca sancionar a las personas; lo que busca es crear una nueva cultura de trabajo en la que esté presente la medición de lo que hacemos, cuánto hacemos y porqué no hicimos algo.

Resalto el ejemplo de la Sala Segunda, un despacho donde se implementó la norma de calidad Gica. En esta oficina cada persona sabe con certeza, cuál es su función en relación con los expedientes judiciales y cuánto es el promedio de lo que debería tardar en la confección de una carátula, en la distribución de un expediente a una oficina, en la notificación a las partes, y cuando encuentran que existen riesgos para cumplir esos promedios o cuando algo falla, las propias personas son las que adoptan la iniciativa de proponer cambios o soluciones. Los informes de cuál es el promedio de duración aproximada de un expediente en la Sala Segunda se pueden consultar en la página web de la Sala, donde aparece en qué oficina se encuentra, quién lo tiene. Esto además, es transparencia, es trabajar con orden. El promedio de duración de un expediente en la Sala Segunda ronda entre los 3 y los 4 meses.

La rendición de cuentas es la gran exigencia de nuestros tiempos sobre todo en la sociedad de la información, donde la población tiene mayor conciencia de los derechos, y los reclama. Cada vez son más, las demandas contra el Estado por funcionamiento ilegítimo o anormal de sus órganos; y existen algunas diligencias donde el Estado intenta cobrar a funcionarios o funcionarias, los daños causados a personas usuarias por retraso en la justicia. Por eso, hoy más que nunca nos enfrentamos al deber de rendir cuentas de nuestro trabajo. Les invito a que nos sumemos al cambio y No tengamos miedo a una cultura de evaluación del desempeño. Siempre tengo para mí el orgullo de que la generalidad de las personas que laboran en esta institución son comprometidas y honestas.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

En esta historia institucional, de 190 años, quienes estamos aquí presentes, hemos colaborado de una o de otra forma. Hoy se entregan certificados al mérito judicial a personas que han cumplido 20, 25 y 30 años de servicio intachable a la institución. Mi reconocimiento a quienes hoy reciben un certificado por su lealtad y compromiso. Contar con personal comprometido con los valores institucionales no es tarea fácil; y ustedes demuestran que sí se puede laborar con entrega, mística y respeto.

Aprovecho para instarles a seguir por ese camino y exhibir con orgullo un reconocimiento institucional, porque necesitamos de ejemplos a seguir, por las nuevas y futuras generaciones. En otras ocasiones en que hemos realizado este tipo de reconocimientos he escuchado las palabras de agradecimiento que hacen algunas personas homenajeadas diciendo “gracias a esta institución que me permitió llevar el sustento a mi hogar y ver crecer a mi familia”. Este es un agradecimiento que personalmente comparto y que creo lo compartimos quienes en algún momento de nuestras vidas tomamos la decisión de laborar para el Poder Judicial.

Como Presidenta de la Corte, quiero compartir con ustedes el orgullo de haber prestado servicios a esta grande y noble institución; invitarles a seguir adelante, liderando metas y buenas prácticas, promoviendo adecuados ambientes de trabajo para que todas las personas funcionarias judiciales puedan sentirse siempre dispuestas y comprometidas con los retos que sean necesarios para salir airosos en nuestra gran misión de prestar un servicio de administración de justicia, que satisfaga adecuadamente las expectativas de quienes necesitan del Poder Judicial.

Muchas gracias.-