Cada amanecer ofrece la oportunidad de emprender nuevas acciones para el mejoramiento de nuestras vidas y reflexionar acerca de las lecciones que hemos aprendido. Por ello, cada día representa la posibilidad de un nuevo comienzo.

La convivencia también ofrece valiosas oportunidades de reflexión y de acción. La reflexión permite definir y fortalecer los valores que marcarán el rumbo. La acción nos hace llevarlos a la práctica, materializando así las expectativas que surgen en la interacción entre las personas.

En el caso de la función pública, elemento vital para hacer realidad el respeto de los derechos de cada persona habitante, la reflexión debe versar sobre uno de los valores fundamentales para el desarrollo de la sociedad costarricense: la transparencia en la función pública.

La transparencia, según la definición utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se entiende como la apertura al público en relación con la estructura, funciones e intenciones del gobierno. Implica el acceso a información confiable, amplia, comprensible, oportuna y susceptible de ser comparada sobre las actividades del sector público, que permita a la ciudadanía un análisis de los costos, beneficios e implicaciones sociales y económicas de tales actividades.

No se trata de un tema cosmético ni un término de moda, sino de una exigencia ciudadana que cobra cada vez mayor relevancia en el ámbito internacional y es impulsado por diversas organizaciones.

Requiere que exista el pleno acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado. Nuestro país tiene expresamente reconocidos en la Constitución Política estos dos derechos, en su artículo 11.

El problema que surge en la práctica es la existencia de una cultura institucional que aún se resiste al cambio y a la apertura, situación que conlleva el riesgo de que esos derechos se conviertan en meros enunciados jurídicos de carácter formal, cuyo ejercicio suponga grandes dificultades prácticas.

Por ello, se requiere promover la integridad en quienes ejercen la función pública, para evitar que se recurra a maniobras que obstaculicen el efectivo cumplimiento del deber de transparencia. Se necesita:

• Que la información no sea injustificadamente denegada y se produzca la necesidad de que los particulares recurran a la judicialización de sus requerimientos, lo que conlleva un alto costo, tanto para quien plantea el reclamo como para la administración de justicia.

• Que la información que se brinde sea confiable y comprensible. Nada se gana si la información que se brinda no es veraz o si su presentación no es clara para que la entienda quien la recibe.

• Que la información sea brindada en forma oportuna, es decir en un plazo razonable. Toda información suministrada a destiempo le dificulta al requirente el logro del objetivo por el cual la solicita.

• Que, para cumplir con los estándares de apertura de datos reconocidos internacionalmente, la información se ofrezca en formatos accesibles, sin restricciones y pueda ser libremente reutilizada, comparada y compartida.

Resulta urgente sensibilizar para que comprendamos los incalculables beneficios que tiene para la sociedad que la función pública esté caracterizada por una cultura de transparencia, la cual contribuye a la prevención de la corrupción y al mejor funcionamiento de las instituciones.

De ello depende la legitimidad del Estado ante la sociedad civil. Determinará, sin duda, el futuro de nuestra institucionalidad. Debemos propiciar un nuevo amanecer en el que aumente la confianza de la población en sus instituciones. ¡No podemos darnos el lujo de no hacerlo!
 
*Abogada