El estudio del proyecto de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, Jesús Ramírez Quirós.

Considerar importante la inclusión de recursos para atender la propuesta de crear Tribunales de Ejecución de la Pena, fue una de las recomendaciones que señaló Corte Plena, al analizar y aprobar el informe sobre el expediente número 18. 867, “Ley de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario Nacional”.

El criterio se emitió ante la consulta que realizó la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. El estudio del texto de la iniciativa de ley estuvo a cargo del magistrado instructor, Jesús Ramírez Quirós.

Se destacó que la reforma legal lo que procura es regular aspectos atinentes a la materia de ejecución de la pena y penitenciaria y además contiene aspectos jurisdiccionales y administrativos.

Se centró en la propuesta que establece la creación del Tribunal de Ejecución de la Pena y que implica una reforma al artículo 92 y la adición del artículo 96 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“La creación de un tribunal colegiado en esta materia conlleva la correlativa obligación de dotar al Poder Judicial de un presupuesto específico para ese fin, que le permita hacer frente al recurso humano y de infraestructura que exigiría su implementación”, puntualizó el informe judicial.

Con respecto al resto del articulado de la iniciativa de ley, “…conforme a las competencias de la Corte Suprema de Justicia según lo establecido en el numeral 59 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se nota que el proyecto de ley afecte la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, detalló el criterio de Corte Plena.