Zarela VillanuevaMonge Presidenta Corte Suprema de Justicia

El pasado mes de abril, se realizó el foro; Costa Rica y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde participamos representantes de tres Poderes de la República, señalando el compromiso de nuestro país , con esta Agenda 2030 de 17 metas hacia las cuales debe dirigirse la humanidad en los próximo 15 años.

Destaco de esa actividad, un aspecto esencial: la necesidad de promover acuerdos nacionales para avanzar en la dirección propuesta..

Progresar en la ruta para alcanzar los objetivos, exige, el conocimiento, de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas, de los poderes del Estado, el convencimiento de su importancia, y por supuesto, el compromiso de establecer una ruta-

La agenda adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en Setiembre de 2015, respaldada por 193 países con 17 objetivos, es un compromiso con las personas, el planeta y la prosperidad.

Se trata de un plan de acción mundialen favor del desarrollo de la humanidad, del respeto a la dignidad de las personas, del fortalecimiento de la paz universal. Una propuesta en la que subyace el objetivo de construir sociedades pacíficas, más justas e inclusivas; en las que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, y ser feliz.

Retos del siglo XXI

Esta propuesta de trabajo mundial, tiene como importante antecedente la experiencia de la implementación de los Objetivos del Milenio, en los que se trabajó durante los primeros quince años de este siglo; sin el éxito que hubiéramos querido. Seguimos enfrentando condiciones no deseables de pobreza, de limitaciones y discriminación en género, en acceso a la educación, a la salud, al desarrollo personal; y el deterioro ambiental que amenaza el bienestar y la supervivencia de la humanidad.

La agendaaprobado por Naciones Unidasbrinda libertad, a cada uno de los Estados, para fijar sus propias metas nacionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen solo un marco, un direccionamiento hacia el cual, los diferentes países deben encaminar sus esfuerzos. Corresponde a cada país definir sus propios objetivos de desarrollo, conforme a sus condiciones naturales, económicas, sociales y culturales. Esto implica que dependerá de nuestra visión, con apoyo en la sociedad civil, adoptar el plan de acción de la Costa Rica que queremos construir durante los próximos 15 años.

El Poder Judicial ha tenido la visión de avanzar en algunos de estos temas desde hace varios años, y por esa razón, se incluyen y articulan de alguna manera, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30.

Quisiera señalar algunos de los avances que hemos impulsado en algunos de estos objetivos.

El Poder Judicial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Partiendo de algo que debemos tener presente quienes laboramos en esta institución, la tarea constitucionalmente asignada, de administrar justicia, tiene una estrecha vinculación con el desarrollo sostenible, con la construcción de la paz y con las aspiraciones de una sociedad próspera.

Así hemos asumido nuestros deberes y desde hace más de veinte años hemos impulsadopolíticas y acciones institucionales para asegurar el acceso a la justicia y la tutela efectiva a las personas que acuden en busca de protección o restitución de sus derechos.
Para el Poder Judicial costarricense no es novedoso ni extraño el objetivo 16 que dice:

“La meta es Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

La institución se ha encaminado en acciones específicas para facilitar el acceso a los servicios de administración de justicia, particularmente a las poblaciones vulnerables. Se ha tenido claridad en que el centro sobre el cual gravita nuestra acción, es la persona usuaria.

Con ese fin se logró y se viene trabajando, en la especialización de materias especialmente sensibles, con la creación de juzgados especializados en pensiones alimentarias, en familia y en trabajo, que anteriormente estaban fusionadas en un solo despacho adonde las personas comparecían a demandar una pensión alimentaria en las mismas condiciones que quienes enfrentaban una denuncia penal o una colisión de tránsito. Aquella era una época en la que no se visibilizaba las necesidades de las personas usuarias de nuestros servicios, las razones por las cuales acudían a solicitar servicios, qué demandaban, en qué condiciones lo hacían, qué obstáculos les impedía demandar o defenderse.

Desde el año 2008 el Poder Judicial cuenta con una política definida para facilitar el acceso a la justica a todas las personas usuarias, particularmente, a aquellas pertenecientes a poblacionesde vulnerabilidad, las mujeres víctimas de violencia, las personas con capacidades especiales, las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, o las personas afrodescendientes, indígenas, migrantes y refugiadas, solo para citar algunas. La aprobación de esta política generó la conformación de subcomisiones especializadas en la atención de cada una de esas poblaciones vulnerables.

La institución, ha promovido diversas políticas institucionales que atienden a las especificidades de cada una de estas poblaciones, así como otras iniciativas que han sido exitosas y en las cuales hemos desarrollado una gran experticia, de ahí que algunas de ellas, las estemos liderando actualmente en el ámbito internacional.

Estas acciones atienden al objetivo de desarrollo sostenible 1, en la meta 1.4., que indica:

“garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”

Se articula asimismo, con el objetivo 10, meta 10.2 que indica:

“Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.
Me gustaría referirme atres acciones concretas en las que ha trabajado y trabaja la institución, que se vinculan directamente con el acceso a la justicia, la equidad de género y la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

1.- Promoción de la equidad de género.

En relación con los otros objetivos de la Agenda 20-30, específicamente el objetivo 5 que pretende lograr la igualdad de género debo mencionar que mucho tiempo antes de adoptar la política de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya el Poder Judicial había aprobado una política institucional en equidad e igualdad de género. Fue la primera institución a nivel nacional, en aprobar una política que ordena la transversalización de la visión de género en todo el quehacer institucional. Su aprobación fue en el 2005, y dio pie a que fuéramos la primer institución en contar con una Secretaría Técnica de Género, a nivel nacional.

Esta política se ha concretado en acciones en el plano interno y en el externo. En lo internosignificó por ejemplo, la aprobación de una política institucional contra el hostigamiento sexual y contra la violencia doméstica; la promoción de la participación de mujeres en todas las estructuras y órganos del Poder Judicial. En lo externo implementamos los juzgados especializados de violencia doméstica, en todo el país, fiscalías especializadas, el Programa Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación, el desarrollo de la herramienta estadística-informática para la medición y monitoreo de femicidios, la creación de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas de violencia.

Estas plataformas fueron pensadas para que las personas víctimas de violencia y de delitos , en general no sean también víctimas del sistema, y puedan recibir en un mismo espacio, la atención de diversas gestiones, como interponer su denuncia, demandar una pensión alimentaria, recibir apoyo con profesionales en psicología, así como el abordaje de otras instituciones con las que se han logrado convenios para atender su condición socioeconómica. Todo en un mismo espacio físico.

El proyecto piloto que implementamos hace tres años en una comunidad socioeconómicamente marginada, al oeste de la ciudad capital, ha sido exitoso y se replicó ya en La Unión de Tres Ríos, con miras a la instalación de una nueva plataforma en Siquirres y San Joaquín.

2.- Aprobación de una política de participación ciudadana en la administración de justicia

En segundo lugar me referiré a la Política de Participación Ciudadana en la Administración de Justicia, la cual fue impulsada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y aprobada por Corte Plena en el 2015. Esta política intenta modificar la vinculación tradicionalmente concebida entre el Estado y la población.

Su objetivo es lograr una efectiva interacción entre la administración de justicia y las personas usuarias; ampliar los canales de participación ciudadana en la definición del rumbo institucional; que la gestión de la administración de justicia esté realmente en función de lo que necesita la población.

3.- Hacia una política de Justicia Abierta.

La Participación ciudadana forma parte de un objetivo más hacia el que se enrumba la institución: La aprobación de una Política de Justicia Abierta, objetivo hacia el cual, ya se han dado pasos firmes.

La política de Justicia Abierta está pensada como un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, de efectividad institucional, de lucha contra la corrupción; condiciones indispensables para generar instituciones eficaces y responsables, fundamentales en la consolidación de la institucionalidad democrática del país.

Esta política se apropia de la tecnología como instrumento para que cada despacho judicial brinde cuentas a la población, de lo que hace y de lo que no hace. Es un ejercicio de responsabilidad. En la concreción de esta política hemos venido trabajando desde hace aproximadamente dos años.

Aprovechamos la coyuntura que ofreció el proceso de rediseño general del Circuito Judicial de Cartago -que inició el año anterior- para dar los primeros pasos en este campo y generar una valiosa experiencia.

Esta es una iniciativa que se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17 que pretende “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, que en la meta 17.18 indica:

4. Otras iniciativas del Poder Judicial asociadas a la Agenda 20-30

La institución también está desarrollando varias iniciativas que se articulan con otros objetivos de desarrollo sostenible, que de manera muy general, les comento:

En el tema de medio ambiente que se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible 12, 13 y 14, el Poder Judicial por medio de la Comisión de Medio Ambiente, ha desarrollado importantes avances. Se cuenta con una Política y un Plan de Acción de Gestión Ambiental, que contempla varias iniciativas, entre ellas, la reducción en el consumo de energía, agua, luz, reducción de contaminantes. Se han promovido campañas de reciclaje, ahorro de consumo de papel por medio de la Política de Cero Papel, “compras verdes” en los procesos de compra institucional, entre otras.

Con respecto al objetivo 8 sobre Trabajo Decente y crecimiento económico, desde el Poder Judicial se impulsó la reforma procesal laboral que permite agilizar el trámite de los procesos en derecho del trabajo. En este momento la institución se prepara estructuralmente para la entrada en vigencia de la reforma en el 2017.

El tema de ética y valores reviste gran importancia, se relaciona con el objetivo 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas; en la institución se promueven procesos de comunicación, de vivencia de valores compartidos, se da seguimiento a la Política Axiológica, entre otras iniciativas.

Podríamos enumerar más acciones que el Poder Judicial está impulsando, que se articulan con lo plasmado en la Agenda 20-30, pero hoy se trata de reafirmar nuestro camino y estamos conscientes de que hay que continuar impulsando y promoviendo procesos colaborativos, y seguir avanzando para su cumplimiento en los próximos 15 años.

Retos y compromisos

El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compromiso-país y ha de ser asumido de manera responsable por nuestra institución. Nos obliga como jerarcas, a intronizar cada uno de los 17 objetivos, y armonizar el quehacer institucional con cada uno de ellos, en los diversos ámbitos donde nos encontremos. En este reto nos apoya el Sistema de Naciones Unidas presente en nuestro país.

Nos corresponde como Poder Judicial, fijar las metas que dentro del marco de nuestras competencias deseamos iniciar o consolidar para cumplir, como país, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asumiendo, con responsabilidad y compromiso, las acciones necesarias para esa meta.

Hemos realizado algunas acciones que está coordinando la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, con el propósito de construir un proceso de trabajo colaborativo que incluye la apropiación, la armonización y la alineación del quehacer institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estamos conscientes que este es un proceso, que debe estar acompañado por indicadores que nos permitan ir midiendo los avances en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Tenemos una nueva oportunidad de acción mundial, en donde las voluntades de todos los países, de sus gobernantes, de sus instituciones, de las organizaciones no gubernamentales, y de cada uno de quienes habitamos este planeta, unamos esfuerzos en la construcción de un mundo mejor.

Palabras de cierre

Reitero el compromiso del Poder Judicial de Costa Rica de contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a una sociedad de justicia, paz, desarrollo y democracia.

Quiero repetir aquí las palabras de la representante de las Naciones Unidas: QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.

Muchas gracias.