La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge, entregó el pasado 15 de junio al Ministro de Hacienda Helio Fallas Venegas  el presupuesto ordinario del Poder Judicial para el ejercicio económico del 2017 por un monto de ¢424.527 millones de colones.

La formulación del presupuesto institucional es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial para definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público.

En el proceso de formulación presupuestaria el Consejo Superior analizó los resultados de rendimiento de cada circuito judicial y de acuerdo con el desempeño obtenido así se asignó el presupuesto para el 2017.

Se realizó un análisis comparativo de los últimos dos años sobre las cargas de trabajo de los despachos judiciales  que se reflejan en la cantidad de expedientes terminados por circuito judicial, así se comienza a  identificar el desempeño de cada circuito y oficinas, dando un fortalecimiento  a la evaluación. 

La magistrada Villanueva Monge explicó que este presupuesto  es el más reducido de los últimos  13 años y  en crecimiento es la mitad del año 2105, atendiendo a las restricciones emitidas por el Ministerio de Hacienda.

 “Este presupuesto es el resultado de un proceso serio y cuidadoso que realiza el Consejo Superior y la Corte Plena en la aprobación definitiva. Continuamos en la línea del contención del gasto por lo que no crecemos en plazas nuevas lo que nos impide extender proyectos de atención a víctimas”, puntualizó la jerarca judicial.

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge, entregó el pasado 15 de junio al Ministro de Hacienda Helio Fallas Venegas  el presupuesto ordinario del Poder Judicial para el ejercicio económico del 2017.

El aumento de costo de vida previsto por el Ministerio de Hacienda para el 2017  es de 1.94% que da un resultado de 5 mil millones de colones para hacerle frente y además se requiere de  2 mil millones de colones para ajustar el aumento del 15% anual en alquileres. Esos montos hacen imposible el cumplimiento de la directriz.

Tampoco es posible paralizar la ejecución de proyectos de ampliación en construcciones como:  reforzamiento del edificio de la Corte, terminar una torre en el Circuito Judicial de Limón, continuar con el edificio en Jicaral, ampliación en Ciencias Forenses y la  Delegación del OIJ en Pococí, así como la construcción de edificio  en Osa y Los Chiles.

En la presentación del presupuesto acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins. 

Reformas procesales y leyes especiales requieren presupuesto

Con un presupuesto separado se presentó  el impacto económico organizacional de las reformas procesales civil y laboral. 

En total se requieren  más de 9 mil millones de colones en el año 2017, para implementar los cambios normativos aprobados que fueron producto de un acuerdo nacional.

En la presentación del presupuesto acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.

Adicionalmente,  se gestionan  recursos para la puesta en marcha de la creación del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la Coordinación y Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad, conocida como la “Ley Yereling”.  La Dirección de Planificación estima el impacto en   ¢1.815 millones de colones.

Para la implementación del Proyecto de Ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado y Narcotráfico, se  proyectó un monto  en casi de ¢3.500 millones de colones.

Esta jurisdicción centraliza el juzgamiento de los delitos en estas materias, es por tanto,  que  requiere dotar de recursos a la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, por lo que se hace urgente hacer una instancia a los señores y señoras de la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación.