El magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez tuvo a cargo el estudio del proyecto de ley.

Revisar los mecanismos de financiamiento para la posible puesta en funcionamiento y permanencia del servicio de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado en el Poder Judicial, fue uno de los principales señalamientos expuestos por Corte Plena ante una consulta legislativa.

El criterio judicial responde a la solicitud de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, para conocer la posición de la Corte frente al nuevo texto sustitutivo en discusión.

En informe estuvo a cargo del magistrado y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez.

“…se reitera la necesidad de crear un presupuesto independiente al ordinario del Poder Judicial, para el funcionamiento de la Jurisdicción de Delincuencia Organizada”, destacó el acuerdo adoptado por Corte Plena sobre el tema.

El criterio del Poder Judicial señaló la importancia de enfatizar “…que la Corte Suprema de Justicia no podrá poner en funcionamiento la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, sin la aprobación de un aporte adicional del presupuesto, el cual permita solventar las exigencias económicas que surgen con la creación de las nuevas competencias establecidas en el marco legal propuesto”.

Esto, por cuanto el texto sustitutivo indica: “ Al momento de la publicación de la presente ley, el Ministerio de Hacienda deberá girar de forma efectiva y completa, los recursos necesarios que permitan al Poder Judicial la creación de la Jurisdicción de Delincuencia Organizada, asimismo, deberá girar anualmente los recursos necesarios que permitan el funcionamiento de esta Jurisdicción. El Poder Judicial deberá garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción creada en la presente ley”.

Las autoridades judiciales concluyeron que la iniciativa de ley sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial ante la propuesta de crear una jurisdicción especializada que comprende un Juzgado, Tribunal Penal, Tribunal de Apelación Especializados, Unidades Especializadas en el Ministerio Público y Defensa Pública, así como una Sección de Crimen Organizado en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El texto sustitutivo incluye la creación de una Sección Especializada de la Policía Judicial, lo que a criterio de la Corte es un aspecto positivo porque potenciará la funcionalidad de la Jurisdicción propuesta.

Otra recomendación judicial hace referencia a los cambios sobre el texto original en materia de protección permanente de las y los funcionarios y sus familiares.

La propuesta original elaborada por la Corte señalaba el derecho de quienes se desempeñarán en la Jurisdicción de solicitar protección especial en caso de riesgo o amenazas a su vida o integridad física o de sus familiares y el texto sustitutivo señala que dicha protección será permanente.

Por ello, la Corte propone que se replantee la sustitución del numeral 18 del texto de ley propuesto, por la versión contenida en el artículo 22 del texto base, “…Considerando la limitaciones financieras que existen, pero sobre todo, en atención a la irracionabilidad que impera la disposición de brindar protección de forma permanente a la totalidad de funcionarios que se desempeñen en dicha jurisdicción, aún en los casos donde no exista riesgo o amenaza, es necesario replantearse”.