Mónica Chavarría Bianchini
Periodista

“La primera vez que me detuvieron fue a los 10 años, por asaltar a un tipo con unos compañeros. Como era niño me agarraron rapidísimo, lo hice para tener plata, comprar droga, cosas para la casa y ropa…”

Así inició su relato “Jesús” -nombre ficticio- quien contó su historia de vida, sus experiencias por los pasillos judiciales como persona menor detenida y ahora como un joven que trabaja día con día para reconstruir su camino y ayudar a otros en condiciones similares.

Foto con fines ilustrativos: “Jesús” dice estar agradecido con el sistema por haberle enseñado a ver la vida desde una perspectiva diferente.

“Jesús” narró sus experiencias de cómo vivió sus primeros años vendiendo droga, robando y asaltando. “Me hice adicto, llegué hasta sexto de la escuela y le robaba a las profesoras y a los compañeros. Vivía en Oreamuno de Cartago y a los 12 años me fui a San José, a un lugar donde encontré más droga”. “Cuando llegué ahí estaba vendiendo droga, a mi me dieron una pistola y un cuarto. Vi a otros niños de 8 y 10 años con pistolas, como sicarios, matando”, dijo Jesús. ¿Alguna vez llegaste a disparar? “Si claro, le soy honesto”. ¿Heriste a alguien? “Si”. ¿Mataste a alguien? “No”. “Había mucha fiesta, plata y carros. A uno chamaco lo obligan a hacer cosas, sino lo matan. A los 13 años no solo vendía droga, sino que cometía otro tipo de delitos, robaba y asaltaba bastante, había mucha droga, mucha adicción. Luego, me vine otra vez para Cartago y vendía piedra, marihuana y cocaína. Teniendo plata robaba, asaltaba y me metía a negocios. Entre los 15 y 17 años estuve varias veces en el Centro de Formación Juvenil Zurquí”.

El Juzgado Penal Juvenil de Cartago le impuso a “Jesús” una sanción en la cual tenía que recibir terapia para sus adicciones. Actualmente fue promovido a la cuarta fase del programa de Hogares Crea Internacional, ahora como reeducado, puede dedicar tiempo a ayudar a los que están iniciando el proceso. “Tengo una madurez para poder ayudar a los demás, este proceso de aquí me ayudó un montón”.

“Uno en ese ambiente queda asustado, queda traumado”, finalizó Jesús, quien ahora tiene mayoría de edad, pero tuvo la suerte de pasar por un sistema que lejos de señalarlo le dio la mano con la que puede construir un futuro diferente.

20 años de legislación

El 1° de mayo se cumplieron veinte años de la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil en Costa Rica, la cual reconoce los derechos humanos de las personas menores de edad, la protección integral de esta población, el respeto a sus derechos procesales y sustantivos, su formación integral y la reinserción en su familia y a la sociedad.

El Poder Judicial ha trabajado en buenas prácticas institucionales como la creación de una Política de Acceso a la Justicia Penal Juvenil, aprobada por Corte Plena en febrero del 2011, así como la articulación de redes de apoyo comunitario y el programa de Justicia Restaurativa.

En el año 2012 se realizó un Diagnóstico de este sistema cuyo objetivo primordial se orientó en establecer sus alcances y limitaciones, el cual fue elaborado por una Comisión Interinstitucional, presidida por la Magistrada Doris Arias Madrigal, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para personas menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil.

“Se encontró que muchas de las respuestas que se estaban dando eran sanciones penales, que implicaban privación de libertad y no se estaba observando que las personas menores de edad imputadas, están en un proceso de desarrollo y aprendizaje para alcanzar su autonomía personal. Que no todas las respuestas tienen que ser punitivas y que teníamos que trabajar mucho en respuestas restaurativas” señaló la Magistrada Arias Madrigal. Este estudio les permitió detectar que la edad en que las personas menores cometen los delitos es a los 16 años y 3 meses, que había una demora en la resolución del conflicto de unos dos años. “Cuando el delito y sus causas son abordados a tiempo y no dos años después, se producen efectos positivos en la víctima, que verá satisfecha la reparación de los daños; en la persona menor imputada que podrá fortalecer un proyecto de vida y en la comunidad, que verá recompuesto tejido social dañado con el delito”. “Para mí, los niños, niñas y adolescentes son la esperanza y tienen un gran potencial. Espero que las personas mayores les demos una oportunidad y los ayudemos a salir adelante” reflexionó la Magistrada.

Magistrada Doris Arias Madrigal coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para personas menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil.

Por su parte, Marianela Corrales Pampillo, jueza de trámite del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil señaló que el establecimiento de esta legislación es un modelo de responsabilidad dentro de un proceso garantista, que da la posibilidad de salidas alternas, las cuales deberían ser la regla y no la excepción.

“Cuando se comprende cuáles son las causas o las razones que llevan a una persona a delinquir, le puede dar las posibilidades al sistema de comprender sobre qué puntos hay que trabajar” mencionó Corrales Pampillo

La jueza enfatizó sobre la importancia de un abordaje integral. “Estos jóvenes son nuestros, son los jóvenes de mi comunidad, de mi provincia, de mi país, no son el problema de alguien más, son nuestro problema. El mayor reto es en prevención y no en represión” reflexionó la jueza.

Fiscalía comprometida con una labor preventiva

Mayra Campos Zúñiga, Fiscala Adjunta Penal Juvenil recordó cómo fueron los inicios de la nueva función de las y los fiscales en esta materia. “En ese momento (1996) tuve el honor de que se encomendara la puesta en marcha de la aplicación dentro del Ministerio Público, ahí nace la primera Agencia Fiscal Penal Juvenil”.

Jóvenes de un centro educativo de la provincia de San José durante la charla preventiva del Ministerio Público, ven la película “Saber elegir y saber ganar” realizada por el ICD - Programa de prevención integral del delito del tráfico de drogas.

“En ese momento no teníamos experiencia en manejo de personas menores de edad. Los fiscales habían desarrollado toda su función con delitos cometidos por personas adultas y no por personas menores de edad, no teníamos participación en el modelo tutelar; eso implicó un cambio importante, además no teníamos recursos económicos” agregó la representante del Ministerio Público. Campos indicó que en estos veinte años se ha reforzado la especialización del personal en esta área, preparando a los y las fiscalas penales juveniles a nivel nacional, capacitándolos en diferentes temas y creando manuales, así como procurando de que se tengan los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Para la jerarca ha sido fundamental la estructura preventiva que han organizado a través del plan de trabajo anual en el cual se dan charlas en escuelas y colegios donde se abordan temas vinculados a drogas, armas, bullying, entre otros.

“La labor de la Fiscalía ha sido muy importante porque ha dado un mensaje claro de lo que significa ser persona y que implica tener derechos y tener obligaciones”, mencionó Campos Zúñiga.

Penal Juvenil es una constante construcción

Alejandro Montero Acuña, coordinador de la Unidad de la Defensa Pública en materia Penal Juvenil resaltó que la experiencia en estas dos décadas les ha enseñado que la represión no es la respuesta y coincide en la necesidad de la aplicación de prácticas restaurativas y el fomento de redes de apoyo interinstitucionales, conociendo las realidades de cada zona.

Manifestó que la Defensa Pública se caracteriza por ser abanderada del respeto y del resguardo de los derechos de las personas menores de edad y que los operadores de la justicia deben de conocer la realidad de cada región para brindar las mejores herramientas en los diferentes procesos. “Nosotros que tratamos diariamente con ellos, consideramos que nos encontramos ante una población altamente vulnerable, tenemos que ver muy bien cual es la realidad nacional de nuestros muchachos y que oportunidades podemos brindar”.

Un punto importante que resaltó el defensor público fue sobre el principio de privacidad y confidencialidad que se da en estos procesos, en los cuales se prohíbe la publicidad de los hechos, la imagen y el nombre. “El propósito de que un proceso penal juvenil sea privado y sea confidencial no es antojadizo, es porque nos tenemos que abocar a la situación particular de esa persona y las consecuencias que ese proceso tiene para toda su vida. No se trata de exponer al menor de edad, se trata de reeducarlo, formarlo y construir con esa persona” finalizó Montero Acuña.

La cárcel debería de ser la última medida

“La pérdida de la libertad es tan gravoso que muchas veces es difícil que tenga una rehabilitación para los y las jóvenes que entran en conflicto con la ley. Si bien es cierto que deben responsabilizarse por los actos que cometen, también es una obligación de la sociedad mostrar que hay otros caminos”, afirmó Rosa Jiménez Vargas, jefa de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial. Jiménez Vargas señaló que es importante que en la legislación se establecen diferentes medidas alternas de solución de conflictos para estos muchachos y muchachas. “Se les da la oportunidad de enmendar los daños que han hecho, ya sea con las conciliaciones o con las suspensiones del proceso a prueba, cuando se logra que ellos hagan un plan reparador con el cual la víctima se sienta satisfecha y donde el menor haga conciencia del daño que hizo”. Según datos estadísticos del año 2015 ingresados a la Sección Penal Juvenil del OIJ, los principales delitos cometidos por menores fueron robo con violencia sobre las personas, agresiones y amenazas.

Aplicación móvil

Cabe destacar, que en el año 2015, el Poder Judicial presentó la aplicación “Empoderate” orientada a jóvenes entre los 12 y 18 años, con el objetivo de brindarles información sobre la protección de sus derechos, acceso a la justicia y lugares donde obtener ayuda.

Esta herramienta tecnológica ofrece servicios de información en temas como drogas, acoso escolar, violencia sexual, entre otros.

Según datos estadísticos de la Dirección de Tecnología de la Información, la aplicación se ha descargado desde febrero del año anterior hasta la fecha en dispositivos Apple en 1,500 unidades, Android 4,344 unidades y Windows Phone 183 unidades.

Red de apoyo con resultados exitosos:

Desde hace 10 años, la provincia de Cartago cuenta con la Red de Apoyo Institucional para jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil, que involucra desde la Judicatura, la Fiscalía, La Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y a la sociedad civil, mediante la coordinación de voluntariado en las diferentes instituciones y a su vez, los y las jóvenes que lo requieren reciben servicios en educación básica y técnica, así como atención sicológica.

Estos operadores de justicia trataron de abandonar el uso sistematizado de la prisión como forma de resolución de los procesos y utilizar las medidas alternativas de solución de conflictos de manera efectiva, realizando una búsqueda de instituciones a nivel estatal y comunal que pudieran brindar los abordajes, herramientas y habilidades que pusieran a esta población en paridad con aquella debidamente inserta en la sociedad.

“Era crear precisamente una red de apoyo, es decir, literalmente una red que pudiera apoyar a cada joven para que se integre en forma positiva en la sociedad” recalcó Rodolfo Chaves Cordero, Defensor Público en materia Penal Juvenil de la provincia cartaginesa.

El éxito de este trabajo en conjunto le mereció el Primer Lugar en el año 2009 del concurso de Buenas Prácticas otorgado por el Poder Judicial y en el 2013 el premio “Aportes al mejoramiento de la calidad de vida” otorgado por las Universidades del Estado y la Defensoría de los Habitantes.

Rocío Fernández Ureña, Jueza Penal Juvenil de Cartago. “A través de la aplicación de las medidas alternas logramos que los chicos y las chicas logren reinsertase a la sociedad, si vienen con un proyecto de vida tambaleante o nulo, logramos que después de la medida alterna fijen sus metas, se den cuenta quienes son, si han cometido errores, que no los repitan y mejoran la relación con su familia, logrando así terminar con un estudio u oficio para salir adelante y ser personas realizadas”

Silvia Uba Loaiza, Defensora Pública Penal Juvenil. “En Cartago ha bajado el índice de criminalidad porque la red de apoyo si funciona y logra reinsertar a los y las jóvenes, a quienes se les ponen condiciones que en realidad van en beneficio de ellos, en atención de su propia realidad, y así evitar ir a un juicio. Nosotros como defensores con la colaboración del trabajador social acompañamos al joven durante el proceso”.

Emilia Gamboa Quesada, Trabajadora Social. “Para muchos muchachos y muchachas nos convertimos en un referente de disciplina y de afecto, trasciende más allá de cumplir una función, es entender y observar”.