Mag. Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia Centro de Convenciones Hotel Herradura 03 de Mayo 2016

La atención a víctimas de delitos sexuales, un tema prioritario en el país, nos ha convocado esta semana.

Se trata de reflexionar en nuestro quehacer, unir esfuerzos y cambiar actitudes para una atención que debe ser transdisciplinaria, interinstitucional y no revictimizante. Están aquí representantes de: Servicio 911, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Seguridad Pública, y por supuesto personal de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Poder Judicial; dos instituciones que hemos logrado una alianza estratégica en este tema, a lo largo de casi una década.

La presencia de ustedes durante estas jornadas, tiene la finalidad de fortalecer y darle sostenibilidad al programa “Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación”.

Este programa solo puede tener éxito con la capacitación y compromiso del personal médico, de enfermería, de laboratorios, de emergencias y de farmacia, por parte del sistema de salud; así como, del personal de la Judicatura, de la Fiscalía, del Departamento de Medicina Legal, Departamento de Ciencias Forenses, Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Departamento de Trabajo Social y Psicología, del Poder Judicial; sectores todos presentes esta tarde.

¿Por qué es un “TEMA PRIORITARIO PARA EL PAÍS”?
Porque se trata de una de las manifestaciones de violencia más nefastas para quien la vive como víctima, para su familia y para la comunidad.

Esta violencia se manifiesta en 17, 500 denuncias al año por delitos sexuales, de las cuales aproximadamente 1,650 son violaciones; lo cual es sólo una pequeña parte de la totalidad de casos, si consideramos que al año se presentan 500 casos de embarazos de niñas menores de 13 años, los cuales prácticamente nunca son denunciados y por ende no son investigados.

Hoy renovamos nuestro compromiso para proveer un servicio articulado que permita la efectividad de los Derechos Humanos de estas personas, en su mayoría niñas, niños, adolescentes y mujeres. Particularmente considerando que tenemos una deuda histórica, con estas víctimas; situación que ha sido confirmada por el INFORME DEL ESTADO DE LA JUSTICIA 2016, el cual estableció que los porcentajes de desestimaciones y sobreseimientos definitivos son mayores en esta materia, e igualmente la duración de los procesos son más extensos que en el resto de los casos.

Debo decir que la renovación de este compromiso, se ha manifestado en una voluntad política del más alto nivel, para dotar del recurso humano y material necesario.

Por parte del Poder Judicial, no hemos escatimado esfuerzos, hemos invertido en infraestructura, en la apertura de nuevas plazas de Médicos Forenses en los lugares del proyecto; invertimos en procesos de capacitación, en el establecimiento de disponibilidad en horas no hábiles para el Departamento de Trabajo Social y Psicología, y por supuesto, todo el trabajo de coordinación desplegado por la Secretaría Técnica de Género.

Estos esfuerzos serían infructuosos, de no existir la alianza con la CCSS, que ha permitido unificar los procesos para que las víctimas accedan a la justicia, pero también a su derecho a la salud.

Agradecemos los esfuerzos de la CCSS en la persona de su Presidenta Ejecutiva, Sra. María del Rocío Sáenz, con quien firmaremos en las próximas semanas, un adendum al Convenio ya existente, que permitirá extender el Programa a las localidades de :

• Heredia
  
• Alajuela
  
• Goicoechea
  
• Limón
  
• Guápiles
  
• San Carlos
  
• Upala
  
• Turrialba
  
• Nicoya
  
• Santa Cruz
  
• Pérez Zeledón y
  
• Ciudad Neily
  

Contamos con ustedes para fortalecer el programa en donde ya existe, e implementarlo con éxito en estas nuevas localidades, haciendo conciencia de que se trata de un nuevo modelo de despacho judicial, que al igual que el Programa Plataforma Integral de Servicios a Víctimas, busca trabajar de manera integral teniendo a la víctima como centro de todo el proceso.

Igualmente deseo externar nuestro agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, Sr. Embajador Fitzgerald Haney, por la colaboración y respaldo que ha brindado desde el inicio en la ejecución de este Programa, respaldo que se ha concretado en la donación de material de capacitación, de equipo fotográfico para el Departamento de Medicina Legal, en kits especiales para las víctimas, y lo más importante, en proveernos con la experticia de Señoras Patricia Speck, Diana Faugno y Eileen Allen, quienes nos han acompañado desde hace más de dos años, con capacitaciones y visitas a todos los lugares del Programa, y cuyos conocimientos han enriquecido y guiado nuestro diseño de política pública en este tema.

Tenemos un compromiso ético, legal y humano, con las víctimas, que tiene derecho a salir adelante, reincorporarse plenamente a la sociedad y desarrollar sus proyectos integrales de vida.

Sin perder de vista que es nuestra obligación, como Estado costarricense de PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR los actos de violencia, lo que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado “pasar de una Justicia de Iure a una Justicia de Facto” .

Muchas gracias.