Desde tiempos inmemorables, el ser humano descubrió las ventajas de la vida comunitaria, en un principio regida por el simple sentido común, a conveniencia de la mayoría, después, mediante leyes y principios morales, en una sana gama de normas que le permiten a cada miembro de la comunidad, sin menoscabo alguno, compartir en igualdad de responsabilidades y derechos, el diario ir y venir de la colectividad ciudadana.

En un mundo perfecto, la armonía imperante no daría lugar a conflictos entre los miembros de la comunidad... pero todos sabemos que esa es, por mucho, una utopía.

Las personas solemos dar lugar a lo que conocemos como debilidades humanas, y estas vienen en una gran escala de variantes, dañinas, la mayoría de ellas. 

Es por ello que, a lo largo de siglos y milenios, hemos sido exhortados mediante cánones de las más diversas disciplinas, a llevar una conducta que no riña con las buenas normas de la vida en común con nuestro semejantes y hasta con quienes no se nos asemejan tanto...

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esta máxima del prócer mejicano Benito Juárez encierra en sí el secreto del difícil arte de la pacífica convivencia. Cuando, de alguna forma y según nuestra óptica, ese respeto es violentado, existen en nuestro gran vecindario llamado Costa Rica, instituciones a las cuales acudir para denunciar el entuerto del que hemos sido objeto, en busca de la justicia pronta y cumplida, a la que todos tenemos derecho.

Desde mediados del año 2013, con el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y bajo la asesoría y supervisión de los Juzgados de Contravenciones del Poder Judicial, funciona en Costa Rica el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, Luis Paulino Mora Mora. El facilitador o facilitadora judicial es una persona elegida por la comunidad a la que pertenece para que sirva como mediador en conflictos menores (contravenciones), generados por desacuerdos entre las partes enfrentadas, sin que sea necesario acudir a los juzgados. 

Este servicio promueve el diálogo entre vecinos, facilitando, tal y como es el nombre de la figura, el entendimiento entre personas para que estas lleguen a acuerdos que den fin, de forma voluntaria y pasiva, al conflicto suscitado, en el marco del respeto mutuo.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales cuenta con 380 personas; el proyecto se encuentra en expansión, con el fin de dotar a todo el territorio nacional de esta importante herramienta, en beneficio de todos los ciudadanos.

 Tilarán, Guanacaste| Viernes 06 Mayo, 2016