Defensa Pública lideró reunión

Con el fin de reforzar las acciones para disminuir el hacinamiento carcelario en el país, jerarcas de diferentes instituciones públicas se reunieron el pasado 27 de abril en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia.

El Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez mencionó que la representación de instituciones públicas en esta comisión refleja el esfuerzo nacional que se hace ante la crisis de hacinamiento carcelario.

Por su parte, la Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia indicó que estas reuniones tratan de unir esfuerzos para buscar vías alternas en la solución a este problema, tomando en cuenta los derechos humanos de todas las personas.

La reunión de esta comisión estuvo dirigida por la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, y sirvió para la toma de acuerdos sobre acciones que permitirán mejorar esta problemática.

Entre estos, se dio a conocer el avance del proyecto de ley n° 19.490 que pretende introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la reinserción social de las personas infractoras de la ley penal, proyecto que nació a instancia de esta comisión.

En dicho tema se enfatizó que no se trata de despenalizar delitos, sino de promover la solución alterna de conflictos. Esta iniciativa se encuentra en este momento en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

También se destacó el proyecto de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario Nacional, n° 18.867 el cual cuenta con un avance importante en la corriente legislativa y sería una herramienta legal importante para afrontar la actual situación de la población penitenciaria.

Durante esta semana, el texto del proyecto ingresará a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y para el mes de agosto se proyecta que se encuentre listo para la votación de las diputadas y diputados.

La defensora de los habitantes Montserrat Solano Carboni, se refirió a la prisión preventiva, como una medida cautelar que debe ser utilizada de manera excepcional, esto según lo ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realizado el pasado mes de febrero.

El viceministro de Justicia, Marco Feoli Villalobos, rindió informe en relación al cumplimiento de la resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela que ordena la reubicación de privados de libertad.

En esta reunión cada institución pública expuso sus avances en disminuir el impacto de hacinamiento carcelario.