Jeannette Arias Meza Secretaría Técnica de Género 27 de abril, 2016

De acuerdo con el concepto de desarrollo Humano de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal.

Naciones Unidas considera que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo en general, por sus consecuencias sobe las economías de los países, y por sus efectos sociales y culturales negativos.

Condenar a un pueblo a una brecha de género es condenarlo a la pobreza.

Si analizamos los datos estadísticos a nivel mundial, podríamos decir que hasta el 70% de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre, a lo largo de sus vidas.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizado respecto de 24 mil mujeres en 10 países, encontró que la prevalencia de violencia física o sexual ejercida por un compañero íntimo varía entre un 15% en las áreas urbanas de Japón, hasta un 71% en áreas rurales de Etiopía; siendo que en la mayoría de las zonas el porcentaje oscila entre 30 a 60%.

La violación sexual y la violencia doméstica representan un riesgo más alto que el cáncer, los accidentes de tránsito y la malaria, para las mujeres entre 15 y 44 años.

En Costa Rica, hemos logrado acciones importantes, pero la tarea pendiente aun es de grandes proporciones, esto se refleja en cifras anuales como:

• Las casi 50 mil solicitudes de medidas de protección en los Juzgados de Violencia Doméstica
  
• Las 20 mil denuncias en el marco de la LPVCM
  
• Los 17.500 delitos sexuales
  
• Y los casi 30 femicidios y 12 femicidios ampliados que despojan a las mujeres de su derecho fundamental más preciado: la vida.

El Estado costarricense se ha unido a través de sus instituciones, para combatir este flagelo, no obstante los retos y nudos críticos para erradicar la violencia contra las mujeres, persisten en el seno del Estado mismo y de la sociedad.

Hoy nos convoca la inauguración la Defensoría Social especializada en la atención de mujeres víctimas de violencia.

Este servicio presenta algunos aspectos que son de vital importancia resaltar:

1. Que se da en el marco de una colaboración interinstitucional, la cual pone en evidencia que las alianzas son indispensables dentro de la política pública destinada a cumplir con las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Se trata de una alianza entre el INAMU, el Colegio de Abogados y abogadas de Costa Rica y el Poder Judicial, alianza que ha sido sostenible durante la última década y que cada vez tiende a fortalecerse. Y por supuesto, la colaboración de la Municipalidad de Desamparados, la cual da albergue a este programa.
2. Este servicio va proveer a las víctimas de representación legal efectiva dentro de los procesos penales.
3. Se desarrolla en la comunidad de Desamparados, y además una zona que requiere la presencia de programas y servicios especiales en razón los indicadores de desarrollo humano que presenta y de la confluencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los son las mujeres jefas de hogar, mujeres en condición de pobreza y mujeres migrantes; entre otros grupos de mujeres, con menor posibilidad de acceder a recursos y oportunidades que les permita romper con el ciclo de la violencia.

Concluyo haciendo mía la frase de Rigoberta Menchú, “La paz no es solamente la ausencia de guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos tener un mundo en paz.”

Programas como el que hoy inauguramos, coadyuvan a la construcción de la paz social.

Muchas gracias.