Nissan Urvan 2016 cuenta con rampa electro hidráulica

La adquisición de un vehículo especial para personas con discapacidad permitió garantizar la presencia de tres personas adultas mayores, cuya participación era fundamental en un juicio, que incluye personas privadas de libertad.

El vehículo permitió trasladarlos desde La Cruz, Liberia hasta los Tribunales de San José donde se continuó un debate iniciado en Guápiles por un caso por el delito estafa.

Para la Jefa de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, Sara Arce Moya este es un avance en el acceso real a la justicia, que se logró con la colaboración de Jueces, Ministerio Público, Defensores y Organismo de Investigación Judicial.

Anteriormente el servicio en estos casos, se realizaba mediante la contratación de taxis o alquiler de vehículos adecuados.

“Es un proceso penal con dos personas víctimas y una testigo, donde ya se había agotado la utilización de la video conferencia por su avanzada edad, problemas visuales y auditivos, resultando necesario su trasladado en el vehículo mencionado. Nuestro fin es ofrecer un servicio público de calidad a todas las personas con discapacidad o alguna condición de vulnerabilidad, que se encuentren dentro del Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos” indicó Arce Moya.

Es una microbús Nissan Urvan 2016, con rampa electro hidráulica, elevador hidráulico, capacidad de 300 kilogramos de levante y con espacio para ocho personas, que se encuentra en uso desde el pasado 03 de marzo de 2016.

El servicio se presta acorde con los lineamientos establecidos en las políticas para facilitar el acceso a la justicia de poblaciones determinadas en condición de vulnerabilidad, así como la Política Institucional para garantizar el acceso a la Justicia de personas Adultas Mayores.

Específicamente, el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad 2013-2017, establece el deber de “Garantizar a las personas en condición de vulnerabilidad el ejercicio de los derechos constitucionales, desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un servicio público de calidad, que incluya transversalmente la perspectiva de género y diversidad.”